Inés Cortés
El pasado miércoles 24 de febrero se llevó a cabo en la Comisión Permanente del Palacio Legislativo el primer llamado a sala al equipo económico del MEF y la OPP convocado por el Frente Amplio desde que éste es oposición.
El motivo por el cual se decidió realizar este llamado a sala, fue que se le brindase información a la población acerca de los argumentos políticos por los cuales se decidió impulsar ciertas políticas de ajuste económico y fiscal en plena crisis económica a causa de la COVID 19, y para que se informara si se prevén políticas de reactivación económica y salvataje para las familias y empresas uruguayas.
El miembro informante del llamado a sala, el diputado Sebastián Valdomir, realizó una disertación de unos treinta minutos en la que planteó entre otras preocupaciones, que la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de la COVID19 dejó importantes consecuencias sobre la actividad económica, el empleo y la sociedad en su conjunto.
Esta emergencia sanitaria, generó una emergencia social, por los impactos relevantes en la actividad económica.
Como señaló el diputado, en la exposición de motivos del propio Presupuesto Nacional aprobado recientemente por la Coalición de Gobierno, se refería a la situación económica y sanitaria como: de “shock negativo extraordinario”, de “golpe agudo en la actividad”, de un “escenario macroeconómico inédito”, y de “una pandemia sin precedentes a nivel internacional”, entre otras caracterizaciones.
Así fue formulada (en la Exposición de Motivos del Presupuesto), la caracterización de la crisis económica por el impacto de la Covid-19, pero a pesar de ello, el presupuesto no sufrió grandes modificaciones en cuanto a las metas fiscales ni proyecciones macroeconómicas antes previstas, lo cual decantó en que el ajuste para alcanzar dichas metas recayera en la economía de los y las uruguayas.
En la comparecencia de la ministra Azucena, se confirmó que el presupuesto fue escrito y diseñado antes de la pandemia, y por ello, no prevé ni se ajusta a la actual situación fiscal y económica. Lo curioso, es que este fue votado cinco meses después de que la crisis sanitaria se disparara en nuestro país.
En el último tiempo, y en este contexto inédito, asistimos a instancias en las que la gran mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria han planteado medidas económicas, es decir, políticas económicas de intervención del Estado que significan un mayor esfuerzo fiscal para enfrentar la crisis.
Todas estas medidas propuestas relativizan lo que sostiene el Equipo Económico al decir que la “respuesta a los efectos de la pandemia ha sido contundente”.
No es tan contundente parece, porque si no, no se explica que los socios parte de la coalición de Gobierno realicen estas propuestas en este momento, a dos meses de aprobado el Presupuesto Quinquenal.
Algunas de las preguntas que dejó planteadas el diputado Valdomir se pueden leer al pie de esta nota, según se planteó en la conferencia final realizada por el Frente Amplio, ninguna obtuvo respuestas concretas.
Pero a pesar de la ausencia de respuestas, se pueden sacar algunos elementos en limpio que esclarecen la tónica en la que se desarrollará la política económica en los próximos años.
Por un lado, afirmaron que en Uruguay la inversión para afrontar la crisis de la COVID 19 fue mucho menor que la del resto de los países del mundo, porque “partimos de un escenario macroeconómico y social muy sólido”. Pero al mismo tiempo, se justificó la suba de tarifas y del impuesto del IVA, en el argumento de que “había que cumplir con las metas fiscales y recuperar la credibilidad macroeconómica” que el anterior gobierno no cumplió (dicho por la Ministra Azucena Arbeleche).
Por otro lado, la ministra dejó en claro que la prioridad económica del actual gobierno es la de alcanzar las metas fiscales, y la sostenibilidad fiscal, la cual se basa en la rebaja de las prestaciones sociales y no en la búsqueda de un nuevo financiamiento de estas prestaciones.
Por último, la ministra explicitó que: “es evidente que la situación de pandemia, nos va a llevar a un aumento de personas en situación de pobreza”. Dándole así un estatus categórico a esta afirmación, como si fuese una situación inevitable, algo dado por “naturaleza”, cuando en realidad ella es la Ministra de Economía y Finanzas, ni más ni menos que la responsable de que la pobreza no crezca, y quién de hecho puede evitarlo generando políticas públicas contracíclicas, de contención y amortiguación de la crisis.
Las preguntas realizadas por el diputado Sebastián Valdomir:
1) ¿Cuándo se van a anunciar y en qué consisten las medidas de reactivación económica para el período de post-pandemia? ¿Cuáles son las políticas m contracíclicas que se aplicaron, o se aplicarán? ¿Dónde estará puesto el impulso principal?
2) ¿Cómo se piensa recuperar los 60.000 puestos de trabajo perdidos durante 2020?
¿Cuáles son los empleos que se esperan recuperar y cómo se piensan generar? ¿Se está pensando destinar alguna política específica para recuperar los impactos específicos sobre las mujeres trabajadoras?
3) Con las variaciones que fueron mencionadas en sala y reconocidas por las autoridades del Poder Ejecutivo ¿Qué proyecciones tiene el gobierno para el aumento de la pobreza en 2020 y 2021? Así como restantes proyecciones de: ¿inversión privada y pública, desempleo, salario real para 2021?.
4) ¿Cuál es el detalle del abatimiento del gasto realizado más allá de saberse el monto total de 660 millones, donde 380 millones corresponden al Gobierno Central y 280 millones a las Empresas Públicas?
5) En la presentación del 8 de febrero se estableció un monto de 2000 millones como Pérdida de ingresos. ¿Cómo se calculó esa pérdida y cómo se llegó a ese monto final?
6) ¿Qué criterio va a adoptar el gobierno hacia adelante con relación al criterio de ajuste de la BPC? ¿Mantendrá el criterio de ajustar la BPC por IMS en enero de 2022? momento en el que, dados los aumentos salariales previstos para este año, vamos a volver a tener una variación de los salarios menor a la de los precios. ¿Cuántas personas más pagarán IRPF que si se hubiera ajustado la BPC por IPC en lugar de
IMS?
7) ¿Se tiene previsto compensar los perjuicios económicos ocasionados por la pérdida de poder de compra de prestaciones como AFAM y las jubilaciones y pensiones mínimas?
¿Cuándo y cómo?
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