Inés Cortés
El sistema mediático nacional se caracteriza por la concentración de los medios de comunicación (entendidos esto como televisión, radiodifusión y prensa escrita) en unas pocas familias que constituyen grupos económicos y conforman así una especie de oligopolio de los medios masivos de comunicación.
Kaplun (2014) señala que: Tres grupos económicos concentran el mayor poder en el sistema de medios de comunicación de Uruguay, teniendo como cabecera los canales privados de televisión capitalinos. En más de medio siglo han ido tejiendo una red de integración horizontal y vertical, controlando diversos medios además de la televisión, así como la cadena de producción, distribución, transmisión y venta de contenidos.
Si bien la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el final del segundo gobierno frenteamplista -con los votos únicamente del oficialismo-, democratizó el acceso a la información y la comunicación, fomentó una relativa desconcentración de producción audiovisual e incentivó la producción de medios estatales; los grupos de poder vinculados a los medios siguen hasta el día de hoy manteniendo un alto y discrecional poder de incidencia en la opinión pública, manejando la agenda en muchos sentidos. Es decir, no solo controlan en gran medida lo que se discute, sino que también lo hacen en torno a cómo estos temas son discutidos. Desde el enfoque en que construyen las noticias, y el encuadre (frame) que le dan a los distintos problema sociales, políticos, económicos, etc.
Cabe señalar que todo esto, se desarrolla en consonancia y coordinación con parte del sistema político uruguayo asociado a los partidos políticos tradicionales y de derecha.
Diversos actores frenteamplistas y analistas políticos destacan el rol preponderante que tuvieron los medios masivos de comunicación en el triunfo del nuevo gobierno de Uruguay -especialmente los canales de aire 4, 10 y 12- mediante campañas de largo aliento, intermitentes durante los últimos 10 años, de deslegitimación de los líderes del Frente Amplio, la exacerbación de problemas sociales como la seguridad pública, la promoción figuras periodísticas “objetivas” que construyeron relatos de descreimiento de la política, entre otras formas de incidir en la opinión pública.
Hoy, esta teoría -de que los medios masivos y tradicionales fueron claves para el triunfo del actual Gobierno- se abona además, con el apremio que tiene la Coalición de Gobierno de aprobar una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -que derogaría la ley vigente actualmente- que entre otras cosas –como ya señalamos anteriormente- restaura el poder de concentración y discrecionalidad de los medios de comunicación, pero que además le otorga mucho más poder económico del que tenían antes de la ley que creó el FA, habilitándolos ahora a la venta de servicios de internet a través de infraestructura de Antel.
Hagamos un poco de memoria, tres grupos económicos gestionan la Red Uruguaya de Televisión. Como señala Kaplún (2014), el grupo Romay- Salvo/Romay Echer (canal 4), posee seis canales de tv abierta, tres de pago y cuatro emisoras de radio. El grupo Fontaina- De Feo -Villar (canal 10), es dueño de tres canales abiertos, tres de pago, dos radios, un portal de noticias y servicios de triple play. El grupo Scheck – Cardozo- Pombo (canal 12) y poseen el diario El País y el semanario Búsqueda.
Estos tres grupos en conjunto crearon la empresa Equital S.A. en los años noventa para proveer servicios de TV para abonados (cable).
Hoy Equital controla once empresas de TV para abonados en interior del país, y brinda servicios de contenidos para otros cableros locales (aprox 60 empresas). Solo en televisión, 22 señales abiertas y 76 de pago están vinculadas a Equital. (Kaplún, 2014).
Como vimos en el artículo anterior sobre Ley de Medios, el artículo 48 del texto en tratamiento, establece que a partir de la aprobación de la ley: “Los titulares de licencias de servicios de difusión y contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable, tendrán derecho a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet mediante el empleo de sus redes propias o de recursos que contraten a terceros-”
Este artículo, es para muchos llamativo y alarmante, donde no habría explicación lógica para que Antel prestase su infraestructura sin alguna contraprestación clara a empresas de TV cable; y que luego, éstas lucren con la infraestructura que pagamos todos y todas.
Pero si nos ponemos más perspicaces (y hacemos memoria), recordaremos que los tres grandes de la escena mediática uruguaya -4, 10 y 12- obtuvieron las licencias para prestar cuasi exclusivamente servicios de televisión por cable durante el gobierno del padre del actual presidente, el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera en el año 1994. Con este antecedente, es un poco más entendible que hoy su hijo le otorgue a las mismas familias de entonces la licencia para vender internet en sus paquetes de cable. ¿Podría tratarse de una especie de pacto del herrerismo y los tres grandes grupos de televisión, que dicho sea de paso fueron un actor clave para el triunfo electoral del actual presidente? No tengo la certeza, pero por lo pronto se me viene a la cabeza aquella canción que cantábamos con mis compañeros en sexto de escuela, allá por 2006 que decía: “nada es gratis en la vida”.
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