Daniel Caggiani
En el mes de abril, a menos de 60 días de comenzado el nuevo Gobierno del “Contubernio del ajuste” y casi en el mismo momento en que fue presentada la Ley de Urgente Consideración (LUC), luego que logramos que se retiren de la misma los artículos 268 y 269 que privatizaban las infraestructuras de Antel, desde la Torre Ejecutiva se presentó el proyecto de Ley que modifica la actual Ley de Medios.
El anuncio se realizó en el comienzo de una pandemia de la cual hoy se están viendo sus peores resultados, y en medio de una situación donde se han visto restringidos los derechos fundamentales a partir de modificaciones normativas que introdujo de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y donde también se vieron y se siguen viendo resentidos los derechos de protesta y la libertad de expresión en función de esta nueva realidad sanitaria.
Pasó la LUC y luego vino el presupuesto, donde el Poder Ejecutivo recortó de un hachazo el gasto público, sobre todo en los programas que atienden a los sectores más desprotegidos, y también volvió a insistir con propuestas de leyes que nada tenían que ver con la verdaderas emergencias de nuestra gente, avanzando en el proceso de privatización de algunas áreas estratégicas de nuestras empresas públicas como la eliminación del monopolio de distribución de combustibles en puertos y aeropuertos, blindándolas de cualquier tipo de proceso de iniciativa popular para su derogación, por estar incluidas en una ley presupuestal.
Entre gallos y medias noches se introdujeron modificaciones y aprobaron la eliminación del control de gastos realizados con viáticos del Estado que los legisladores y los cargos de gobierno estaban obligados a realizar.
Como todo lo de este gobierno, siempre hay una doble estándar o una doble vara en cómo medir las obligaciones o en dónde deben terminar recayendo los costos de esta crisis sanitaria con efectos en el plano económico y social. Para unos mucho y para los miles siempre poco…
La ley de medios parece ser a todas luces la frutilla del postre de esta triada de leyes de ajuste y consolidación de la agenda neoliberal que en este año legislativo la torre ejecutiva había definido como prioritaria. Conformaba parte de esa trenza que incluía la estrategia de recorte de derechos, ajuste y privatizaciones y con una dosis generosa de un suculento blindaje mediático.
Y no ha sido fácil el trabajo para resistir el embate privatizador, concentrador y extranjerizador del sistema de medios. Desde la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, como Frente Amplio hemos trabajado en el estudio de cada uno de los artículos que se incluyen en esta ley, convocando a diversas organizaciones, instituciones y académicos para que puedan realizar aportes a su comprensión, su contenido y sus posibles efectos en nuestro sistema democratico. Hemos intentado convocar a todos y todas aquellos actores, instituciones, colectivos, expertos que no fueron convocados para la redacción de esta ley. Y hemos invitado tanto a aquellos y aquellas que tienen una visión crítica sobre la misma y la gran cantidad de reformas que introduce, pero también a aquellas y aquellos que la defienden.
En este último sentido hemos fracasado con total éxito. El proyecto de Ley parece ser huérfano de padre y madre, es huacho.
Desde el actual gobierno cuando era oposición se nos decía que esta ley había nacido muerta, ya que dejaba afuera la regulación de internet y además, según ellos, era hiper reglamentarista e inconstitucional.
Este Proyecto de Ley es un proyecto contrario al interés nacional y contrario a la principal empresa de Telecomunicaciones del país, Antel, ya que deroga el Monopolio de Antel en comunicaciones y privatiza con nombre y apellido el servicio de Internet en el hogar que se brinda a través del desarrollo y tendido de la la fibra óptica y le prohíbe la generación de contenidos propios
El artículo 48 parece representar bastante bien la intención de este proyecto de Ley de Medios. Y es que en el mismo se obliga a Antel a alquilar toda su infraestructura de distribución de datos para brindar internet, es decir, poner al servicio todo el cableado de fibra óptica a los privados. Se regala a algunas personas la posibilidad de usar una infraestructura de 700 millones de dólares que es de todos, y de percibir un ingreso que hoy significa para Antel cerca de 400 millones de dólares por año, ¡algo así como 30 millones de dólares por mes o 1 millón de dólares por dia!.
Todo dinero de los bolsillos de nuestra sociedad que pasaría de un plumazo y sin licitación al servicio del lucro privado. ¡Hasta cualquier liberal de poca monta se horrorizaría con tamaña entrega y maniobra!. De aprobarse esta Ley a la Carta, sería la primera ley con número, nombre y apellido,
En la Comisión de Industria recibimos al Dr. Gutierrez, especialista en Derecho Administrativo y Daniel Ochs, Constitucionalista, donde se afirmó que el artículo 48 viola el principio de igualdad: «se dice qué empresas -aunque no se las nombra, pero en un mercado tan chico y con tan pocos actores, está claro- son seleccionadas para adscribirles un privilegio». Además, se le impone a Antel la obligación de prestar determinados servicios a los privados, sin siquiera permitir a Antel la evaluación de si es bueno o malo para sí mismo. En suma, una privatización por la vía de los hechos de la empresa pública de telecomunicaciones del Estado.
A este gran negocio se le suma el aumento y la flexibilización en el control de los límites de publicidad por hora. En un mercado donde cada minuto de publicidad vale entre 700 a 1500 dólares, solo 4 minutos más de publicidad por hora podrían representar, tomando el precio más bajo, cerca de 24 millones de dólares en un año de ganancia más que ingresan a cada uno de los grandes medios. Lindo favor, ¿no?
Este proyecto de ley además promueve la concentración de medios y permite la posibilidad de que se conforme un oligopolio privado de comunicación. En la nueva ley se habilita a que una persona o empresa puede obtener hasta el 30% del paquete accionario de todos los medios de comunicación del país.
También permite que parientes o presta nombres de titulares de licencias sean también titulares de las licencias para canales de televisión y/o radio, permitiendo a que por ejemplo una familia cuente con distintas licencias que de otra forma y con la legislación vigente superarían el máximo legal. También elimina el concepto de grupos económicos, habilitando a que un grupo de accionistas o propietarios de determinados medios se individualice y permitiendo a un mismo grupo poseer una cantidad mucho más grande de medios. De esta forma la ley da paso a una mayor concentración de medios en una sola persona, su familia y sus testaferros.
También es un proyecto de ley que promueve la extranjerización de los actuales cableoperadores que además serían los “beneficiarios” de las licencias para prestar el servicio que que hoy presta Antel. para decirlo más claro, sin alusiones a la competencia de Antel, es una forma indirecta de no solo privatizar un servicio que hoy brinda el ente sino de que el mismo sea brindado por empresas extranjeras. Por primera vez en la historia… ¡Ni siquiera la propia Dictadura se había animado a tamaña decisión!
En otro de sus artículos, se aumenta la cantidad de licencias habilitadas por titular, pasando de tres por grupo económico como máximo a un total de ocho por persona jurídica. Con esta reforma el Estado pierde su rol de árbitro frente a la competencia desigual y frente a la posible extranjerización y formación de un oligopolio privado que concentre los servicios de televisión, telecomunicaciones e internet.
Por si fuera poco, es un Proyecto de ley que limita la libertad de expresión y que retrocede en derechos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual protegía. Se elimina el reconocimiento expreso del derecho a la no discriminación en medios de comunicación, así como también la objeción de conciencia de los periodistas. Además de esto, se genera una ambivalencia en cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los horarios de protección quedan establecidos pero no se desarrolla en qué consiste específicamente, derogando legislación redactada a partir de aportes de la UNESCO y UNICEF.
Se elimina también una pata fundamental de la ley actual, que tiene que ver con la participación ciudadana y se promueve la opacidad, eliminando las comisiones honorarias de participación de la sociedad y las agencias encargadas de garantizar transparencia en los asuntos relativos al proceso de control y otorgamiento de nuevas concesiones, y sembrando un manto de sombras sobre las decisiones relativas al proceso de otorgamiento, control y fiscalización tanto de las titularidades de la misma como el funcionamiento de los medios de comunicación en el cumplimienmto de la ley.
En su conjunto este proyecto de ley afecta al pluralismo y a la libertad de expresión, pero también a la soberanía de nuestro país como tal. Es un proyecto entreguista que tiene como objetivo principal el de generar lucro y desfinanciar al Estado uruguayo. Implica la concentración de medios de comunicación y de las empresas de servicios audiovisuales, e implica también la privatización de una de las empresas públicas más importantes que es Antel.
Es una hipoteca al futuro de las y los uruguayos. En abril de 2019 Uruguay fue el tercer país en el mundo y primero en latinoamérica en instalar tecnología 5G para fines comerciales, y lo hizo de la mano de Antel. Hoy Uruguay tiene casi la totalidad del país cubierto con fibra óptica, permitiendo el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones a lo largo y ancho del país.
En conclusión, estamos intentando dar la batalla para lograr que uno de los proyectos estratégicos de la torre ejecutiva para este año no sea aprobado. El trabajo en conjunto con los sindicatos, los movimientos sociales, las instituciones nacionales e internacionales especializadas en estos temas y el trabajo de los compañeros y compañeras del Frente Amplio ha permitido conformar un gran abanico que ya nos está dejando una gran enseñanza independientemente del resultado de una votación. Para defender las conquistas y evitar el avance privatizador de nuestra principal Empresa Pública, la extranjerización y la concentración de los servicios de comunicación audiovisual, limitando nuestros derechos, la participación ciudadana, la transparencia y nuestra libertad de expresión solo lo podremos hacer uniendo a los diversos, siendo generosos para incorporar a ese crisol de luchas y resistencias que estamos dando.
Porque no solo tenemos razón. Si nos organizamos, somos muchos más.
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