Por Economiapolitica.uy
La cuestión del estado y el empleo público siempre genera controversias entre nosotros, y algunas afirmaciones que se han “popularizado” nos aportan a dirimirla. Por ejemplo:
- La clásica de “yo les pago con mis impuestos”, como si no lo hiciera también cuando paga un precio por adquirir cualquier bien o servicio ofrecido por una empresa privada.
- Hay quien considera que prácticamente en Uruguay hay un trabajador público por habitante, o algo similar. La realidad es que menos de uno de cada 5 empleos en la economía nacional refiere a una persona que trabaja en una dependencia estatal, el 18%, y el 9% si consideramos a toda la población (1 cada 11 habitantes).
Como referencia, en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrada por los países desarrollados, a los que se agregan Chile, Colombia, Costa Rica y México) el promedio de empleo público al empleo total es de 17,7%, donde destacan los países escandinavos (de mayor nivel de vida) con un promedio de 28%. Mientras en nuestro continente lideran Argentina, Uruguay y Chile (de mayor nivel de desarrollo) y cierran la tabla El Salvador, Guatemala y Honduras con un promedio de 6,5%.
- En forma similar se habla del presupuesto en salarios de los funcionarios públicos, como si fueran el principal gasto del estado uruguayo. Lo cierto es que representan la quinta parte de los salarios que se pagan en toda la economía uruguaya, y el 35% del presupuesto nacional.
La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) nos proporciona la evolución comparada la actividad económica nacional, medida por la variación del Producto Interno Bruto (PIB), con las variaciones en el empleo público, desde el año 1997. Es lo que se muestra en la siguiente gráfica, donde el empleo público a partir de 2004 crece, pero en menor proporción que la producción nacional, y también lo hizo por debajo de la generación de puestos de trabajo en todo el país. A modo de ejemplo, desde 2004 a 2021 el PIB creció un 73%, mientras el empleo público aumentó en 26%.
Veamos entonces de cuantos trabajadores públicos hablamos. Según el informe de la ONSC (Oficina Nacional de Servicio Civil) que se integró como anexo a la Rendición de Cuentas 2021 los vínculos laborales de funcionarios públicos con el estado uruguayo son 296.932, mientras que los vínculos de no funcionarios públicos (becarios, pasantes, contratos a término) sumaron 9.743 al 31/12/2021. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) había en Uruguay un total de 1.672.200 empleos privados y públicos, de allí el 18% a que hacíamos referencia.
¿Dónde están? Para responder a esta pregunta nos ubicamos en el cuadro 1.
Como allí podemos apreciar hay una importante concentración (el 50%), histórica podríamos decir, del empleo público en las funciones a cargo de las instituciones definidas por el artículo 220 de nuestra Constitución [i] con particular destaque en las instituciones educativas (ANEP, UDELAR) y sanitarias (ASSE). El Poder Ejecutivo (Presidencia y Ministerios) contiene el 26% de los empleos, especialmente por el peso de las funciones de seguridad (Interior) y defensa. Le siguen los Gobiernos Departamentales (13%) y las Empresas Públicas (7%).
A un nivel más desagregado, constatamos que el 66% de los funcionarios del estado uruguayo se encuentran en 5 instituciones: Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con 31%, más 11% en el Ministerio del Interior (MI), 9,5% en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), 9% en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y 6% en la Universidad de la República (UDELAR). Esta distribución nos da una pauta sobre las dificultades para realizar cambios estructurales en el empleo público, como el actual gobierno ha proclamado desde la campaña pre-electoral pasada, sin afectar las funciones principales que la constitución le define a todo administrador del estado nacional.
Este gobierno avanzó en la disminución de la plantilla de funcionarios públicos, pues en 2021 hay 4.522 vínculos laborales menos que en 2019. Dicho ajuste operó fundamentalmente sobre las Empresas Públicas y las Instituciones Financieras del Estado, donde se concentró el 54% de la reducción (2.431/4522), con un reparto de casi 500 en cada una de esas empresas. No es casual entonces que se hayan presentado problemas de eficiencia y calidad en los servicios públicos que dichas empresas proveen al ciudadano.
En segundo lugar, la disminución de empleo público se ha dado en el Poder Ejecutivo (40% de la reducción total), especialmente en el Ministerio de Economía, Presidencia, Cultura y Desarrollo Social. Sin embargo, con respecto al plantel global de cada espacio, la reducción en el Poder Ejecutivo representó solo un 2% de dicho total, y un 8% del total de trabajadores de las Empresas Públicas y de las Instituciones Financieras del estado. Por ejemplo, en el Banco República, los 486 trabajadores menos representan más de un 13% de su total, y en las 4 empresas públicas mayores (ANCAP, ANTEL, OSE Y UTE) un 8% en cada una.
Los dos casos de aumento de empleo con cierta relevancia se dan en el Ministerio de Defensa (+360) y en ASSE (+742), aunque en este último caso responde a contratos COVID que comenzarían a ajustarse en el correr de este año.
[i] Artículo 220 – El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados
