Por Colectivo Histórico «Las Chiruzas»
“…lejos del bullicio de las armas…”
El Congreso de Abril le aseguró al Pueblo Oriental su libertad, su independencia y su soberanía. Al igual que su disposición a pactar, en un plano de igualdad con los demás pueblos, sobre los principios y garantías que expresamente se formularían en una Constitución. Así encontramos a la Provincia en posesión de su autonomía, con su ejército organizado, bajo la supremacía del primer Gobierno patrio nombrado el 20 de abril e instalado el 5 de mayo de 1813.
En la clausura del Congreso, y después de oír las palabras de Artigas que indicaba la aparición de desórdenes, abusos y excesos que se notaban en la campaña y que iban en detrimento de la tranquilidad pública, la Asamblea designó a las autoridades ejecutivas y judiciales de la Provincia. Podemos entenderlo como el primer ensayo de un gobierno institucionalmente organizado.
Con la designación de José Artigas como Presidente y Gobernador Militar, e integrado por personalidades revolucionarias relevantes, este cuerpo judicial y político se dedicará a resolver la administración de justicia y la economía del país, así como apoyar con pertrechos al ejército sitiador de Montevideo. Y para ello había que encontrar un lugar cercano, por eso se instalará en la Villa Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Canelones.
Recuperar la Economía
Apenas constituido, el gobierno pone sobre el tapete el gran problema económico de la Provincia y dedica sus mayores esfuerzos para brindar soluciones en tal sentido.
Artigas, al momento de formular sus conceptos sobre la propiedad, tuvo a su alcance los modelos de la Revolución francesa y de la Constitución federal norteamericana. Pero su concepción trascendía las implicancias individuales, considerando la propiedad en su función social, siendo esta “determinada por las necesidades del movimiento emancipador, como forma de asegurar el triunfo definitivo de la causa americana”(1)
Entre las diversas medidas cabe mencionar un “inventario de los bienes de los emigrados, los que deberían quedar embargados en personas de ‘abono y confianza’, con lo que se procuraba restablecer la explotación de bienes abandonados”(2) para recuperar la economía provincial, ordenando que se cobraran alquileres en las fincas de los emigrados. El destino de ese dinero sería el Fisco y solo se grabaría a las familias pudientes.
Artigas en su afán de incentivar la producción agrícola, “ordenó a los Cabildos proporcionaran toda clase de auxilios a los productores para sus sementeras y plantíos, pero conminando, también, a los remisos para que se aplicaran a la labranza.”(3) Y el 30 de octubre de 1815 se presentaba el “Proyecto de Agricultura para la Villa de Guadalupe”, en un intento de “…impedir la sangría que para la economía local significaba la compra en el exterior de los productos agrícolas”.(4)
Y para recuperar los rodeos diezmados, propuso “medidas de defensa de vientres vacunos y eliminación de matanzas indiscriminadas”(5) de hembras y terneros. Así como también prohibió la exportación de ganado en pie a Brasil y dispuso medidas para evitar cualquier tipo de contrabando, para impedir que el fruto de las haciendas de campo fuera extraído fuera de la Provincia y en detrimento de la Nación.
Ejercer la verdadera soberanía
Pero quizás la propuesta más ambiciosa fue la de un proyecto de constitución territorial para la “Provincia Oriental del Uruguay”, libre, soberana e independiente. Para ello implementaría cabildos y jueces a través del voto popular que ayudarían a la organización político- administrativa.
El breve lapso de actuación del Gobierno Económico, pues éste cesó al instalarse nuevas autoridades por el Congreso de Capilla Maciel, en diciembre de 1813, abarcó la administración de justicia, el abastecimiento de los ejércitos, la recaudaciones de los tributos, los problemas de la producción agrícola y la recuperación de la ganadería, la administración de los bienes de los emigrados y su puesta en marcha para servir al bien de la Provincia.
Ejerciendo su libertad e independencia, definiendo así su posición política. Los presentes juran que la provincia debe ser un Estado libre, soberano e independiente, debiendo reprobar toda adhesión, sujeción y obediencia al Rey, a cualquier figura del Gobierno español como a cualquier otro extranjero.
Qué necesario repasar el periplo artiguista, esta revolución inconclusa, y que nos interpele. Cada vez que para asumir el gobierno tengamos que ponerle la alfombra roja al monarca español; o ir a tomar política de uno de los Presidentes más nefastos en la historia de Brasil; o recibir a un canciller que, al propagandear organizaciones terroristas a plena luz del día y en público, reduce nuestras históricas luchas soberanas a una mera república bananera.
NOTAS
Zubillaga, Carlos. Artigas y los derechos humanos. Comité Central Israelita del Uruguay, Comisión de Prensa y Difusión; Montevideo; 1966; Pág. 113
Washington Reyes Abadie; Oscar Bruschera, y Tabaré Melogno. El ciclo artiguista. Tomo I. Editorial Margarita Silberberg 2da edición. Montevideo, 1971. Pág. 399
IDEM
José Pedro Barran y Benjamín Nahum. Bases económicas de la Revolución artiguista. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo, 1972. Pág. 130.
Washington Reyes Abadie; Oscar Bruschera, y Tabaré Melogno: Op. Cit; Pág. 400