«La educación es lo contrario de la ausencia de futuro, dado que está tejida con el deseo y la voluntad humana de superar el abuso que separa el hoy del mañana.»
(Adriana Puiggrós,34,2021)
Joaquín Mateauda Yelichiche
El 1 de marzo de 2021 se cumplió un año del gobierno de Luis Lacalle Pou quién se ha amparado, junto a su coalición multicolor, bajo la lógica de una «agencia de publicidad» y la excusa de la pandemia para justificar todo su accionar.
Muchos son los análisis posibles que se pueden realizar, sin embargo, intentaré centrarme en algunos puntos que refieren al ámbito educativo y por tanto al ámbito social.
Un poco de contexto
Tanto la CEPAL como la ONU han expresado las graves consecuencias sociales que dejó, durante el año pasado, la pandemia del Covid 19. Más del 91% (1) de los estudiantes mundiales, aproximadamente 1600 millones de niños, niñas y jóvenes quedaron fuera de las instituciones educativas para abril de 2020. Tales datos representan, además, que alrededor de 369 millones de niñas, niños y jóvenes no tuvieran acceso a la alimentación escolar.
Esto es particularmente grave, primero porque se amplía la brecha educativa entre los quartiles más pobres y los quartiles más ricos; segundo porque será muy difícil para los países y sistemas educativos recuperar el tiempo pedagógico perdido y el vínculo de niñas, niños, jóvenes y familias con las instituciones educativas; tercero porque a las consecuencias educativas se le suma el aumento sostenido de la pérdida de fuentes de trabajo, aumento de la pobreza, lo que significa una mayor cantidad de niñas, niños y jóvenes más pobres.
Por su parte el Banco Mundial en su último informe ha sido categórico en la necesidad de asignar recursos para intentar revertir las consecuencias pedagógicas de la pandemia. En su informe expresa también, que podría haber un aumento del 20% en lo que consideran “pobreza de aprendizaje”, aproximadamente unos “7,6 millones de pobres de aprendizaje” (2)
En nuestro país, en las últimas horas fueron publicados los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que dan cuenta de lo ya alertado por los movimientos sociales, el PIT-CNT, el Frente Amplio y la UDELAR, sobre la importancia de asignar recursos para paliar la crisis económica y social que traería esta pandemia.
Se confirma lo que afirmaba la Ministra de Economía en el parlamento a fines de febrero. La pobreza aumentó de 8,8% en 2019 a 11,6% en 2020. Esto significa que tenemos 100 mil pobres más que el año anterior. Si ampliamos la mirada, observamos que la pobreza infantil aumenta significativamente, pasando de 17,0% a 21,3% en niñas/os menores de 6 años y de 16,5% a 20,6% en niñas/os de entre 6 y 12 años. Esto se traduce en 35 mil niños pobres más que el año anterior.
En términos educativos, UNICEF en su documento “Seguimiento del retorno a las clases presenciales en centros educativos en Uruguay” (2020) plantea datos alarmantes con respecto a la cobertura del vínculo de niñas y niños, en relación al aprendizaje, “el 23% de los niños no se conectaron por diferentes motivos, lo que los coloca en una situación de riesgo muy alto de desvinculación del sistema educativo formal, como consecuencia de esta situación”. (3)
Ante todo lo dicho solo cabe una lectura posible y es la falta de aprovechamiento de la infraestructura del Plan Ceibal para la concreción de políticas que aseguren el aprendizaje de niñas y niños a distancia. No obstante el desarrollo de las plataformas educativas como CREA permiten el seguimiento de la trayectoria educativa entre el educador y el educando. Además, nuestro país tuvo una gran ventajas frente al resto de América Latina, producto de las fortalezas tecnológicas desarrolladas en los últimos años en manos de ANTEL, que permitió una conectividad mayor en los hogares.
Las desigualdades que ya existen en nuestras sociedades, producto de la gran concentración de la riqueza y falta de distribución equitativa, se agudizaron y cobraron mayor relevancia a partir de esta pandemia. Según Unicef, quienes no se conectaron pertenecen a los mismos grupos que concentran asistencia insuficiente, abandono intermitente, repetición o desvinculación. Esto interpela al sistema educativo y a los gobiernos sobre la falta de políticas integrales dirigidas a niñas, niños, jóvenes y sus familias, como también sobre las estrategias y capacidades para asegurar y acompañar las trayectorias de vida y educativas de niñas, niños y jóvenes.
Crónica de una crisis anunciada
Las estrategias del gobierno para paliar la crisis educativa producida por la pandemia, solamente profundizan y perpetúan la ausencia del Estado, amplía las brechas en el acceso a la educación de los más vulnerables y demuestra la soberbia de un gobierno que no se escucha más que sí mismo.
Durante el mes de febrero se concretó la eliminación de los Consejos en la Educación, pasando a Direcciones Generales. Una reivindicación histórica de los gremios docentes que muere por miedo al debate, por temor a quienes estamos cotidianamente en las aulas y por miedo a la clase obrera en espacios de decisión y debate. Esto le quitó Democracia a la Educación pública. Siempre es importante recordar que esto se da en el marco de la aplicación de la Ley de Urgente Consideración, recientemente aprobada.
A lo anteriormente expresado, podemos agregar el recorte de cargos de Maestras/os dinamizadores Ceibal y el recorte del Programa de Maestras/os Comunitarias/os, debilitando las políticas públicas que apuntaban a equilibrar la balanza de quienes tienen menos oportunidades. El Programa de Maestros Comunitarios tiene como objetivo principal el de velar por el acompañamiento y apoyo a las trayectorias pedagógicas de las niñas y los niños en situaciones de vulnerabilidad social. Es decir, borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Una vez más, quitaron recursos donde no había que quitar, sobre todo porque el dinero estaba para cubrir el funcionamiento del Programa y para ampliarlo en 30 funciones más.
Marzo fue el mes de la irresponsabilidad para las autoridades de la Educación. El día 1 de marzo comenzamos las clases presenciales sin tener muchas orientaciones claras de cómo comenzar, sabiendo que en algún momento esta crisis se agudizaría debido a que no se llevó a cabo la inversión necesaria para contenerla. No se invirtió en auxiliares de servicio, ni en implementos de higiene, ni en contrataciones excepcionales para el desdoblamiento de grupos, ni en respuestas rápidas y efectivas cuando hubo casos positivos. Esto tuvo como consecuencia el cierre de escuelas enteras, la saturación de los colectivos, de los equipos directivos y de los cuerpos inspectivos (solamente en dos semanas de clases presenciales). Todo esto se dio porque no se logró la “presencialidad segura” (término propuesto por la Federación Uruguaya de Magisterio) en las instituciones escolares.
Durante el mes de marzo también, el gobierno decidió suspender la obligatoriedad en toda la Educación Pública del país. Este hecho va en contra de un de los principios varelianos que han construido nuestra identidad nacional, en contra de la ley de Educación y la constitución de la República en su artículo 70 el cual expresa:
Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. (4)
Por lo tanto, esta fue una medida que solamente aumentó las desigualdades educativas afectando a los sectores más vulnerables. El gobierno se olvidó que es su responsabilidad garantizar el Derecho a la Educación de todas y todos. Como decía José Pedro Varela “Eludir la obligatoriedad sería garantizar la ignorancia”
Finalmente, la última semana de marzo fue sin duda una de las más complejas con respecto a la situación sanitaria de nuestro país. El gobierno decidió suspender la presencialidad hasta después de Semana de turismo, sin prever la alimentación escolar de niñas y niños para los días 24, 25 y 26 de marzo. El argumento de las autoridades fue, la imposibilidad de advertir que esto sucedería (una evidencia más de la falta de escucha). Es importante aclarar que, el sistema de alimentación escolar, cubrirá los días mencionados anteriormente; sin embargo, sólo cubrirá a quienes se anotaron en los meses de enero para comer en enero y febrero, quedando por fuera quienes a partir del primero de marzo comenzaron a alimentarse en los comedores escolares.
Además de la alimentación, la virtualidad sin una asignación de recursos para las familias con niñas y niños más vulnerables, solo desnuda las inequidades en el acceso al aprendizaje.
Hacia adelante entre todas y todos
Muchos son los desafíos que sindicatos y colectivos escolares nos hemos planteado en este retorno a clase, donde siempre, con respeto, hemos marcado cuál es el camino a seguir para garantizar el derecho y el acceso a la Educación de niñas y niños, así como cuidar la salud de las comunidades educativas y de quienes, día a día, trabajamos en los centros escolares.
Es momento de que el gobierno se muestre abierto al intercambio y al diálogo para enfrentar esta situación de pandemia y para planificar con eficiencia el retorno a la presencialidad de las escuelas (cuando se pueda) para que las instituciones lo hagan de forma segura y confiable para todas y todos.
No se sostiene más que las únicas políticas públicas que atiendan a la Educación Pública sean “la libertad responsable” y la incertidumbre constante, hoy las comunidades necesitan de un Estado presente, que se haga cargo e invierta para que las brechas no sigan aumentando y terminemos perpetuando el fracaso de generaciones enteras.
“El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde” – Gabriela Mistral
Referencias:
- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
- https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276?locale-attribute=es
- https://www.unicef.org/uruguay/media/3856/file/Seguimiento%20del%20retorno%20a%20las%20clases%20presenciales%20en%20centros%20educativos%20en%20Uruguay.pdf
- https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/70
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