Como vimos ya en varias entregas anteriores, desde que el gobierno asumió, hace exactamente un año y 4 meses sus políticas en telecomunicaciones fueron de una gran orientación privatizadora, beneficiando y reduciendo los costos de las empresas privadas y multinacionales del mercado en perjuicio de la empresa de telecomunicaciones de todos y todas las uruguayas: Antel.
Hagamos un repaso: comenzamos con el decreto de septiembre del 2020 reglamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a través del cual el gobierno flexibiliza los criterios de tolerancia que regían anteriormente como límite para la publicidad en televisión.
Aumentando los límites de 30 segundos de publicidad por hora de transmisión, a 60 segundos, y dejando de fiscalizar semanalmente el cumplimiento del mismo, para pasar a hacerlo semestralmente. Además, se bajó con el decreto considerablemente la multa que cobra la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) ante incumplimientos a la norma, bajando sensiblemente la recaudación estatal.
Seguimos con la Ley de Urgente Consideración (LUC) la cual proponía lisa y llanamente la desmonopolización de los servicios de internet e banda ancha en los hogares, permitiendo que cable-operadores privados pudieran solicitar licencias para ésto, y obligando a Antel a arrendar su infraestructura. Estos artículos fueron retirados de la LUC ya que generaron mucha polémica.
Luego, volvió la propuesta pero en la Ley de medios, en su artículo 48, el cual generó muchas disputas a la interna de la coalición y esto generó el retraso de la discusión parlamentaria en torno a esta ley.
Luego, llegamos a la discusión de la portabilidad numérica. Una vez más el gobierno toma una decisión en favor de las multinacionales de las telecomunicaciones y en perjuicio de Antel.
Y ahora, como si todo lo anterior fuera poco, nos desayunamos con la noticia de que la URSEC resolvió por mayoría, es decir sin el voto de la oposición, bajar el precio de interconexión entre las empresas de telefonía.
Es decir, cuando un usuario de una empresa llama a otro de otra compañía telefónica, la primera debe pagar un canon, una tarifa, la cual se decidió bajar. Esta decisión, sin una explicación lógica detrás, más que la demanda de las empresas privadas, afecta negativamente a Antel ya que es actualmente la que mayor incidencia tiene en el mercado de las telecomunicaciones por un amplio margen.
Para Antel, esta decisión implica una pérdida de US$ 6, 5 millones (de dólares), ya que hasta ahora las multinacionales pagaban a la empresa estatal $ 1,70 y a partir de ahora será $ 0,88 por minuto o fracción, más IVA hasta el año 2023.
Es realmente muy incongruente esta decisión con el discurso público del Presidente en torno a la necesidad de ahorrar y reducir el déficit fiscal, más aún en un contexto de baja de la recaudación Estatal. No parece ser una idea muy coherente regalarle a los privados dinero que en definitiva le pertenece al estado y a las y los uruguayos, que en última instancia iría a rentas generales para subsidiar muchos de los gastos presupuestales. Pero bueno, eso fue lo que decidió la URSEC, aunque parezca contraintuitivo, si indagamos un poco más quizá entendemos los verdaderos intereses que hay detrás.
¿Por qué la URSEC tomó una decisión tan perjudicial para Antel y todo el Estado uruguayo? Difícil responder a esta pregunta sin entrar en suposiciones, pero parece entenderse todo cuando vemos que la actual presidenta de la URSEC, Mercedes Aramendía, era hasta antes de ocupar su puesto como presidenta, nada más y nada menos que la jefa de Relaciones Institucionales de Movistar, siendo la responsable de la regulación y de las relaciones institucionales con los diferentes actores del mercado de las telecomunicaciones. Es decir, hasta hace un año y medio era ella la encargada de reclamar frente a la URSEC que le bajen las tarifas a Movistar.
Y hoy, al otro lado del mostrador es ella quien toma la decisión (con apariencia discrecional y hasta delictiva) de bajarle los costos a Movistar y Claro en perjuicio de Antel.
Asistimos sin dudas a un claro episodio de conjunción de intereses, algo que va en detrimento de la Ley de Ética de la Función Pública. En cualquier país serio, en el que se regulan las puertas giratorias entre los privados y los públicos en cabal competencia, lo de Mercedes Aramendía sería un escándalo nacional.
¿Cómo una misma persona puede ser juez y parte?
Tristemente solo nos queda pensar que como dijimos en otras oportunidades, la doctora, egresada de la Universidad de Montevideo, no deja de ser una operadora del mercado privado de telecomunicaciones desde su nuevo rol en una dirección estatal, que ni más ni menos, es la responsable de regular los servicios comunicacionales del país.
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