M.A.- La semana pasada las temperaturas llegaron a bajar mucho. Concretamente el 27 de julio, madrugada en que el MIDES realizaba un relevamiento de las personas en situación de calle en Montevideo, llegaron a 7º. El resultado del relevamiento: 16% de incremento de la cantidad de personas en situación de calle en esta Capital durante el 2021 y en relación al año anterior. O sea 3907 personas más. Crisis, invierno y pandemia mediante.
¿Qué reflexión te merece esta situación?
La información que nos ha llegado al respecto de ese relevamiento que realizó el MIDES de las personas en situación de calle, es que estuvo precedido de un fuerte operativo logístico y de categorización político-técnica; es decir, concretamente manejamos que el número de compatriotas que viven en la calle es bastante mayor que esa cifra “oficial”. Cuando se habla de una operación de categorización técnica -que siempre es política, como bien sabemos los que entendemos que no existe la neutralidad técnica en las definiciones y categorías conceptuales relacionadas a las políticas sociales- nos referimos a que los números brutos se van “depurando” según esas personas estén vinculadas a algún dispositivo de contención y asistencia (ya sea alimentaria, sanitaria o de otro tipo).
Entonces, si esa persona tiene algún vínculo con alguno de estos dispositivos, entonces ya no está “en calle”, sino que está contactado por algún dispositivo de intervención; pero en los hechos, sigue teniendo toda o parte de su vida cotidiana en la calle. El número que publicitó el MIDES en cambio, haría referencia a aquellas personas que directamente no tienen ningún punto de contención desde alguna política social de asistencia. Por eso decimos que hay mucha más gente en situación de precariedad y vulnerabilidad de lo que ya indica un aumento a partir de esa cifra oficial. Por algo el ministro dice que “esperaban que los números iban a ser aún mayores…”- Por algo será.
Pero más allá de este relevamiento puntual, que es parte de una discusión más general acerca de la concepción que tiene este gobierno en relación a las políticas sociales, es evidente que la crisis social y laboral impactó de lleno en la población de bajos recursos y generó una fuerte caída en el ingreso de los hogares. En esto no solo tiene responsabilidad el MIDES sino que es parte de una concepción política global, donde principalmente juegan su papel sobre todo la política económica, y junto a ella la política de seguridad, la política laboral y de vivienda. Dentro de esta coalición de gobierno, existen múltiples visiones sobre las políticas sociales, y sinó miremos como Sanguinetti manifiesta su rechazo a que se le den 2500 pesos por mes a las embarazadas y madres de niños de 0 a 3 años de más bajos ingresos, porque según el, eso se parece “mucho a lo que hizo el Frente Amplio”. El grado de indiferencia política hacia lo social va desde las líneas más extremas -como esta del dos veces presidente Sanguinetti- a otras un poco más moderadas, pero que en definitiva se unifican en algún punto que identifica a la exclusión y la marginación social como resultados “inevitables” de una concepción en la cual “la autonomía” de las personas respecto al Estado y las políticas de asistencia es casi que sinónimo de dejar a miles de compatriotas dejados a su propia suerte. Lamentablemente esta es la concepción que gobierna hoy las políticas sociales.
M.A.- La Rendición de Cuentas 2020 prevé un crecimiento económico para el 2021 de 3,5%, continuando los siguientes años con PBI ascendente del orden del 2,9%, 3,1%, 3,2%, 3,2%. Una vez que comience el crecimiento y más allá de lo extremadamente dudoso de tales expectativas ¿se enterarán estas personas? ¿Qué políticas específicas prevé el gobierno al respecto y cuál es tu opinión?
A pesar que el equipo económico y la Ministra de Economía digan y repitan que “todas las proyecciones se cumplieron”, lo cierto es que el saldo social y laboral de esos supuestos “cumplimientos” son cientos de miles de compatriotas en la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Para las autoridades, “se dispusieron todos los recursos necesarios” para atender la emergencia social derivada de la pandemia, pero eso no lo sostienen ni los propios socios de la coalición gobernante. Porque por algo han venido realizando desde febrero de este año muchas propuestas complementarias a lo que ha venido realizando el gobierno en materia de asistencia social. Que obviamente además significan mayor gasto y mayores recursos para atender esta emergencia.
Con la Rendición de cuentas que se está discutiendo ahora, conocemos la magnitud del recorte del gasto público realizado en el 2020, en plena pandemia. El año pasado hubo una reducción de 309 millones de dólares; esta baja real del gasto se compone del
recorte de 86 millones de dólares en salarios (de los cuales 38 millones fueron en ANEP). Luego un recorte de 124 millones de dólares en las inversiones (46 millones en transporte, 32 millones en vivienda, 11 millones en el INAU); y además la baja de 99 millones de dólares en los gastos de funcionamiento. Es decir, todos estos recursos se ahorraron y podrían haber sido destinados a amortiguar el terrible impacto social de la crisis económica y la pandemia. Se podría haber tomado más deuda, se podría haber destinado mayores recursos fiscales y aún así se podrían haber cumplido las metas que se habían propuesto. Nos gobierna un fundamentalismo fiscal que no mira de impactos en la vida real de las personas. Por eso a estas proyecciones de crecimiento para los años próximos no se les puede creer absolutamente nada de nada.
Ahora se destinan mayores recursos a primera infancia, algo en materia de políticas de empleo y un retiro de recursos al Instituto Nacional de Colonización para atender un fideicomiso para los asentamientos; pero lo que no se tiene en cuenta que ellos mismos recortaron recursos para la política de vivienda, que podría haber sido reforzado con otros recursos para impulsar la obra pública destinada a vivienda, y sin que ello significase la desmantelación del Instituto Nacional de Colonización, al cual año a año se anotan más de 1000 compatriotas del medio rural para acceder a un pedazo de tierra para producir y vivir. En los hechos esto supone un impacto enorme en el incremento de la pobreza en el interior del país, ya que el Instituto de Colonización quedará paralizado por lo menos hasta el año 2025. La apuesta por los malla oro es radical, de shock económico directo contra cualquier otro sector socio-económico subalterno, y que se expresa sobre todo en las políticas dirigidas hacia los sectores de bajos recursos.
|
