En la sesión de la Cámara de Senadores del miércoles 3 marzo, el gobierno impulsó un proyecto de ley solicitando la venia para la designación del Dr. Álvaro Garcé como Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE). Hasta el momento, ejercía el puesto de hecho como “Coordinador”.
Garcé es votado por el mínimo de votos para el cargo (18 en 31), contando con la desaprobación unánime de los senadores del Frente Amplio y generando un hecho político sin precedentes. Es el primer Director de la SIEE que llega al cargo, no contando con el apoyo de la oposición política.
Los argumentos políticos
Los senadores frenteamplistas coincidieron en que el voto contrario no era en contra de la persona de Garcé, sino que la negativa se debe a la forma de abordar el tema de Inteligencia por parte de este gobierno y al contenido que emana como consecuencia de ello.
Un poco de antecedentes
En octubre del año 2018, se vota con el apoyo de todos los partidos políticos, la primera ley de inteligencia en nuestro país (Ley 19.696). La misma apuntaba a regular las actividades de inteligencia del país, creando el concepto de la necesidad de funcionamiento de un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. No es menor destacar el proceso de elaboración y aprobación de esta ley, habiendo transcurrido por largos años de discusión parlamentaria y de los partidos políticos, llegando a lograr grandes consensos y transformándose de esta forma en una política de Estado.
¿Qué pasó con este nuevo gobierno del Partido Nacional y sus aliados?
Este gobierno dio un viraje en la materia. La LUC introduce una serie de cambios en la ley desconociendo este proceso de elaboración y acuerdos. En un tema tan sensible como lo es la inteligencia para un Estado, el Frente Amplio decidió no acompañar los cambios que introducía la LUC, tanto por temas de formas como de contenido. Y a esto hay que sumarle, que la implementación de dicha ley no había sido evaluada hasta el momento.
En este marco, y teniendo en cuenta las políticas represivas con las que la LUC dotó a la Policía Nacional, nos preocupa que el rol de la SIEE no esté estrictamente dedicado a asesorar al más alto nivel en materia de Inteligencia Estratégica, sino al control interno de las actividades políticas y sociales que se oponen a su proyecto de país.
La decisión política es clara, firme y coincide con la política de seguridad y defensa del gobierno, la cual mira hacia el norte. Se nos plantea una duda que consideramos razonable poner sobre la mesa:
¿La SIEE podría transformarse en una puerta de entrada para la incidencia de países con tradición de dominación? (De más estaría mencionar a EEUU, Israel y la Unión Europea)
¿Por dónde pasa la capacitación del personal de inteligencia de nuestro país, que en este año se ha basado en cursos, talleres y seminarios brindado en su gran mayoría por instituciones ajenas a las capacidades nacionales de los organismos de seguridad uruguayos, dejando de lado nuestras características e idiosincrasia y la defensa de nuestros intereses nacionales?
La decisión de incorporar en la LUC la clasificación de “información secreta”, de forma discrecional por parte del Director de la SIEE es grave por lo nociva para los controles democráticos que se necesita en esta materia. Pero lo más grave, es que esta incorporación es producto de una injerencia externa, condición que le pusieron las Agencias Internacionales con las que coordina la actual Secretaría a cargo de Garcé.
En síntesis, la “usina” que tendría que dar luz para prevenir al país de acontecimientos que podrían lesionar nuestra soberanía e intereses nacionales se ve algo difusa. Un cargo de la relevancia y sensibilidad como lo es el Director de la Inteligencia de un país, mano derecha del Presidente de la República y el Poder Ejecutivo, no cuenta con el respaldo de casi la mitad del país.
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