Prof. Gustavo Guerrero
(Integrante de la Mesa Representativa de la Intergremial de Formación Docente)
Es a partir de la Ley General de Educación (18.437), promulgada en diciembre de 2008, que la Formación Docente en nuestro país había comenzado a transitar el camino hacia la Universidad de la Educación. Unificando la formación docente y creando el Consejo de Formación en Educación, de manera provisoria, como un desconcentrado dentro de la ANEP (dependiente de Codicen) pero con representación docente y estudiantil en su dirección.
A partir del mandato de aquella Ley, una comisión estudiaría la creación de un instituto universitario de Formación Docente, que termina materializándose cuando en 2013 el Parlamento trata el Proyecto de Ley que proponía la creación de la Universidad de la Educación.
La Constitución de la República indica que para la creación de un nuevo Ente Autónomo se necesita la aprobación de dos tercios de los componentes de cada cámara. Ese proyecto fue aprobado en Diputados pero naufragó por un voto en el Senado. En 2017, el Poder Ejecutivo envió un nuevo Proyecto de Ley para insistir en la creación de la Universidad de la Educación, pero nuevamente fue rechazado por la oposición de ese momento (oficialismo actual).
El año pasado, con los votos de todo el oficialismo, el Parlamento aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC), incluyendo temas de los más variados y con 79 artículos dedicados a la educación que vinieron a tirar por tierra -prácticamente- toda la Ley General de Educación.
En lo que respecta particularmente a la Formación Docente, la LUC define:
– un abandono de la posibilidad de concebir la Formación Docente como Educación Terciaria y Universitaria. Por ende, despedirnos de la posibilidad de una Universidad de la Educación: pública, estatal y cogobernada.
– a partir del decreto presidencial CM/358 del 4/12/20 (reglamentario del articulo 198 de la LUC), crea un Consejo Consultivo, constituido mayoritariamente por miembros designados por el Poder Ejecutivo a través del MEC, sin ninguna representación docente ni tampoco del Consejo de Formación en Educación. Menoscabando la autonomía de la educación y sus órganos competentes. Con el agravante, además, de que se trata de un organismo consultivo y que será el MEC quien determinará la “acreditación o el carácter universitario”, que deberá ser -increiblemente- renovado cada 6 años.
– una fragmentación, ya que la solicitud (voluntaria, de parte de los institutos) se hará separadamente: por carrera, zona o sede.
– el deterioro de la calidad de la educación, ya que no se exige la Práctica Docente dentro de los requisitos para solicitar la “acreditación universitaria”. Pilar fundamental de lo que es hoy una estructura unificada pedagógica-didáctica, que existe desde hace años en la Formación Docente de nuestro país.
– que dentro del sistema de becas que hoy existe, y que tanto beneficio le ha dado a los estudiantes, se va a priorizar a aquellas instituciones que tengan programas universitarios. Hoy los únicos universitarios que imparten carreras docentes son las universidades privadas.
Por la vía de los hechos, y a partir de la entrada en vigencia de la LUC, asistimos a un fuerte deterioro de la educación y -en particular- un gran desmantelamiento de la Formación Docente. A pesar de que algunos actores políticos e institucionales insistan discursivamente en que lo que están haciendo es un avance hacia una “Formación Docente Universitaria”.
Lo descrito anteriormente, que se suma a otras definiciones que atentan contra lo público, nos obliga a redoblar esfuerzos para alcanzar las firmas que posibiliten el referéndum contra los 135 artículos de la LUC. Y poder, así, frenar el desmantelamiento de la Formación Docente y continuar trabajando y luchando para concretar la creación de la -tan esperada y necesaria- Universidad de la Educación: PÚBLICA, ESTATAL y COGOBERNADA.
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