Sebastián Valdomir – Inés Cortés
Conozcamos la magnitud del recorte del gasto presupuestal del año pasado: el gasto presupuestal del año 2020 (sin el Fondo Coronavirus, ya que es un fondo extrapresupuestal), se redujo 2% en términos reales, lo que expresado en dólares significa una reducción de unos 309 millones de dólares.
El gasto de la Administración Central se redujo un 5,8% en términos reales y el de los organismos del art. 220 de la constitución (El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados) un 3,5%. Es decir, todos los ministerios y organismos del 220 redujeron su gasto, salvo el MSP por el aumento del gasto en medicamentos de alto precio por sentencias judiciales y por la ordenanza.
Esta baja real de 309 millones de dólares se compone de:
-Recorte de 86 millones de dólares en salarios (de los cuales 38 millones corresponden a Anep).
-Recorte de 124 millones de dólares en inversiones (46 millones en transporte, 32 millones en vivienda, 11 millones en INAU).
-Recorte de 99 millones de dólares en gastos de funcionamiento
Los impactos del recorte
Si una enseñanza para todos los gobiernos del mundo deja esta pandemia global, es que deben existir usinas de políticas públicas enfocadas directamente en alcanzar propósitos clave para asegurar la salud de la población, el trabajo de las personas y las reglas para la actividad económica.
En todo el mundo las preguntas de estos últimos 20 meses han sido: ¿Podemos producir suficientes EPI para los trabajadores que están en primera línea? ¿Respiradores suficientes para los pacientes en las unidades de cuidados intensivos? ¿Una vacuna que ayude a crear inmunidad? ¿Podemos proteger a la gente que ha perdido su trabajo, de modo que tenga el derecho básico a un ingreso mínimo, comida, alojamiento y educación?
Las respuestas a todas estas preguntas dependen de la organización de nuestra economía más que de la cantidad de dinero que se dedique a los problemas. En una economía como la nuestra, el papel que juegan las áreas estratégicas de las Empresas públicas son absolutamente cruciales para responder esas preguntas: Telecomunicaciones, Energía, Alimentos, agua potable; encadenamientos productivos público – privados, producción sustentable sin destrucción o hipoteca de recursos a futuro.
Esta rendición de cuentas hace todo esto pero al revés. Se le recortan áreas estratégicas de desarrollo e innovación productiva a empresas como ANTEL y ALUR.
El caso de Antel
En lo que refiere a Antel, con la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones se obliga al Estado a financiar empresas privadas de telecomunicaciones, empresas multinacionales con las que Antel luego compite.
Según lo describió el Ministro de Industria en el Parlamento: “cuando uno está pensando en el acceso universal a las telecomunicaciones es que se encuentra con zonas alejadas, de costosa llegada o que no tienen demasiada densidad de población que lo justifiquen desde el punto de vista empresarial o de negocios”. Al día de hoy se estima que hay unas 150 localidades carentes del servicio o que no cuentan con un servicio básico, aceptable.
¿Cómo nos explicó el gobierno que se soluciona este problema? Muy fácil, fondos públicos. “Es la solución española; no fue inventada por nosotros”, nos dijo el Ministro Paganini. Claro, lo que pasa es que en España no hay empresa pública de telecomunicaciones
Pero, ¿cómo se consiguen esos fondos públicos? Mediante la subasta de frecuencias que son propiedad del Estado uruguayo. De lo que se obtenga por esa subasta se destinará hacia el Fondo Universal de Telecomunicaciones, unos 100 millones de dólares. Luego lo que se hará es subastar la colocación de torres de telecomunicaciones para llegar a esos puntos sin cobertura. La empresa que ofrezca un precio menor se queda con la obra. Luego que esté instalada la antena y la infraestructura, la podrán usar todos los operadores de telefonía celular.
Es decir, fondos públicos pudiendo financiar empresas privadas con las cuales la principal empresa de telecomunicaciones, que es la estatal Antel, está en competencia directa. Pero lo que es más llamativo de todo esto es que las empresas privadas serán en cierto modo “obligadas” a participar de estas subastas inversas. ¿De qué manera el Estado uruguayo puede obligar a una empresa privada a hacer algo que no está en su plan de negocios? No lo respondió directamente Paganini; pero tenemos una pista por una entrevista reciente en un medio de prensa del Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, en la que reconoció y cito textual que “Obviamente, ellas tienen interés en participar de la licitación del 5G el año que viene y esta es una parte de las condiciones que estamos poniendo a los efectos de poder dar una cobertura nacional. Independientemente de que no les guste, entienden la política de desarrollo de las telecomunicaciones que quiere llevar adelante el gobierno”
Lo otro llamativo es que Antel, según se desprende de sus planes de infraestructura y de lo que dijo su Presidente luego de una reciente reunión con el Presidente de la República es que la empresa estatal de telecomunicaciones ya tiene previsto alcanzar al 99% de la población uruguaya en la cobertura, alcanzando las localidades de menos de 500 habitantes. Para este año 2021 y para el año 2022, Antel ya tiene previsto ampliar la cobertura en 125 localidades del interior profundo del país.
Entonces, ¿por qué directamente no se le otorga un respaldo financiero de recursos públicos, a Antel que es una empresa pública, para que concrete la universalización de la cobertura? No lo sabemos. Pero sí podemos inferir algunas circunstancias, como por ejemplo las próximas inversiones en materia de infraestructura 5G. Este tema claramente no se hace solo con vista a ampliar la cobertura de acceso, algo que ya la empresa estatal tiene previsto hacerlo en este mismo período de gobierno.
El caso ALUR
En lo que refiere a ALUR, mediante el artículo que elimina la mezcla de biodiesel con el gasoil, se nos quiere hacer pensar que el precio final del gasoil bajará (en el entorno de 1.20 pesos hasta 1.50 pesos) el precio por litro. Esta es la justificación. Aparentemente, aquí lo que se sustentaría es que dejando de mezclar el biodiesel con el gasoil este podría bajar según lo que dice el ministro- $ 1,5 por litro.
¿Pero a qué costo bajaremos 1 peso el litro de nafta? ¿Cuántos puestos de trabajo se perderían en la planta Capurro, y en toda la cadena productiva que implica la mezcla de biodiesel con gasoil en nuestro país? ¿Y en cuanto a los puestos de trabajo indirectos, por ejemplo, los proveedores de materia prima nacional para la producción de aceite que es lo que luego se utiliza como materia prima para la producción del biodiesel?
¿Cuánto le costará al Estado el fin del convenio Alur-Cousa? Es un acuerdo que está vigente, que tiene una dotación anual de plata, que va hasta el 2027 y que, por año, calculándolo a partir del momento en que ese acuerdo se concluye, se tendría que cubrir ese costo y una cierta mora o multa. Si este acuerdo se cae, ¿a cuánto el Estado va a tener que hacer frente para denunciar el acuerdo? ¿Se pueden compartir estas cifras?
El actor privado hizo una inversión al construir esta planta del entorno de US$ 50.000.000
El ministro en el Parlamento dijo: “Habrá que negociar una salida razonable para ese contrato con Cousa. Hay un contrato que se respetará o se negociará una salida. Efectivamente tendrá un costo, pero en el mediano plazo salimos del problema”
Cuando vino el equipo económico, se insistió mucho en la necesidad de generar inversión productiva genuina, ya sea extranjera o nacional. Resulta que acá un actor nacional hace una inversión productiva, apostando al desarrollo productivo del país, pone plata, genera y logra un encadenamiento productivo dando beneficio no solo a los trabajadores, sino también a los productores del medio rural, alcanza un acuerdo con el Estado, y de buenas a primeras este cierra el acuerdo.
Esto es muy llamativo, por no decir alarmante, porque en definitiva lo que estamos precisando y buscando es dar una señal a los inversores privados nacionales, y lo que estamos diciendo es que por bajar el precio del combustible $ 1,5, en el mejor de los casos, estamos echando por tierra una inversión productiva nacional genuina. Eso es un problema, una inconsistencia general, no del ministro ni del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sino de todo este proyecto de rendición de cuentas; porque por un lado dice defender la generación de puestos de trabajo y destruye puestos de trabajo en algunas cosas; por otro, dice promover la inversión y en algunos casos está tirando inversión productiva nacional.
¿Qué pasa con las otras unidades de negocio que están vinculadas a la producción de aceite para biodiesel, por ejemplo, ración animal? La ración animal que se produce en la planta de Cousa es la que se vende a la exportación de ganado en pie. Uruguay dejó de importar ración animal y se cubre con este subproducto.
Una vez que ya no haya planta para producir la ración y no haya necesidad de producir biodiesel, volveremos a importar ración animal para las exportaciones de ganado en pie, lo cual implica pérdida de divisas, pérdida de autonomía nacional en un rubro sumamente relevante.
Esto lo reconoció el Ministro Paganini -”Cuando se habla de los subproductos, sí puede haber un tema con la ración que habrá que estudiar.”
Por todos lados vemos lineamientos de ajuste perjudiciales para las mayorías, con argumentos poco convincentes, con explicaciones hasta ilógicas, y con beneficiarios muy reducidos. Una respuesta paupérrima e irrespetuosa para los uruguayos y uruguayas frente a la crisis social y económica que nos toca atravesar. Una rendición de cuentas que manifiesta los problemas internos de la coalición y que nos deja a todos y todas de rehenes.
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