Por Ricardo Pose
Las nuevas definiciones del gobierno, que salvo durante la campaña hacia el 27/3, impuso el aumento de los combustibles sobre la base del Precio de Paridad de Importación (PPI), viene generando varios descontentos, incluso en aquellos que en la campaña del 2019 optaron por el actual Presidente Luis Lacalle.
Se podría suponer que en aquella campaña donde Lacalle Pou como candidato prometía no subir los combustibles, podría haber generado molestia en los empresarios de la cadena, pero seguramente apostaban a obtener otros beneficios.
Lo que no esperaban es el actual marco de incertidumbre que la medida ocasiona, y no hay peor desvelo para un empresario que no tener certezas sobre su negocio, sobre todo tomando en cuenta las señales contradictorias que desde el propio Poder Ejecutivo se les envía.
Primero se sube el precio con el argumento del déficit dejado en Ancap por la gestión frenteamplista; durante la campaña para plebiscitar la Ley de Urgente Consideración, de pronto Ancap tenía espalda para soportar los precios internacionales, y luego, que es necesario volver a subirlos por la guerra.
El mes pasado luego de anunciar durante una semana una nueva subida, se decide no aumentar y así no hay proyecciones que se puedan hacer.
Para los empresarios chicos, casi de organización familiar, que integran la cadena de distribución de Ancap a través de DUCSA, el aumento de los combustibles, como puede suponer el que carga combustible, no es una situación nada halagüeña.
Empiezan a sentir que el capital que poseen está quedando muerto y las repentinas y costosas inversiones que deben realizar para no “quedar atrás” les resulta un camino infranqueable, al punto que muchas ya están pensando cambiar de rubro.
Y este escenario está haciendo que muchos que apostaron sus fichas en el 2019 al actual gobierno y su Coalición de Gobierno empiecen a comentar por lo bajo, su arrepentimiento.
El aumento de los combustibles ha ocasionado además, que la gente en general realice más cargas pero de menor importe, obligando a adecuar los cálculos de inversión.
Según datos que pudimos recabar, aproximadamente un camión de 29 mil litros de nafta ronda los 2 millones de pesos.
Las estaciones que no superan la venta de 100 mil litros de nafta y 50 mil de diésel están condenadas a cerrar, y entre esa capacidad de venta y hasta los 600 mil litros en un caso y 300 mil en el otro, hay muchísimas de las estaciones familiares, en un total de casi 300 que integran el circuito DUCSA, que posee el 60% de las estaciones con el sello Ancap.
Según Daniel Añón, Presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, en los últimos 10 años cerraron 30 estaciones de servicio.
En declaraciones a la prensa Añón expresó que “Desde que asumió este gobierno hemos tenido un 30% de aumento en la venta de las naftas, que es el producto donde más se usa la tarjeta. Ese aumento se transfiere a nosotros, porque nos sacan un 30% más, porque el arancel va sobre el precio de venta”, explicó.
“Hoy hay un porcentaje altísimo, todo el litoral, y todo el sur de Montevideo, y el este, y las estaciones de servicio que están en la frontera, que tenemos un consumo de arriba del 80% (del total), y en todas esas estaciones de servicio se llevan casi igual o más plata los bancos y los sellos, que el dueño de la estación”, agregó.
La lectura fina permite comprender las dos punterías en los dichos de Añón, que si bien seguramente comparta la flexibilización en la Inclusión financiera, señala que el mayor problema es el aumento de precios de los combustibles.
