Ambiente hostil y carente de derechos humanos; en estado crítico, rodeado de violencia y criminalidad. Diversas ideas y proposiciones para mejorar, no obstante, el soporte para llevarlas a cabo es sustancial. La solución, encontrar un culpable y atribuirle toda la responsabilidad.
La situación carcelaria de Uruguay siempre fue compleja, sin embargo hoy, parecería ser peor. Los titulares lo exponen; un recluso en el Penal de Libertad (Ex- Comcar) fue secuestrado, torturado y abusado aproximadamente por 40 días. Parte de la medida que se tomó fue destituir al encargado del módulo 10 y 11 del penal ya que la situación “generaba vergüenza”, palabras del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Los planes para rehabilitar a las personas privadas de libertad están presentes pero no reciben el soporte que deberían; su ayuda se torna insuficiente. Esto construye una cadena cuyo fin parece inalcanzable. Las situaciones se repiten, las indignaciones vuelven pero luego con el paso del tiempo, se olvidan.
Tres especialistas relacionados a temas carcelarios, violencia, criminalidad y penitenciaría coinciden en que el punto de inflexión debe ser el Estado. No obstante, lo entienden ausente. En diálogo con Mate Amargo, la coordinadora del programa Nada Crece a la Sombra, Denisse Legrand, el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), Juan Nolasco, y la docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de la República especializada en el sistema penitenciario y participante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (Nacvi), Ana Vigna, manifestaron sus opiniones sobre lo que consideran que sucede en las cárceles uruguayas.
“LA CÁRCEL FOMENTA Y PRODUCE DELITOS”
Para Legrand, es una situación compleja y está en un punto agudo; hay un récord histórico de muertes dentro de los penales en lo que va del año; el total asciende a 54. El año pasado, en 12 meses, hubo un total de 48 fallecidos. En estos números sobresalen las muertes dudosas y los suicidios.
En cuanto a las oportunidades de mejora, citó las palabras del Comisionado Parlamentario en el que se dijo que el porcentaje de rehabilitación de los reclusos bajó de un 27% a un 11%. Según ella, estos datos dan cuenta que 9 de cada 10 reclusos está condenado al fracaso y a la reincidencia. Para ejemplificar esto, mencionó la problemática que se presentó hace unos días con el recluso que estuvo secuestrado. “La cárcel fomenta y produce delitos y esto es lo único que sostiene la vida de los reclusos dentro del penal” remarcó. Para ella, al no existir una rutina habitual donde los estándares de conducta permitan una vida en “armonía”, la supervivencia dentro del recinto se termina asociando a los actos delictivos. “La falta de apoyo familiar, la ausencia del respeto por los derechos humanos, la falta de comida y el hacinamiento, producen violencia en demasía y los reclusos tienden a cometer más crímenes dentro de la cárcel. Por ejemplo, hay algunos que ingresaron por casos muy especialmente agravados pero dentro de las instalaciones tienen una excelente conducta y hay otros, que por el contrario, ingresaron por un delito menor -como el hurto- y dentro de la cárcel su conducta es mucho peor” explicó.
Nolasco por su parte también remarcó que dos de los factores que contribuyen a la situación crítica, son el hacinamiento y el recorte de presupuestos. Según él, los reclusos viven constantemente en situaciones de vulnerabilidad. La comida es mala, los recursos no son suficientes, las condiciones edilicias son pésimas y existen celdas pequeñas para muchos reclusos entre otras cosas. A su vez, sugirió que con las nuevas disposiciones y recortes presupuestales las problemáticas se van a agudizar. “Hay muy pocos funcionarios para la cantidad de presos; actualmente en Santiago Vázquez hay aproximadamente 4 funcionarios que llevan adelante el trabajo de 6 pisos” dijo y continuó “en un módulo solo hay más o menos 700 reclusos. Está más que claro que los controles no son suficientes”.
A su vez, sentenció que uno de los incisos más grandes es que los recursos se están abocando hacia los móviles en las calles porque la sociedad los reclama sin dar cuenta de que el verdadero centro de seguridad debería ser el penal. “Los recursos se tienen que utilizar en las cárceles y de esta manera, si se le da seguimiento, ayuda y rehabilitación a un preso, probablemente no vuelva a reincidir”.
EN AUMENTO
Otra de las temáticas que preocupa, es el aumento de personas que son privadas de libertad. En cuanto a esto, Nolasco también citó al Comisionado Parlamentario y explicó que en un relevamiento que se hizo se pudo concluir que si la situación sigue de la misma manera, al finalizar el período de gobierno se pasará de tener 14 mil reclusos a 19 mil. Una cifra aún peor. “En una encuesta que se hizo cuando finalizó el gobierno anterior, se concluyó que habían 11700 presos y hoy, llegamos a un total de 14000 en un período de 1 año y medio de gobierno” aclaró. Asimismo, lamentó que otro factor que colabora con el aumento de la población carcelaria se debe en parte a la Ley de Urgente Consideración; “las penas se aumentan, la privación de libertad también, se recortan presupuestos pero nada se enfoca hacia la rehabilitación y mejora” dijo.
Por otro lado, para Legrand, con el aumento de población carcelaria se resquebraja el “espejito de colores” que se planteó por parte del gobierno en referencia a la mejoría de la cantidad de reclusos y situación carcelaria. A continuación, agregó que cuando ocurren casos como los del secuestro del módulo 11 se ve el trasfondo real de la situación. “Nos venden la foto de que todo está mejor pero hay algo del relato y la realidad que no cierra. Es importante que se genere un diálogo que trascienda al gobernante de turno para entender la situación. Los políticos hoy están en un lugar y mañana en otro, y está bien porque es su trabajo pero es importante que se articulen y nutran de las academias, de la sociedad civil, de los operadores penitenciarios y de la sapiencia de quienes trabajan de cerca en el tema para poder mejorar” indicó.
En cuanto al grado de criminalidad del país, Ana Vigna, sugirió que se llegó a un pico de tasa de homicidios (según aclaró este es el indicador de violencia que sirve para compararse con otros países) no obstante, si se compara con otros países de la región como por ejemplo Colombia, México o Brasil, la situación sigue igual. “Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo en cuanto a criminalidad y violencia y, en términos relativos, Uruguay se mantiene en un punto intermedio”. A pesar de que la experta entiende que no hay una explicación unívoca para el comportamiento delictivo -ya que cada uno piensa en cosas distintas-, sí llama la atención el grado de violencia con el que se desarrollan.
Para poder identificar un delito, Vigna explicó que hay que ver los indicadores y en su mayoría los predictores son el sexo y la edad. “Básicamente la mayoría de los delitos se cometen por hombres; las mujeres representan menos del 10% de los casos” dijo y agregó “en cuanto a la edad, el predominio delictivo se da en los jóvenes. En estos casos, la policía y la justicia muchas veces tienen un sesgo de selección sobre ciertas poblaciones: hombres, jóvenes, pobres”.
UNA REHABILITACIÓN
Para empezar, Vigna refirió a que la educación y la familia son un factor que contribuye a que las personas se mantengan alejadas de la criminalidad. “En la medida en que la persona permanezca más tiempo dentro del sistema educativo, en la órbita del hogar, con una rutina laboral, las chances de involucrarse en actividades menos estructuradas como los delitos son obviamente menores” sentenció. Para ella, en términos de prevención es muy importante tomar en consideración el rol de los actores que se relacionan con el individuo: el barrio, la comunidad, la familia, el estudio y las políticas que se brinden para aquellos jóvenes que quizás no tienen las mismas oportunidades de inserción laboral. “Un empleo digno y el reconocimiento hacia la persona son factores muy importantes” puntualizó.
Sin embargo, a pesar de que quizás muchos individuos gozan de algunos de los aspectos mencionados anteriormente, delinquen. Y es aquí donde la situación se complica.
Nolasco explicó que la rehabilitación es un factor determinante en la reincidencia de crímenes. “Es el primer paso para mejorar. No se puede desconocer de dónde viene la mayoría de las personas que se privan de libertad. No solo alcanza con trasladarlos hacia un centro penitenciario y dejarlos allí; la cárcel no es un depósito de personas” lamentó. Por consiguiente, remarcó que la ausencia de recursos para invertir en la rehabilitación genera que la situación se repita. “Una vez que el individuo sale, en muchos casos no tiene casa, no consigue un trabajo digno o un trabajo directamente, no se le hace un seguimiento y esto termina en una reincidencia” confesó.
Por último, entendió además que la educación es una “pata importante” para evitar la vuelta hacia el sistema penitenciario. “No se puede dejar de lado la formación si tenemos en cuenta el nivel laboral que requiere el país. Cuando vas a una entrevista habitualmente te piden un currículum con experiencia laboral y nivel de estudios importante.” dijo y se preguntó “¿qué pasaría entonces con una persona que fue privada de libertad que no solo tiene el estigma por haber estado en una cárcel sino que también en muchos casos no tiene un ciclo básico aprobado?”, “probablemente nunca consiga trabajo” finalizó.
Por otro lado, para Legrand, “es difícil que haya algo peor que el Comcar porque es el castigo del castigo”. Según indicó, es de suma importancia que se pueda garantizar que el ecosistema de las personas que conviven allí se aleje de la violencia para poder cambiar. Una persona cuya rutina se basa en la agresión y criminalidad para poder subsistir, cuando sea liberado es probable que le cueste desprenderse de esa mochila con la que acarreó durante tanto tiempo.
UN ESTADO AUSENTE, ES CULPABLE.
“Sin política no podemos sostener nada” confesó Legrand. “El estado está ausente porque sabe cuáles son las necesidades pero no toma cartas en el asunto” concluyó. Por su parte entendió que muchas veces se cae en la dicotomía de tratar de querer encontrar a los responsables y culpar a una persona por lo sucedido pero en realidad el problema está en el sistema. “Lo que pasó con el recluso de Santiago Vázquez, es la punta del iceberg y esto permite la discusión del horror. Cuando esto pasa, nos indignamos durante 24 o 48 horas, buscamos un culpable, cortamos fino pero después nos olvidamos” subrayó.
A continuación dijo “se hizo una conferencia en la que se avisó que se iba a cesar al director del módulo y se lo responsabilizó por lo sucedido pero no se habló sobre lo que realmente sucedió. El estado no llega a ver estas situaciones porque no tienen una dependencia dentro del lugar para poder ver lo que realmente pasa”. Para finalizar repitió “hay un Estado totalmente ausente”,
Al igual que Legrand, para Nolasco, la conclusión a la que se llega es a la falta de interés por parte del Estado. Para él, es fundamental que los funcionarios gocen de un buen estado de salud para poder colaborar y trabajar en buenas condiciones. “No se le brinda atención psicológica a los trabajadores y funcionarios penitenciarios” dijo. Por último, entendió que hay un estrés constante y que las autoridades no toman recaudos en esto.
Para finalizar, para Vigna, el Estado es una paradoja ya que cuando priva de libertad a una persona, la coloca en una situación de total dependencia para poder acceder a los derechos básicos como la alimentación, materiales dignos de vida tales como un colchón, un lugar limpio donde poder moverse, el acceso a la educación y más. No obstante, no se los otorga. “Los recursos para atender a las necesidades no aumentan y no se puede velar por su cumplimiento” puntualizó.
