Por Maribel Acosta Damas
Tras dieciocho días de paro nacional y una movilización significativa, las organizaciones convocantes del paro: Confederación de Nacionalidades indígenas (CONAIE), Federación de Indígenas Evangélicas( FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), firmaron un acuerdo con el gobierno. Sin embargo, se abren nuevas interrogantes ante los también posibles escenarios en los que deben implementarse estos acuerdos. La socióloga y comunicadora ecuatoriana, Irene León ofrece sus consideraciones y nos acerca al balance en contexto:
Maribel Acosta Damas- ¿Qué opinión le merece el acuerdo gobierno- movimiento a populares en Ecuador, qué saldo pudiéramos apuntar?
Irene León- Han sido unas jornadas de gran intensidad que concluyeron con algunos logros para el pueblo ecuatoriano. El de mayor destaque es el de haber puesto en evidencia la necesidad de hacer cambios urgentes o por lo menos de enmendar la crítica situación de un país afectado por la aspereza de la aplicación de las políticas neoliberales. En el caso de Ecuador, esas políticas privilegian al capital financiero en desmedro de los intereses populares.
En dieciocho días el pueblo ecuatoriano puso en evidencia que es imposible vivir sin la atención del Estado a derechos básicos: la educación, la salud, la alimentación; que han sido literalmente desmantelados por las políticas neoliberales de achicamiento del Estado. Quedó en evidencia que las privatizaciones y la transferencia al mercado solo trae como resultado mayor exclusión de derechos básicos como la educación. Por eso el alto compromiso de la juventud del país con el paro.
También se puso en evidencia de manera concomitante que esta demanda de cambios son requeridos por casi todo el país, al punto que entre los escenarios posibles fue colocada por el Movimiento Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, la eventual sustitución del Presidente Guillermo Lasso, un banquero un neoliberal dogmático, que se salvó con varias estratagemas pero salió a la luz que también en ese escenario se refleja que más del 80 por ciento de la población desaprueba su gestión. Aun así, la arrogancia y autoritarismo marcaron el tono de su respuesta: no se presentó a la Asamblea ni al diálogo con la dirigencia del paro, apenas hizo presencia en breves cadenas mediáticas para anunciar el estado de excepción, para amenazar y anunciar represión y más represión. Sucedieron por centenares los actos de violaciones de derechos humanos y queda en evidencia el autoritarismo que venían aplicando de manera soslayada y que ahora sale a la luz al punto que según el informe de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, se configuran crímenes de lesa humanidad.
Maribel Acosta Damas- ¿Y cómo evalúa el contenido de los acuerdos?
Irene León- Hubo diez puntos que fueron planteados por el paro que abarcan aspectos muy sensibles para la población: la moratoria y renegociación de las deudas personales y familiares, el impulso al empleo y derechos laborales, precios justos para la producción campesina, control de precios y control de la especulación, cambio de precios de los combustibles y asuntos colectivos como el respeto a los derechos colectivos, el rechazo a la privatización de los sectores estratégicos y el patrimonio público y presupuestos para la salud, la educación y políticas efectivas de seguridad y protección En cuanto a contenidos, el acuerdo que fue firmado contempla la derogatoria del Decreto 95 que tiene que ver con minería y territorios y la inclusión de un compromiso sobre la consulta previa y el respeto a los territorios ancestrales con relación a la explotación minera, que es una demanda muy importante para los pueblos originarios, especialmente los pueblos amazónicos. Se lograron consignar estos avances en el acuerdo. Quedaron varios puntos pendientes: todos los que tienen que ver con educación, salud y las demandas generales sobre derechos colectivos quedaron para ser desarrollados en mesas de trabajo ulteriores en un plazo de tres meses. Considero que para el movimiento popular que está movilizado, un aspecto relevante fue el compromiso de hacer el control de precios en cada gobernación, es decir en las provincias.
Uno de los puntos más sensibles y que no fue parte del acuerdo es el de la moratoria y renegociación de las deudas personales y familiares, de gran trascendencia para la gente del campo pero no solo en ese sector, ya que dado el encarecimiento de la vida y la precarización que ha resultado de las privatizaciones y el resto de las políticas neoliberales, las familias han contraído deudas de intereses exorbitantes, con el sector financiero. Eso significa un estrangulamiento de la vida de las personas. Hubo insistencia en este punto pero no quedó como parte de los compromisos inmediatos del acuerdo. Por supuesto que eso tiene que ver con la reticencia a tocar al sector financiero. Un aspecto crítico es que no se incluyó ninguna forma de amnistía ni de reparaciones para las familias de las seis personas que perdieron la vida. No quedó ningún compromiso de no judicializar a los movilizados, que en un contexto de persecución como el que se ha desatado, puede ser muy grave porque podrían venir días nefastos para los actores de las movilizaciones, por las asociaciones que se han establecido entre movimientos populares con narcotráfico o terrorismo. Ese es un vacío que queda y que genera gran preocupación.
Maribel Acosta Damas-¿Cuáles posibles escenarios se avizoran?
Irene León- Tenemos un escenario complejo, por un lado porque el gobierno ya ha incumplido antes y podría de nuevo incumplir compromisos pactados. Esto es altamente sensible en un pueblo movilizado. Por otro lado, los precios de los carburantes dependen también de otros insumos, así que ya se verá. En cambio, los movimientos populares han celebrado la capacidad de movilización demostrada, que queda asentada; su capacidad de resistencia y de haber puesto en el escenario público su pliego de demandas de diez puntos de manera precisa y con fuerza y resistencia. Esto marca la diferencia con la inercia en la que estaba viviendo el país. Queda en el escenario, el cumplimiento de la agenda acordada y la vigilancia a la que se han comprometido las organizaciones populares. Queda en perspectiva una eventual modificación que podría resultar de las elecciones excepcionales del año próximo; porque esta movilización de ideas, y esta capacidad del pueblo de mostrar lo que quiere y lo que no, podrían tener un resultado electoral. Queda también en el escenario, la posibilidad entonces de retomar en un futuro cercano, el horizonte constitucional: Ecuador tiene la Constitución del Buen Vivir y un proyecto de integración regional soberano. El pueblo lo ha dicho: “Espera volver a ser sujeto de su Historia”.
Como noticia reciente ha trascendido que “una jueza de la unidad de lo Penal de Cotopaxi anunció este lunes (04.07.2022) la suspensión de la audiencia en la que se acusaba al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, por un supuesto delito contra el Estado de Ecuador y el caso pasará a manos del Tribunal Constitucional del país”, lo que hace visible la alerta sobre la judicialización de los actores de las luchas populares; y derivado de ello, pone en evidencia la efectividad en la implementación del acuerdo tomado.
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, que arribó a Ecuador el 24 de junio pasado, invitada por la Alianza por los DDHH de Ecuador, y organizaciones del movimiento indígena, organizaciones sociales y espacios sindicales; viene constatando reiteradas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. Esta organización refiere la necesidad de investigar al Estado ecuatoriano por la represión desatada durante el paro, con delitos de lesa humanidad y prácticas impropias de un Estado de derecho. Suscribe además que el pueblo ecuatoriano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales en aras de la reparación integral, a través de la verdad y la justicia.
