Como si el malestar por la falta de “dar la cara” hubiera hecho eco en los círculos del presidente, ayer se adelantó la esperada conferencia de prensa.
Altas eran las expectativas sobre los cambios y las nuevas medidas que se iban a anunciar, ya que las últimas y esto sí hizo eco, habían fracasado.
Los “anuncios” al final no incluyeron grandes cambios ni medidas económicas para afrontar la crisis que están viviendo miles de uruguayos y uruguayas en estas horas por la falta de trabajo, cuentas que se acumulan y un año que se va.
Con el cada vez menos efectivo tono edulcorado pero firme del presidente. El gobierno insiste con la idea de discutir fantasías y no realidades. Con poco éxito planteó la preocupación de cómo se va a pasar las vacaciones, mientras la preocupación real para la mayorías es cómo será su situación económica el año entrante.
Sin embargo, la nueva y principal medida es un tanto llamativa, la suspensión del artículo 38 de la Constitución uruguaya que establece el derecho a reunirse.
Esta dice: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público.”
El viernes será puesta a consideración en el parlamento. Aún no está clara cuál será la redacción del proyecto ni la postura que adoptará el Frente Amplio.
Uruguay entra a su peor situación de pandemia sin medidas que rescaten a las pymes o al comercio local y el trabajo nacional. El discurso oficial (y mediático) pondrá el foco en las distancias de las sombrillas, y no en los comercios que nunca volverán a abrir.
La plata de los uruguayos no va a llegar a los uruguayos cuando más se precisa. El mensaje fue claro: No van a hacer nada hasta que llegue la vacuna, represión por si acaso y sálvese quien pueda.
La crisis sanitaria -y su consecuente crisis económica- la seguirán pagando más caro los y las más débiles.
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