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En estos días continúa la discusión en el Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el gobierno. En el mismo se manifiesta el resultado de su gestión en el año 2020, lo que refleja como aplicaron los recursos públicos que habían sido aprobados en la Ley de Presupuesto anterior.
Al respecto, el Frente Amplio hizo sus valoraciones en el entendido que se está desarrollando un ajuste, a pesar de las fortalezas que tenía el país al momento de asumir el gobierno de la coalición.
Desde la llegada al gobierno, el Ministerio de Economía delineó la política económica centrando su desarrollo en el ajuste fiscal como pilar fundamental. Y ello, fue más allá de lo que hicieron el resto de los países con orientaciones ideológicas coincidentes, pues en plena pandemia no estuvieron los recursos necesarios para hacerle frente a sus consecuencias económicas y sociales, habiéndose invertido menos del 1% del PBI ante la crisis sanitaria y económica global. De esa insuficiencia da cuenta la proliferación de ollas populares como expresión de la solidaridad organizada.
Esa mirada de las finanzas públicas desconectada de los problemas sociales, hizo también contradecir las propias promesas electorales del actual gobierno. Crecieron los impuestos por más que sostengan lo contrario, en este año y medio de gobierno aumentaron el IVA, el IASS, el IRPF y el IMESI, además de crear un impuesto específico a los más altos salarios públicos para financiar algunos gastos ocasionados por la pandemia.
La contracara de la retirada del Estado de la actividad económica es la apuesta del gobierno al sector privado como motor de la economía, volviendo otra vez, como lo hicieran en los años noventa, a que el crecimiento en los ingresos de algunos “derrame” sobre el resto. Esto no ocurrió ni entonces ni ahora, pero, por ejemplo, se incrementaron los beneficios a empresarios y propietarios de grandes extensiones de tierras mediante alteraciones tanto en el IRAE como en el Impuesto al Patrimonio. Al mismo tiempo la política salarial con caída en términos reales, lo que no sucedía desde el año 2003, castiga a las y los trabajadores.
En esa forma elitista de tratar los problemas de la economía real, las MIPYMES también sufrieron las consecuencias del ajuste ya que por más que sean las generadoras del 67% del empleo del país, tuvieron insuficientes medidas de apoyo, acentuando su problemática con la caída de la demanda interna, lo que significó la pérdida de miles de estas empresas en 2020.
La Tijera
En la propia Rendición de Cuentas se manifiesta el recorte de recursos públicos hacia el desarrollo de las políticas, reforzando así su objetivo de reducir el déficit fiscal tanto incrementando los ingresos vía impuestos como disminuyendo el gasto público, es decir, recortando.
El ajuste se expresa en 2020 en 309 millones de dólares, de los cuales 86 millones se corresponden al recorte en la masa salarial cuya mitad lo representa la caída en la masa de remuneraciones de maestras, profesores/as y funcionarios de la ANEP y casi 100 millones de dólares en otros recursos de funcionamiento de escuelas, centros CAIF y hospitales. Por el lado de las inversiones, se recortaron 124 millones de dólares que afectan el desarrollo de la infraestructura del país, de la profundización de los programas de vivienda y las inversiones necesarias en el INAU.
Como contraparte de los recortes de los recursos públicos se promueven diversos fideicomisos para financiar una serie de problemas que son desatendidos con recursos públicos. En el caso del fideicomiso para la regularización de asentamientos, se afectan los recursos de las políticas de tierras desarrolladas por el Instituto Nacional de Colonización, hiriendo así una de las acciones públicas que tienen más tangible el componente redistributivo en el interior del país. La posibilidad de que estos fideicomisos sean financieros implican que puedan emitir deuda en el mercado y así comprometer recursos a largo plazo. Grave resulta entonces, que las políticas públicas financiadas con los fideicomisos no se imputen al resultado fiscal.
La expectativa en el sector privado no se condice con las necesidades actuales, donde resulta evidente la importancia que tiene el Estado en el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento de la matriz de protección social a la hora de combatir las desigualdades en los puntos de partida de los sectores de ingresos más bajos de la población, así como de la generación de igualdad de oportunidades. En línea con ese camino, no aparecen en la Rendición de Cuentas 2020 acciones que tiendan a la inclusión mediante políticas activas de empleo, impulso a los sectores afectados por la pandemia o cierre de brechas sociales acrecentadas por la propia crisis. Por el contrario, ese rumbo parece ser invisibilizado con el objetivo de ajuste, como rector de la política económica.
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