Por EconomiaPolítica.uy
La memoria ya no es tan corta
El año pasado (2020) el BPS publicaba la pérdida de casi 40 mil empresas y de esto hay memoria. Hay memoria porque el desempleo pegó con fuerza en los hogares, cayeron los ingresos de las familias, aumentaron en 100 mil las personas en situación de pobreza, y pulularon las ollas populares que a estas alturas se conformaron en una institución por el tiempo que llevan subsistiendo. Todos estos problemas que guarda la memoria, son el mejor ejemplo de la incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis, pues son ejemplo de la insuficiencia de las medidas económicas.
Las medidas fueron unas pocas y tomadas desde el año pasado. Eso sí, cada vez que estiraban su plazo de actuación, daban la impresión de que fueran “nuevas” o así parecía tal vez por la propaganda que las mostraba. De hecho, mucho ruido y pocas nueces. Ahora están haciendo algo similar (más propaganda que otra cosa).
Estas acciones establecidas el año pasado para todas las empresas (no solo las que están en un radio de 60 km de la frontera) se vencieron en julio del 2021 e implicaban, entre otras cosas, para los sectores afectados por la pandemia (turismo, organizadores de fiestas y eventos, transporte, deporte, cultura) exoneraciones a los aportes patronales; exoneraciones de anticipo de impuesto al patrimonio; se extendió la devolución de IVA al sector gastronómico; un ingreso de poco más de 7 mil pesos para monotributistas por un período muy acotado asociado a la inmovilidad de la pandemia. Ahora, y una vez que estos beneficios cayeron (la mayoría como dijimos antes en julio de este año) para todas las MiPyMES, se vuelve sobre algunas de estas medidas, lo que solo para empresas instaladas en un radio de 60 km de la frontera y que anualmente facturen hasta 20 millones de pesos al año (452 mil dólares al año, menos de 38 mil dólares al mes). Por tanto y en primer lugar, para estas empresas fronterizas, la realidad no será muy diferente a la vivida hasta el mes de julio de este año, pues mayormente se trata de empresas comerciales y que integran los sectores más afectados por la crisis. En todo caso, podría ser peor.
Las nuevas medidas
Se trata de exoneraciones para empresas con las características señaladas (que se ubiquen en un radio de 60 km de la frontera y que facturen hasta 20 millones de pesos al año). Estas exoneraciones son: aportes patronales, monotributo y monotributo MIDES, IVA mínimo a pequeñas empresas, IRAE, Impuesto al Patrimonio. Eso sí, nada hablan del incremento del tipo de cambio brusco al inicio de este gobierno, que la realidad demostró totalmente innecesario, o solo necesario para que el “malla oro” exportador ganara más. Tampoco hablan del aumento sufrido en los combustibles y la afectación (incluidas las empresas de frontera) que implicaron estos tarifazos a los costos de la producción y los servicios.
En términos generales se trata simplemente de aliviar un poco las dificultades – y ante la eminente apertura de la frontera argentina- agudizadas por las diferencias entre los países en torno al tipo de cambio y otros elementos que hacen a la competitividad, o sea a los costos para las empresas y sus precios de venta
La forma generalizada que se otorgarán no asegura ni disminución de precio, ni mejora de la competitividad. Pero, además la informalidad no se puede negar, por tanto, a muchas empresas la exoneración del aporte patronal no les cambia nada.
Pongamos ahora un ejemplo de una empresa que facture algo más de 120 mil pesos al mes. Por todas estas medidas tendrá un beneficio máximo estimado en el 5,6% de esa facturación, o sea menos de 7 mil pesos, una gota de agua en un desierto, a la vista salta que es muy poca cosa y que no resuelve nada. El ejemplo nos dice también que si se tratase de una empresa que facturase la mitad (o sea 60 mil pesos al mes) el beneficio obtenido con estas medidas no llegaría a los $3 mil 500.
A lo expuesto, que luce en proyecto de ley llegado al parlamento, se agrega lo que surge de los anuncios de prensa: bonificaciones de los cargos fijos en la telefonía, más una disminución del 25% en los cargos fijos de internet; UTE bonificaría el 100% de sus cargos fijos, exoneración que también hará OSE.
Estos beneficios, implicarían un ahorro de $16 mil pesos anuales a las empresas mayores, las que facturen 20 millones de pesos, o sea insignificante para ellas. Si el costo de esta renuncia fiscal, se hubiera concentrado solo en los más chicos, el impacto hubiera sido otro.
Lamentablemente otra vez vuelve a llover sobre mojado: ¡Qué gusto a poco!
