Por EconomiaPolitica.uy
El diario El Observador publicó el pasado 21 de mayo un adelanto sobre lo que denominaron “el punteo en el que el gobierno justifica la reforma de las jubilaciones” enviado por el presidente Lacalle a los 73 senadores y diputados de la coalición de gobierno. Es una reforma del sistema jubilatorio, que la coalición viene manejando desde los tiempos electorales luego de un prolongado proceso en la Comisión que al respecto se formó. Aún no ha tomado formato de proyecto de ley.
Ese punteo nos da algunas pistas de por dónde se encaminará el proyecto. Aunque sabemos que el corazón de la dichosa Reforma, atento a su fundamento basado exclusivamente en lo que se denomina la transición demográfica del país, o sea en el envejecimiento de la población, apuntará hacia el aumento de la edad jubilatoria.
Este “punteo” entre otras cosas, para hacer más “digerible” aquel centro de gravedad en la edad jubilatoria, menciona la necesidad de disminuir la desigualdad que existe en el acceso a beneficios según la Caja que se cotice. También de instalar en todos los subsistemas el año adicional de trabajo por hijo, mantener el subsidio especial de inactividad compensada para aquellos que están desempleados y se encuentran muy cercano a la causal jubilatoria, una edad anticipada para trabajo riesgoso, y mejorar la pensión a la vejez o por invalidez sumando años en los que efectivamente aportaron al sistema.
La postergación de la causal jubilatoria tampoco es una propuesta en bruto de llevar la edad jubilatoria de 60 a 65 años, sino que se presentaría la siguiente forma: como muestra el
Cuadro que adjuntamos, los nacidos en 1967, o sea hace 55 años, la edad para jubilarse se les aumentaría de 60 a 61 años, los nacidos en el 68 a 62 años, luego los nacidos en el año 69 a 63 años. Los del año 70 a 64 años, y finalmente los del año 1971 y en adelante, que hoy en 2022 tendrían 51 años, la edad para jubilarse se posterga de 60 a los 65 años.
Pero esta extensión de la edad jubilatoria se establecería por lo pronto, “al barrer”, sin diferenciación alguna. Hay numerosos estudios de lo que ha sucedido en otros países con esta postergación. Por ejemplo, los diferentes tipos de trabajo, en especial los de mayor exigencia física o riesgosos, donde el caso clásico manejado es la construcción. Tampoco es fácil continuar 5 años adicionales en trabajos donde la aplicación de los avances tecnológicos es casi a diaria, lo cual muchas más veces de lo esperado termina en seguros de desempleo, finalizando la vida laboral en peores condiciones para una digna tasa de reemplazo. Y tal vez el peor sea el caso de la enseñanza tanto para maestros y docentes como para el alumnado, según está archi comprobado.
Tiene que ver con todos los riesgos que se asumen en cinco años más de trabajo. Y eso está demostrado en países europeos, de las situaciones de discapacidad que surgen en esos cinco años. Hay estudios en Francia, en Austria, en Suecia, que presentan que aumentar las edades aumenta el empleo de los mayores, y también aumenta el número de trabajadores en seguro de desempleo, enfermedad o invalidez. Es decir, no todas las personas pueden mantener durante el tiempo que se posterga, las capacidades para seguir manteniendo su trabajo.
Hay otros ejemplos que complejizan aún más esta problemática. En Chile por ejemplo se han hecho investigaciones en las cuales las poblaciones de acuerdo a sus niveles de ingreso, tienen una diferencia enorme en términos de expectativa de vida. Entre poblaciones ricas y poblaciones pobres se ha detectado una expectativa de vida con una diferencia de muchos años. ¿Cómo se podría, o sobre qué bases se puede fundamentar un mayor tiempo de esfuerzo laboral en aquellos que tienen una expectativa de vida tan alejada del promedio que determina estas decisiones?.
Los uruguayos hoy se están jubilando en promedio a los 63 años. En Suecia, por ejemplo, en que la edad legal de jubilación son 68 años, con una edad mínima de 55, el promedio real de jubilación en realidad es de 61 años. Esto quiere decir que las personas van eligiendo el mejor momento para retirarse de la vida activa, con las capacidades para aprovechar el retiro, y esto hay que respetarlo.
Las cajas paraestatales
Un gran problema que tiene el sistema, donde cada vez más a menudo salta un caso nuevo, son las cajas paraestatales. Obviamente el caso más relevante es el de la “Caja Militar”,por su gran peso en el déficit del sector público. Y si este es el objetivo fundamental, como ha sido dicho por el presidente y su compromiso con las consultoras de riesgo internacionales, entonces la Caja Militar tiene que tener una solución particular.
Pero las demás cajas paraestatales están comenzando a manifestar problemas de financiamiento realmente importantes que en cualquier momento se materializan en la necesidad de transferencias desde rentas generales. Hoy sobresale la de los profesionales.
Las cajas paraestatales, entonces, tienen una problemática especial que hay que abordar y eso no se hace con el simplismo de decir qué todas pasen al sistema mixto general. ¿Quién se haría cargo de los enormes costos de transición?
La seguridad social y la economía
Cada vez que el ciclo económico cambia sin duda que hay problemas de déficit público y también en la Seguridad Social. Con más razón aún si ese ciclo económico se combina con un ciclo político donde la política económica responda a una visión liberal que sitúa su eje en el equilibrio fiscal del sector público. Y peor aun cuando el pensamiento único hegemónico proyecta hacia el futuro una situación caótica en función exclusivamente de variables demográficas, guardándose muy bien cualquier cambio que altere la distribución de la riqueza.
En la gráfica adjunta comparamos la evolución de los cotizantes al BPS con las transferencias necesarias para equilibrar su presupuesto. Obviamente a mayor cantidad de cotizantes menor la necesidad de transferencias. La década que va entre 2004 y 2014, en la cual se pudieron conjuntar salarios y empleo de tal forma que la masa salarial, que es la base imponible fundamental del sistema de seguridad social, aumentó aceleradamente, pudimos apreciar cómo las transferencias que se realizaban desde Rentas Generales hacia el BPS disminuyeron a niveles cercanos a cero.
Fue un círculo virtuoso entre economía y política, algo que en la última década del siglo pasado solo tuvo el primer componente. La política no fue afín ni al empleo ni al salario, con lo cual el crecimiento económico convivió con déficit tan agudos de la seguridad social que determinaron la afectación de 7 puntos del IVA para el BPS en el ajuste fiscal de 1995, y luego la instalación del sistema mixto BPS-AFAPs de la ley 16.713 en 1996.
Finalmente, el ciclo económico comenzó a cambiar en el año 2014. La masa salarial dejó de crecer al ritmo que lo venía haciendo, y las transferencias a la Seguridad Social comenzaron a aumentar de nuevo, aunque la cantidad de cotizantes al BPS se mantuvo en niveles muy superiores al de 15 años atrás.
En definitiva, nos negamos a razonar exclusivamente en términos demográficos, porque cuando se hace una propuesta de gobierno, una propuesta programática, la Seguridad Social no puede enfocarse aisladamente, independientemente de las políticas de empleo y de ingresos que definen la evolución de la masa salarial, principal base imponible del sistema.
Cierto es que el ciclo político actual no es amigable con los salarios, como no lo fue el de los años 90, por tanto, nuevamente está planteada la reforma de la seguridad social.
