Por Ricardo Pose
La Ley de Urgente Consideración fue promulgada el 9 de julio del año 2020, y de toda ella, sólo 135 artículos son lo que se ponen a consideración el 27 de marzo. Vale recordar que el Frente Amplio opositor al gobierno votó el 72% de la ley, con lo cual sostener que el referéndum es una medida contra el gobierno resulta un argumento bastante endeble.
Su aprobación en materia de seguridad vino a consagrar jurídicamente una filosofía que no es nueva en la sociedad uruguaya y que adjudica un rol más punitivo, no sólo a las fuerzas de seguridad del Estado sino a ese sector social que atraviesa horizontalmente la pertenencia de clase, dispuesto a hacer justicia por mano propia.
No estaba aprobada la LUC cuando en febrero del 2019 un vecino de Punta Gorda ejecutó a Felipe Cabral, conocido como Plef en el mundo del arte callejero, pero si la sociedad se había polarizado en torno a aquel proyecto de reforma que alcanzó las firmas necesarias en la campaña “Vivir sin miedo”. No había LUC cuando la entonces oposición en la Junta Departamental de Rocha realizó una asonada institucional contra el gobierno de Aníbal Pereyra. Tampoco cuando una patota civil desalojó de una estación de servicio a los trabajadores en conflicto, ni cuando integrantes de Un Solo Uruguay arremetieron con sus equinos un cordón policial.
En enero del 2020 tampoco estaba aprobada al LUC, cuando en el interior un productor electrocutó a un joven que quiso pasar su alambrado conectado a 220 volts, ni cuando un policía ejecutó en una emboscada a un joven que se supone huía en su moto en la noche de Artigas, ni cuando varios vecinos del barrio la Bombonera en Malvín recibieron perdigonadas y allanamientos sin permisos.
Valorando el impacto político de derogar los 135 artículos, no guardamos mucha esperanza de que ese sector de la sociedad dispuesta a la “acción directa” en el combate, ya no al delito, sino a la apariencia delictiva, se retraiga. El cambio sustancial (o el retorno) acaecido en noviembre del 2019 no ha sido únicamente el de una valoración que no jerarquiza los derechos humanos y ciudadanos elementales, sino volver a la primera línea de gobierno los poderosos y grandes intereses de la minoría.
El lomo del libro
Las consecuencias aún vigentes del terrorismo de estado durante los años de la dictadura cívico militar, han generado en el cuerpo de la sociedad una hipervaloración de la frase “dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”. El partido nacional es la fuerza política que más ejerce ese concepto cuando plantea que todo su accionar está dentro de la ley, no importa si esas actitudes legales violentan la ética más elemental.
La izquierda también ha ceñido su accionar político dentro de los límites del Derecho, aunque eso implique bailar al ritmo que impone la Derecha. ¿Pero hasta cuando las fuerzas populares, el movimiento sindical, las organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda con o sin representación parlamentaria, convivirán en la contradicción impuesta por el gobierno?
En una sociedad asimétrica donde los antes mencionados están en clara e histórica desventaja, las medidas del gobierno que defienden por igual el derecho al que hace huelga y al que quiere trabajar, al que quiere manifestar y al que quiere circular, al propietario y al inquilino, al patrón y al asalariado, no se sostiene en el tiempo sin lesionar los derechos de un lado.
Seguir caminando haciendo equilibrio por el “lomo del libro” debilita a los débiles. En todo caso, es bueno agendar que el Poder no sólo evade caminar siempre por allí, sino que no duda en incluso patear el tablero. El camino exclusivo por el lomo del libro, la senda que asegura llegar por toda línea del horizonte que representa el parlamento en un mundo donde el gran capital rige los destinos de las naciones, oficia de anteojeras.
