Seguridad Social: La reforma de la reforma

@mateamargouy

EconomíaPolítica.Uy

La Ley de Urgente Consideración (LUC – artículos 393 a 398)i creó una Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) con el objetivo de “formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales” (art. 393-inc.4), con 15 miembros, y con resoluciones por consenso o una mayoría de 9 de sus integrantes. La CESS se conformó el día 5 de noviembre de 2020, y está integrada por 9 miembros de la coalición gobernante, 3 de las organizaciones integrantes del directorio del BPS (Pit-Cnt, Onajpu y empresarios) y 3 representantes del Frente Amplio (FA). Como podemos apreciar, los 9 miembros oficialistas tienen la mayoría necesaria para aprobar resoluciones sin consenso, y está presidida por el abogado Rodolfo Saldain, designado por el Presidente Lacalle, militante del Partido Nacional, y conocido por su coautoría en la Reforma que privatizó parte de los ahorros de los trabajadores en manos de las AFAP hace 25 añosii con los votos de otra autoproclamada “coalición de gobierno” (PC, PN).

La CESS tiene un plazo de 180 días (6 meses a partir del día de su constitución, el 5 de noviembre de 2020) para presentar ante la Presidencia y a la Asamblea General un informe diagnóstico preliminar (en los primeros 90 días) y otro de recomendaciones o propuesta de reforma. Al día de hoy, 19 de marzo de 2021, se votará el primer informe en la comisión, seguramente solo con los votos oficialistas.

El tema viene siendo manejado con premura por el gobierno, interesado en dar las señales esperadas por las calificadoras del riesgo de la deuda pública, es decir sobre nuestra futura capacidad de pago, que mantenga el grado inversor (colocación de deuda pública a intereses más bajos que el promedio). No se muestra motivado por una sensibilidad social que lo induzca a priorizar en sus objetivos el mejoramiento del bienestar de los pasivos uruguayos. Porque lo que se propone estudiar es, nuevamente como en 1995, una reforma a largo plazo, sustentada en proyecciones demográficas, que supuestamente alejarían los peligros de un déficit fiscal en 20-30 años que harían insostenible el pago de las obligaciones financieras internacionales. Eso sí, fundamentado en el déficit fiscal de hoy, coyuntural, pero no para resolverlo ahora ni mejorar a corto plazo el bienestar de los trabajadores. La incapacidad de cumplir con los acreedores financieros ya sabemos bien de donde ha surgido, con la historia reciente y no tan reciente de las consecuencias de neoliberales argentinos y uruguayos en la administración pública, por lo que no hay necesidad de criminalizar a los actuales y futuros beneficiarios de la seguridad social.

Por todo eso, el planteo es exclusivamente fiscalista, anudando las proyecciones de población a la sostenibilidad fiscal, en un enfoque donde el punto de partida es un Sistema de Seguridad Social (SSS) cuyo financiamiento sea compatible con las cuentas públicas, y estas con las exigencias tributarias y de gasto público de la inversión privada. Los términos así están invertidos. Un SSS debe plantearse como objetivo primero posibilitar a la población un retiro digno luego de su vida activa, y a partir de esa premisa instrumentar el financiamiento más justo y equitativo posible. Es muy revelador del pensamiento fiscalista las declaraciones del presidente de la CESS el día de su instalación: “el planteo que tenemos por delante es de base demográfica” es su primera afirmación, y a continuación detalla “Uruguay destina 11 puntos porcentuales del PBI para jubilaciones y pensiones”. Nada sobre la situación real de los jubilados y pensionistas hoyiii.

El ingreso de los jubilados uruguayos

Vamos a adelantar algún dato al respecto. Actualizando la estadística del BPS por sus respectivos ajustes anuales, la jubilación promedio 2021 asciende a $ 27.676. Por su lado las AFAP según el Banco Central del Uruguay (BCU), también en promedio, llegarían a $ 6.989 mensuales. Globalmente, incluyendo el sistema mixto BPS-AFAP, siguiendo al INE la pasividad media se elevaría a $ 33.360 por mes. Sin embargo, el ajuste efectuado en enero 2021 fue de 7,58% mientras la inflación acumulada durante el año 2020 fue de 9,41%, configurando un descenso histórico en el poder de compra de quienes dependen de una jubilación que superan las 450 mil personas. Lo veremos con mayor detenimiento separándolos por monto de ingreso y de esta forma superar en alguna medida las limitaciones del promedio general.

El BPS proporciona la cantidad de jubilados de acuerdo al monto de su ingreso mensual, y este ingreso en franjas según las BPC que implican. Con esta información hemos construido tres franjas, de ingresos más reducidos (1 a 3 BPC), de ingresos medios (de 3 a 10 BPC), y de ingresos más altos (superiores a 10 BPC, hoy $ 48.700).

En 1998 los jubilados que solo ganaban de 1 a 3 BPC (hoy de $ 4.870 a $ 14.610) eran 153.000 y constituían el 41% del total, y esa cantidad se mantuvo hasta 2004. A partir de 2005-06 comienza a cambiar esa estructura, todo un símbolo de la desigual distribución del ingreso que imperaba en nuestro país. En 2014 se habían reducido a 94.000 (el 23% del total), y en 2019 quedaban aún 57.000 (el 13%), casi una tercera parte de los que eran 15 años atrás. El efecto inmediato de este aumento en los ingresos de los más pobres fue por supuesto un aumento de los jubilados en los estratos superiores, especialmente los de ingresos medios (que hoy llegan hasta $ 48.700), y que constituyen 68% del total. Lo vemos en la gráfica siguiente.

Está planteada entonces desde la coalición gobernante una Reforma de la Reforma de la Seguridad Social. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el Sistema Mixto instaurado en 1996 por aquella Reforma, que privatizó el ahorro de los trabajadores y derivó recursos del BPS hacia las AFAP, ni siquiera llegaría a superar el período de transición (25-30 años) a partir del cual el BPS equilibraría aquella sangría y las AFAP comenzarían a pagar pasividades. Las AFAP hoy apenas están remunerando a 32.142 jubilaciones (dic. 2020), sin embargo tienen 819.000 cotizantes y 1.468.580 afiliados (Fuente, BCU). Quedaban casi 70.000 jubilados con ingresos mensuales inferiores al ingreso por habitante a enero 2021 ($ 25.440). Dicho de otra manera, aquella reforma que tanto le costara al BPS, y por tanto al país y a sus trabajadores no cumplió con ninguno de sus supuestos objetivos, y ya hoy ponen al mismo Sr. a dirigir una nueva reforma, arriba de aquella reforma.

Muy diferente fue la política del FA al respecto, con una continuidad de políticas específicas que fueron buscando soluciones a los problemas más urgentes y apoyos a las personas más necesitadas, que el sistema por sí solo no enfrentaba. La claridad de la gráfica nos exime de mayores comentarios.

Presidencia.gub.uy – Noticias 5/11/2020 – Presidente Lacalle Pou instaló la Comisión de Expertos