Juan Erosa
Es necesario encontrar un modelo de desarrollo que permita generar progreso con justicia social y ampliación de las libertades humanas. Esta nueva estrategia tiene que tener la capacidad de redistribuir la riqueza y producirla de manera sustentable. En su seno debería tener un equilibrio entre preservación y avance para viabilizar el porvenir de las futuras generaciones. La democracia, en su máxima expresión y de la mayor calidad posible, aparece como el único régimen de organización social y político que garantiza que el proceso de transformación no se desdibuje, ni se detenga con vicios autoritarios.
El actual sistema productivo y de distribución ha demostrado que no es capaz de generar condiciones para el desarrollo en plenitud de la vida de todos los seres humanos y tampoco garantiza la sostenibilidad del planeta. Superar este modo de producir y esta forma desigual de repartir lo que se genera es, o debería ser, el objetivo final de la izquierda. Aquí hay una búsqueda por entrar en la discusión sobre que elementos deben ser atacados del actual sistema para iniciar un camino que lleve al mundo a instalar un sistema económico más justo y sustentable.
A partir de “La tragedia de los comunes”, el problema planteado por Garrett Hardin en 1968, es posible rastrear algunos elementos básicos para comprender que lógicas del capitalismo salvaje son necesarias modificar para transformarlo sustantivamente. ¿Cuál es el problema? El sistema económico actual genera incentivos a sobreexplotar recursos naturales que son finitos. Es cierto que cualquier sistema desregulado genera estas tendencias. Por eso las regulaciones, pueden ser una alternativa para avanzar en la construcción de un modo de producción alternativo donde el uso abusivo de los recursos no sea rentable ni viable socialmente. Estas regulaciones pueden tener carácter formal siendo impuestos, tasas o multas aplicables al incumplimiento de determinados parámetros; y también deben estás acompañadas de instituciones informales normas morales establecidas mediante la educación que condenen socialmente los usos abusivos de los recursos naturales.
El capitalismo, sobre todo el que rige la economía de los países periféricos, impulsa a los individuos a agotar los recursos de la naturaleza, haciendo inviable el porvenir de la vida en el planeta Tierra. La innovación podría resolver parte de este dilema, generando herramientas productivas menos dañinas. Sin embargo, innovar es dificultoso, incluso en los países desarrollados, existen problemas como: costos fijos altos, riesgos importantes, obsolescencia apresurada de investigaciones, copias o imitaciones y el robo de información son algunos de ellos. Aquí aparece la necesidad de un Estado generador de conocimiento, un ente capaz de soportar los costos y asumir los riesgos de invertir en ciencia y tecnología. Esto es parte sustancial de un modelo de desarrollo alternativo. Generar conocimiento para modificar las características de la actividad económica nacional para hacerla sostenible, más rentable y más justa. A su vez generar nuevas oportunidades laborales en un mercado prolifero y de gran inserción internacional (el de la innovación y el desarrollo).
Reducir el abuso sobre los recursos implica reducir la escala de producción de las empresas. No se trata de eliminar de un día para el otro la propiedad privada ni mucho menos, sino limitarla a una escala que genere espacio y rentabilidad para múltiples productores y comerciantes de pequeño y mediano porte. Una dinámica económica que bloqué la generación de oligopolios o monopolios privados, en cualquier área. Las grandes corporaciones han encontrado formas de alterar el funcionamiento de las “reglas” del mercado, mediante acuerdos y articulaciones el precio pocas veces se ajusta a favor de los consumidores finales.
Establecer formas colectivas de protección y mejoramiento de los bienes públicos implica establecer impuestos y regulaciones que muchas veces los países periféricos no están en condiciones de imponer. La tan deseada inversión extranjera acorrala a las naciones pobres y las obliga a asumir importantes costos de pérdida de soberanía o deterioro de sus recursos naturales a cambio de un pequeño botín económico que en el mejor de los casos se traduzca en mejores condiciones de vida para sus habitantes. Parte del daño ambiental trasciende las fronteras nacionales y afecta a todos los pobladores de este planeta. Idealmente sería interesante que existieran fuertes restricciones internacionales, en ausencia de ellas, o en la incapacidad de controlar a las unidades contaminantes se debería bregar por un modelo de desarrollo alternativo a los vigentes que potencie el crecimiento de pequeños y medianos empresarios locales o regionales que por su escala no dañen el ambiente y caminar hacia la erradicación de las formas contaminantes de producir. El proceso de innovación y la estrategia de cambio debería ser liderada por el Estado.
La teoría marxista planteó que el socialismo llegaría luego de la industrialización de las naciones a causa de las irremediables desigualdades de clase y la organización obrera que las fabricas propiciaban entre otro conjunto de argumentos. Hoy luego de que ha corrido mucha agua bajo el puente quizá el socialismo pueda proyectarse a partir de encorsetar al capitalismo con regulaciones, impuestos y prohibiciones productivas sobre los recursos naturales. Pero aún existe el problema del bienestar económico de la sociedad y para eso debe explorarse un modelo de desarrollo basado en la mediana y pequeña empresa enclavada a nivel local y regional que genere empleo y capacidad de inversión, pero no capitales monstruosos que favorezcan la especulación y la usura traducidos en corporaciones que terminan teniendo más poder que la mayoría de los Estados del mundo.
Más allá de que Europa y algunos otros países estén a la vanguardia de los sistemas regulatorios en relación a la contaminación, este problema es común y solo se agudiza a medida que uno se aleja de los centros económicos mundiales. Nadie tiene del todo resuelto este asunto y mucho menos los problemas de desigualdad e injusticia social.
En América Latina, África y Asia las consecuencias de los avances económicos y regulatorios europeos y norteamericanos se evidencian de la peor manera posible. En estos continentes están exacerbadas las desigualdades, las injusticias y la destrucción del planeta, las empresas mantienen sus casas centrales en los países ricos e instalan sus unidades productivas en los países pobres. El empleo es de mala calidad para los locales y las consecuencias ambientales nefastas.
No hay regulación que valga, ni que contenga. La ausencia o debilidad de los estados restringe las posibilidades de transformación del sistema. Para los casos extremos debe valer el derecho de subversión popular y las garantías de la comunidad internacional de no intervención y el principio de autodeterminación de los pueblos.
Los bienes públicos deben ser provistos, protegidos y desarrollados por el Estado a través de las comunidades organizadas. El rol del Estado tiene que ver con organizar y también con generar las condiciones para que la producción no dañe el bien en cuestión. De eso se tratan las regulaciones, los impuestos, la innovación y el liderazgo hacia una forma alternativa de producción y distribución de bienes y servicios.
Una de las cosas más asombrosas del capitalismo es su capacidad de mercantilizar cualquier cosa. Los bienes públicos esenciales para la vida no han quedado exentos de este proceso. El deterioro del aire generado por los gases vertidos a la atmosfera y la cotización del agua en la bolsa son solamente un par de ejemplos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad.
La teoría política del Siglo de las Luces se concentró en resolver el problema de la convivencia cotidiana entre los hombres libres. Quizá el pensamiento político de este tiempo deba enfocarse en la solución del problema de la viabilidad de la humanidad a largo plazo. Por momentos la preocupación carece de toda sofisticación, simplemente se trata resolver el problema de cómo vamos a sobrevivir, es necesario encontrar nuevas formas de organización humana que permitan el porvenir de la civilización.
En estos términos plantea sus aportes Elinor Ostrom en su texto “Diseños Complejos para Manejos Complejos” del año 2000. Garantizar la preservación de la biodiversidad y la sustentabilidad como elementos clave para asegurar el porvenir de las generaciones y como propuesta para un futuro viable. Si bien Ostrom propone soluciones dentro del capitalismo, desde aquí se entiende que sin un horizonte de superación de este sistema, es imposible proyectar la conquista de una mejor calidad de vida universal y garantizar o resguardar el porvenir del planeta.
Los individuos tienen incentivos para sobreexplotar los recursos naturales y esto atenta contra su supervivencia, esto es un dilema de acción colectiva. Ostrom (2000) plantea un entramado de estrategias políticas, en un sentido amplio: culturales, sociales, económicas e institucionales, para atacar este complejo problema que tienen delante de sí las sociedades contemporáneas. Una vez más, se trata de que el Estado lidere un proceso de transformación económica y social que se dirija hacia la instalación de regulaciones y nuevas lógicas que incentiven la cooperación por encima de la competencia y las soluciones colectivas por sobre las individuales.
A partir de “la tragedia de los comunes” (Hardin, 1968) se evidencian una serie de problemas, que desde esta perspectiva tienen su origen en la forma de producir del sistema capitalista. A partir de eso se establece el problema de la sostenibilidad que tiene dos componentes: uno natural y otro social. Es necesario preservar el planeta y equilibrar las sociedades. Para ello: por un lado, cambiar el sistema productivo, primero limitándolo y luego superándolo; por otro, redistribuir la riqueza y el poder para construir sociedades estables y pacíficas, eso se logra con equidad y justicia. Garantizar la preservación de la naturaleza y viabilizar la transformación del modo de producción y distribución.
Es necesario superar el sistema capitalista como organizador de la vida y la producción. Una democracia participativa y plena aparece como una posible respuesta de dos tiempos: de corto plazo, para controlar y limitar la explotación de los recursos públicos; y de largo plazo, como una vía para avanzar hacia la superación definitiva del capitalismo en términos de justicia, libertad y sostenibilidad. Ostrom (2000), Hardin (1995) y Kenneth Shepsle y Mark Bonchek (2005), plantean un conjunto de elementos, que son traídos a este texto, para pensar estrategias de regulación para impedir la sobreexplotación de recursos. Hannah Arendt y John Rawls, plantean algunas claves, que serán presentadas más adelante, para la construcción de una sociedad estable y una democracia fuerte que viabilice las necesarias limitaciones al sistema productivo y de consumo.
Los bienes públicos y de propiedad comunal representan un vasto y complejo sistema de elementos a tener en cuenta. Para ejemplificar: la naturaleza y su biodiversidad necesaria para la vida en general, abarcan solo una parte de ese conjunto de cosas. Los componentes del problema son muchos. Como plantea Ostrom (2000) para atacar la pluralidad, singularidad y sofisticación de situaciones problemáticas, es necesario un mapa amplio y variado de respuestas. Estas contestaciones no son otra cosa que controles, limitaciones y prohibiciones a la sobreexplotación, compatibles con el sistema capitalista y principal herramienta táctica, en esta propuesta, para constreñirlo y modificarlo.
¿Cómo establecer los márgenes de la explotación sostenible de los recursos? La primera tarea es identificar cuáles son las limitaciones naturales que tienen los recursos para regenerarse, en base a eso se deberían establecer los márgenes. El reciclaje de los elementos de la naturaleza forma parte del campo de investigación de las ciencias naturales, capaces de dar respuestas exactas y sofisticadas con evidencia irrefutable, al menos durante su vigencia. Este asunto no debería reportarse como el mayor de los problemas de los estados. La cuestión medular es cómo hacer respetar los límites establecidos en base a esas respuestas técnicas. O sea: ¿cómo construir un sistema de límites aceptables de explotación reconocible, respetable y acatable por todos? La institucionalidad de control para la sostenibilidad debe evolucionar sobre las herramientas que tienen este cometido actualmente. A su vez es necesario crear un sentido común protector de la naturaleza, la educación debe avanzar en esa dirección, hacia el cuidado irrestricto del medio que la persona habita.
El sistema de macroempresas transnacionales cuasi hegemónicas, debe ser sustituido por un sistema (biodiverso) de medianos y pequeños empresarios locales que produzcan y distribuyan de forma sostenible y a costos accesibles, para construir estabilidad social. No se trata de un cierre al mundo ni mucho menos, sino una prioridad en el modelo de desarrollo nacional. La innovación y el mantenimiento de la tecnología tienen importantes costos, por lo tanto deberían ser los estados quienes se encarguen de garantizarle a las sociedades el acceso a estos bienes y servicios.
El cambio de sistema no debe asociarse a voluntades regresivas o a la romantización de lo primitivo. Es la búsqueda por una forma de producir que garantice: la continuidad del progreso, de la vida en la tierra y la construcción de sociedades justas. La modificación del paradigma de estilo de vida actual es parte del cambio, no se trata de detener el avance científico, ni perder expectativa de vida o confort, sino de eliminar el consumo excesivo de bienes y servicios que destruyen al planeta y no son indispensables para la vida. En alguna medida podría resumirse en el ideal de austeridad.
Los controles deben ser descentralizados y enclavados a nivel comunitario. Debe ser la comunidad la que se apropie y proteja el bien o recurso público en cuestión. Una estrategia posible es convertir la tarea de cuidado y mejoramiento del bien público, en parte del sustento económico de los ciudadanos involucrados mediante un negocio autogestionado o el apoyo al Estado en el control de las regulaciones establecidas. De esta manera se lograría alinear intereses individuales de corto plazo con intereses colectivos de largo plazo. Por ejemplo: el cuidado de una playa, o un bosque. o el usufructo de los peces de una laguna otorgado por el Estado a cambio del cuidado de ella.
La política debe construir instituciones que combinen incentivos materiales con códigos informales basados en la idiosincrasia local que garantice el compromiso de la comunidad con el cometido que se le ha encomendado. Es necesario consensuar las normas con los habitantes de las localidades y otorgar cierto margen de libertad, de autogobierno (Ostrom, 2000). En términos de control, los grupos chicos son más eficientes que los grandes (Shepsle y Bonchek, 2005) por eso se hace referencia a la descentralización, a las localidades y las comunidades.
Una estrategia posible para avanzar hacia un cambio de sistema podría ser: establecer un conjunto de incentivos fiscales que desalienten la sobreexplotación y la concentración de la riqueza, el capital y la propiedad de los bienes necesarios para la supervivencia de la vida en el planeta. Por ejemplo, aumento de impuestos sobre determinados márgenes de ganancia y establecimiento de un sistema de propiedad de los desechos que genere costos y obligaciones para quienes los producen, a nivel empresarial y a nivel doméstico. Esta segunda idea es planteada –en otras palabras– por Hardin (1995). Luego de transcurrido el tiempo y que estas normas hayan generado consecuencias generales, es posible que se visualice una transformación de las relaciones económicas dentro de las sociedades.
Solo una democracia plena, participativa y sólida podrá avanzar en este tipo de regulaciones. Para que esa macro institución sea viable, en necesario el establecimiento de un reparto equitativo de los bienes que garantice el usufructo de las libertades y los derechos de todos los individuos (Rawls 1996). Y que sea este proceso el que habilite una expansión de la conciencia y la participación mediante la educación y los incentivos individuales. Tampoco se trata de crear un nuevo “Leviatán” sino de un Estado que regule, fije los límites y genere las condiciones para que los ciudadanos empoderados mediante sus comunidades, controlen la explotación de los recursos comunes. Las normas deben emerger del consenso con los locales y el Estado, identificar los elementos a cuidar y establecer equilibrios de poder entre sí mismo y los grupos de personas involucrados (Arendt 1988). Así se podría hacer viable un sistema productivo y social estable y sostenible que garantice un futuro a las próximas generaciones.
Quizá la teoría de la socialdemocracia como vía al socialismo ya haya planteado algunas de estas cosas. Pero aquí no se trata de administrar mejor o humanizar al capitalismo, sino transitar un proceso de superación. A su vez, se reconoce el derecho básico de subversión popular en casos de extrema injusticia y desigualdad, acompañado de los principios de no intervención entre estados y de autodeterminación de los pueblos.
Bibliografía:
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Arendt, Hannah. 1988. Sobre la Revolución. Alianza, Madrid. (Caps. 4 y 5)
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Hardin, Garrett. 1995. La tragedia de los comunes. Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto Nacional de Ecología, México, http://www.ine.gob.mx/
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Ostrom, Elinor. 2000. Diseños complejos para manejos complejos. Gaceta Ecológica, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, núm. 54, pp. 43-58.
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Rawls, John. 1996. Liberalismo político. Fondo de Cultura Económica, México. (Introducción, Conferencias I, II, IV, V y VI) Ubicación en Biblioteca FCS: 320.51 RAWli
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Shepsle, Kenneth y Bonchek, Mark. 2005. Las fórmulas de la política. Capítulo 9, “La acción colectiva” y capítulo 10 “Los bienes públicos, los efectos externos y la propiedad comunal”. Taurus, México.
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