Ricardo Pose
En Julio del 2017 el profesor Roque Faraone edita la segunda etapa de su investigación; “La autonomía del poder militar en Uruguay y la Información”. A 9 años de iniciado el proceso democrático, el secuestro y asesinato del químico Chileno Eugenio Berrios, ponía al desnudo la impunidad con que actuaban oficiales militares.
En 1985 Uruguay recobraba su Estado de Derecho en un régimen que varios actores políticos no dudaron en calificar de “Democracia Tutelada”.
En abril de 1989 y luego de una intensa campaña por parte del presidente Julio María Sanguinetti sobre que de triunfar el voto verde, se corría el riesgo de un nuevo quiebre institucional, se consagraba la Ley de Caducidad de la pretensión Punitiva del Estado.
En 1992, Uruguay se desayuna que militares uruguayos y chilenos tenían secuestrado al químico Eugenio Berrios, en Uruguay, donde aparecería su cuerpo enterrado un tiempo después.
La actuación de los grandes medios de comunicaicon, del Poder Judicial del momento, del Presdiente Luis Alberto Lacalle, del Ministro de Defensa Mariano Britos y del Interior, Juan Andres Ramirez, y una decada de dilatoria en las investigaciones hacen concluir a Faraone y su equipo que: «El Poder ejecutivo (civil) aceptaba una cierta autonomia del poder militar, al menos en las esferas de Inteligencia».
Traemos a colación este trabajo de Faraone, porque mas allá de poder profundizar sobre la peripecia del expediente que hoy se conoce con declaraciones de Gilberto Vázquez y las responsabilidades de las autoridades sobre el celo de su tratamiento, lo declarado por Vázquez a pesar de no ser nuevo, confirma esa autonomía del poder militar.
Gilberto Vázquez dice haber recibido sobre fines de los 80, la orden de los mandos de atentar contra la vida de dirigentes de izquierda, y de haber realizado seguimientos de inteligencia sobre muchos de ellos.
Repasemos algunos hechos:
1 9 9 1.1 de enero Bomba destruye el auto del diputado Hugo Cores (FA-PVP),El hecho es reivindicado por un Comando Lavalleja.
1 9 9 2. 29 de abril Artefacto explosivo estalla en el estudio jurídico del ex presidente Julio María Sanguinetti en Ciudad Vieja (Montevideo). Una «Guardia de Artigas» asume la responsabilidad del atentado.
1º de mayo. Bomba explota en un puente ferroviario de Minas. Un Comando Lavalleja se atribuye la autoría del hecho.
14 de mayo. Un periodista (Alfonso Lessa, hoy de Canal 12) es retenido por la Guardia de Artigas, y con los ojos vendados, llega a dialogar con sus captores.
24 de setiembre. Nuevo atentado contra Cores. Nueve proyectiles de 9 mm se incrustan en la puerta del domicilio del Legislador frentista.
28 de octubre. Desactivan una poderosa bomba en la casa de Piriápolis del jefe naval, almirante James Coates. «No somos ni la Guardia de Artigas ni el Comando Lavalleja», decía un volante dejado en el lugar.
16 de noviembre. Empieza huelga policial contra gobierno de Luis Lacalle
17 de noviembre. 2.45 Detona una granada M204/A2 donde poco antes habían estado reunido varios generales con su jefe, el general Juan Rebollo, en el grupo de artillería Nº 5 (Montevideo).
3.15 am. Explota un pequeño artefacto explosivo cerca de una caseta de custodia de la embajada de EEUU.
4 am. Una bomba colocada en el Jardín Botánico, a escasa distancia de la entonces residencia presidencial del Prado, hace explosión, conmocionando la zona.
Otro artefacto estalla en el monumento de la Armada, en la Plaza Virgilio de Punta Gorda, Montevideo.
19 de noviembre. Estalla una granada en el entorno del entonces edificio de las comisiones (hoy José Artigas), del Palacio Legislativo.
1 9 9 3. 7 de junio Atentado a balazos contra la casa del capitán naval Hugo Cabrera en el Prado (Montevideo).
Cabrera fue uno de los denunciantes del caso del chileno Eugenio Berríos.
29 de junio. Disparan contra la ventana del despacho del juez Penal Rolando Vomero en Pando. Vomero Investigaba el caso Berríos.
31 de diciembre. Estalla una bomba en el domicilio del fiscal penal José Luis Barbagelata. La Guardia de Artigas se responsabiliza del hecho.
En su momento se responsabilizó a integrantes de la Logia Militar Tenientes de Artigas, y las denominaciones de los comandos coincidían con el discurso de reivindicación artiguista de ese colectivo, que vaya si sabe de autonomía militar.
Todo esto sucedió en un gobierno de un Lacalle.
El ex senador Leonardo Nicolini recuerda que: “En el año 2006, al descubrir los archivos secretos de las Fuerzas Armadas, con el Dr. Gonzalo Fernández y Eleuterio Fernández Huidobro, mantuvimos con la mayoría de los dirigentes políticos de todos los Partidos Políticos del país una reunión reservada en una casa en Malvín, para ponerlos en conocimiento de la situación y de la voluntad del Poder Ejecutivo,encabezado por Tabaré Vázquez de hacer público los mismos en forma total y absoluta. Había una dificultad. Muchas fichas de dirigentes de distintos ámbitos contenían aspectos estrictamente personales, con comentarios de los espías, que podrían hacer un daño innecesario a la personas que eran vigiladas. Se discutió la posibilidad que cada persona vigilada fuera dueña de su ficha y tomara la decisión de hacerla pública o no. Primó no ocultar nada. Fue allí donde informé que a raíz de una visita que había tenido en el Senado del Periodista y abogado Edison Lanza habíamos elaborado un proyecto de acceso a la información pública, con el visto bueno del Poder Ejecutivo y que el mismo ayudaría en todo ese proceso. Los archivos eran miles y miles. Cuando el Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez, le Recomienda a la Ministra su baja del Ejército, a raíz de su fuga, sólo envió la Resolución y no las actas, la misma fue aprobada por la Ministra y por el Presidente. ¿Alguien podía pensar que hablando de la fuga, se hablaría del Segundo vuelo? Sólo la perspicacia, el instinto, de familiares en su lucha diaria y permanente podía llevarlos a pedir esas actas. Y lo pudo hacer por la Ley presentada por el Frente Amplio sobre acceso a la información que fue aprobada por unanimidad.”
En esta breve descripción, entra el pedido de desaforo del senador Manini Ríos,porque además de saber la suerte de los detenidos desaparecidos, es hora de que el sistema democrático ubique la autonomía militar donde corresponde, en su capacidad técnica, pero se debe a una firme Obediencia y Control del poder civil.
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