La economía uruguaya: recesión y expropiación

@mateamargouy

EconomíaPolítica.uy

El Banco central de Uruguay (BCU) publicó el viernes 18/9 la información macro de la economía nacional correspondiente al primer semestre del año 2020. Allí se describe la evolución de la economía uruguaya a través de la producción interna de bienes y servicios y de su destino doméstico (consumo e inversión) o externo (exportaciones). Pero ante todo destacamos que, en este artículo, presentaremos una estimación propia de la distribución del valor generado entre trabajadores dependientes y por cuenta propia, capitalistas, y estado.

La economía nacional en el primer semestre de este año, y en particular en el segundo trimestre que sigue a la asunción del gobierno por parte de la Coalición liderada por el Partido Nacional y al arribo de la pandemia del Covid19, ha caído en tal magnitud que ha superado a los peores registros de la crisis de 2002¹. Como podemos apreciar en el gráfico 1, la producción nacional de bienes y servicios (PIB) en el segundo trimestre (abril a junio) tuvo una caída de casi el 11% con respecto a igual trimestre de 2019ⁱ.

Esta muy complicada coyuntura se manifiesta en la evolución de los sectores productivos y en quienes adquieren y consumen los bienes y servicios por ellos producidos. Por tanto las consecuencias se dan en la producción y en la distribución.

En la producción

Todos los sectores registraron caídas muy importantes, especialmente aquellos afectados por la inamovilidad de las personas y el cierre de fronteras provocadas por la emergencia sanitaria, así como por el mantenimiento de los principales criterios del ajuste fiscal que la fuerza política ahora en el gobierno había prometido en la campaña electoral, pese al cambio del escenario económico y social nacional, regional y mundial.

De esta manera, las actividades más afectadas fueron aquellas relacionadas con el comercio, el transporte, el turismo y los servicios públicos, que en su conjunto se redujeron un 20% explicando más de un 70% de la caída productiva total. Las actividades primarias vinculadas al sector agropecuario registraron una caída inferior (-4%), en virtud de la menor concentración de trabajadores con las cuales se desarrolla, que permitió sortear en buena medida las exigencias de la pandemia. La inamovilidad que jaqueó el desarrollo de varias actividades, por otra parte favoreció el crecimiento de las comunicaciones electrónicas basadas en datos móviles, que se materializaron en el aumento del sector Telecomunicaciones, única actividad con crecimiento en el período que estamos analizando (ver cuadro 1).

Pero lo más grave de este período recesivo en nuestro país proviene de la evolución del gasto de dicho valor creado, en otras palabras, de la demanda. Porque los bienes y servicios producidos tienen un fin, su consumo, ya sea en forma de consumo final o de inversión, y si estos no existen desaparece, en una economía capitalista como la nuestra, es el momento mediante el cual la ganancia se transforma en capital contante y sonante.

En el cuadro 2 podemos apreciar la abrupta caída del mercado externo, de las exportaciones que bajan un 17%. Pero la caída del mercado interno (-14%) aunque menor, incidió mucho más en el resultado global por su mayor proporción en el destino de la producción. Solo el consumo de los hogares uruguayos representa el 75% del PIB, lo que nos da una idea de su real importancia. La caída de las exportaciones responde a la coyuntura internacional desfavorable y la del consumo interno principalmente a la caída del empleo y de los salarios.

Hay un componente de la demanda que no responde a la imprescindible realización de una ganancia, sino a la necesidad de responder a un compromiso social. Nos referimos al gasto y a la inversión pública, cuyo volumen e intensidad tienen que ver con la voluntad política de desarrollarlos, o no. Pues bien, la inversión pública descendió 22,5% en el período que estamos considerando, y ello obedeció, según el propio BCU, a “las menores obras del MTOP, UTE y ANTEL” pese a los aumentos por las obras del Ferrocarril Central y de UPM. El gasto público propiamente dicho bajó en un 12% (suministros, consumo de servicios, mantenimiento, etc.), completando una disminución de la demanda del estado del orden del 14% que impactó en una quinta parte de la caída de 11% del PIB.

Se puede pensar que esta responsabilidad gubernamental es compartida en la medida que estamos comparando con los resultados de un año atrás, pero si comparamos con el trimestre anterior, el primero del 2020 cuando aún no había asumido el gobierno multicolor, nos damos cuenta de cuan responsable es este gobierno en la caída de la demanda pública, al mantener los principales criterios del ajuste fiscal en plena pandemia. Si hacemos este ejercicio los resultados son una caída del 10% en el gasto público (incluyendo inversiones).

En Perspectiva: una nueva distribución

Durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas hubo un importante gasto social derivado de una acumulación de ingresos en el sector público. Por otra parte, la masa salarial total creció con el incremento salarial y casi 300 mil empleos más. Todo esto dio lugar a una importante redistribución del ingreso hacia los sectores populares mayoritarios, y obviamente a una menor tasa de explotación.

El gobierno actual llegó para revertir estos resultados, iniciando una gran transferencia de recursos desde el ámbito público y de trabajadores/as privados/as hacia las finanzas empresariales. El ajuste fiscal centrado en la disminución del gasto público tiene como objetivo que los impuestos se mantengan y por tanto que no todos los orientales afronten la crisis de manera equitativa. Porque la disminución del gasto público se centrará además en la rebaja salarial, la disminución del número de funcionarios y el recorte del gasto social y de la inversión en educación, ciencia y tecnología, etc.

En términos macroeconómicos está muy claro el proyecto cuando se plantea la evolución del déficit fiscal en el quinquenio 2020-2024, con una reducción desde -4,8% del PIB en 2019 a 2,5% en 2024. Tal resultado fiscal se planifica llevarlo a cabo mediante una rebaja generalizada del gasto público que incluye a la masa salarial, los gastos no personales, las pasividades, las transferencias y las inversiones, que supera a los famosos 900 millones de dólares anunciados en la campaña electoral (cuadro 3).

Las proyecciones manifiestan una reversión de las políticas sociales y de distribución frenteamplistas, que se transforma en una expropiación de recursos y derechos en el plano de la distribución del ingreso. Esta expropiación de ingresos se ve aún más descarnadamente en la distribución funcional del ingreso (salarios, impuestos y ganancias capitalistas). La proyección económica que fundamenta la propuesta financiera del presupuesto presupone un crecimiento del PIB en el quinquenio del 12%, que contiene el famoso “rebote” en 2021. Pero si observamos que el empleo solamente crecería en un 5% (70.000 empleos) en el curso del quinquenioⁱⁱ, y que no se prevé recuperación salarial, la participación de la masa salarial descendería en beneficio de un aumento de las ganancias capitalistas.

El resultado final es un descenso de la masa salarial en el PBI desde 38,4% en 2019 a 36,1% en 2024, lo cual significaría una pérdida en dicha masa de 1.400 millones de dólares. Al mismo tiempo, el excedente apropiado en forma de ganancias capitalistas aumentaría su participación desde 33,5% a 35,1%, o sea una masa de ganancias mayor en 1.900 millones de dólares al final del quinquenio. Ambos resultados se estima que incrementen la tasa de explotación en un 20%.