Por Pablo Caggiani
Hasta las elecciones pasadas, en Uruguay, parecían existir una serie de acuerdos en materia educativa que fuimos construyendo como sociedad a lo largo del tiempo. Eran acuerdos muy amplios sobre los cuales no existían reparos de las grandes mayorías de la sociedad.
Muchos de esos temas fueron parte de los acuerdos multipartidarios del año 2010.
Ejemplo de ello es que los gurises de tres años asistan a educación inicial, y los más chicos aún a propuestas que cobijen a la primera infancia. Vincularse con la educación desde temprano garantiza el ejercicio de un derecho que tiene muchas evidencias acerca de lo bueno que es para los gurises.
Otro espacio de grandes acuerdos, tiene que ver con que las y los jóvenes culminen el bachillerato en propuestas pertinentes y que permitan su mejor desarrollo.
El presupuesto que se asigna a la educación parecía ser también un lugar en el que estábamos de acuerdo, la necesidad de tener más propuestas y descentralizadas son parte de las inversiones que tenemos que emprender. También relacionado con el tema presupuestal están los salarios de los docentes, a nadie se le escuchó decir que ganaban mucho sino que se debía continuar con la política de aumento salarial. El reconocimiento a los docentes no se termina en lo salarial pero claramente lo incluye.
La extensión del tiempo pedagógico en propuestas de calidad tanto a nivel de inicial y primaria como de educación media es parte de esos acuerdos que tiene nuestra sociedad.
Algunas de las medidas del gobierno en la educación no parecen acompañar estos grandes acuerdos.
Los docentes como problema.
La persecución a docentes ha sido sistemática y desde diferentes espacios. Desde la definición de investigaciones administrativas ante el más mínimo hecho viralizado en redes, pasando por sumarios con separación del cargo a docentes de San José hasta la instalación de una Comisión investigadora en el parlamento. Pero la cosa no queda allí, también a través de declaraciones y redes sociales el gobierno da continuamente señales de su enfrentamiento con los docentes, lo cual no parece el mejor camino para administrar la educación. A esto se debe sumar la denuncia penal contra dos ex consejeros de secundaria.
Otro elemento que es posible colocar en esta ofensiva a la profesión docente es la reedición del debate sobre la laicidad y el posible adoctrinamiento de los estudiantes, también bien regado en redes por algunos actores del oficialismo y con un cierto parecido al Movimiento Escuela Sin Partido del Bolsonarismo.
En los aspectos salariales los docentes y los funcionarios han perdido un medio aguinaldo en su poder de compra, algo que no sucedía desde hace más de una década. Esto tampoco parece contribuir al reconocimiento de la profesión.
La participación como problema
En la Ley de Urgente consideración, el gobierno resolvió varios cambios en los temas educativos. Venían en casi 500 artículos de los más diversos temas. Allí lo que se propuso fue una centralización aún mayor de la toma de decisiones, eliminando o debilitando los mecanismos de participación de la ciudadanía en general y de estudiantes y docentes en particular. Se busca una particular redacción para no violentar la autonomía de la Anep en la elaboración del Plan de Política Educativa Nacional, aunque parece no lograrlo.
Además se modificaron los organismos de coordinación dando mayor representación a los privados. Se modificó lo que se entiende en Uruguay por obligatoriedad, en una redacción que habilita el “home schooling” o la escuela en casa. Se desestimó la creación de la Universidad de la Educación, la segunda Universidad que estaba presente en los acuerdos multipartidarios junto a la Universidad Tecnológica, entre otros cambios.
Invertir como problema
Hasta las elecciones escuchábamos, prácticamente en cadena nacional, que se debía invertir más en educación, más dinero sí, pero “para cambiar la educación” era la máxima. Se llegó a tirar la cifra de 1 punto o 1.2 puntos del PBI como necesarios para cambiar la educación. Hasta ahora ha sucedido absolutamente lo contrario. El presupuesto en educación disminuyó y consistentemente se afectó salarios de docentes y funcionarios pero también acciones que venían mejorando la educación como ser la extensión del tiempo pedagógico, más propuestas terciarias descentralizadas, la cantidad de estudiantes por grupo, las horas de coordinación de los docentes de educación media, entre otras.
Este freno en la inversión en educación se hace un poco más dramático si tenemos en cuenta que afecta a las medidas para mitigar la pandemia. Todavía no hemos visto todos los efectos en términos de aprendizajes e integración, lo que es claro es que hay menos niños y niñas en tres años, y menos jóvenes cursando el bachillerato.
El cambio en solitario
Es una de las acciones más publicitadas y ha sido acompañada de giras -por el país- de las autoridades. El Marco Curricular Nacional es, por ahora, el único documento que conocemos. Propone el abordaje por competencias de los aprendizajes y por tanto afecta las formas de enseñar, algo que en Uruguay ya existe hace años y se puede observar en el Marco Curricular para la Primera Infancia o en el Marco Curricular de Referencia Nacional. Los marcos curriculares anteriores fueron trabajados por actores de las instituciones, la academia, los docentes -entre otros- y no presentaban conflictos.
Una mala discusión de lo curricular es negativo para los procesos de nuestros estudiantes, impide avanzar en lo que van a aprender en nuestras aulas, incorporar nuevos saberes que son necesarios para un mejor desarrollo. Es decir que es un desafío importante mejorar el proceso de cambio de forma de hacerlo sustentable.
El gobierno optó por hacer su propio marco curricular, en soledad, con procedimientos de consulta bastante escasos o sin profundizar mucho en la participación de estudiantes, familias, docentes, entre otros, ese no parece el mejor camino.
También se proponen cambios en las carreras de Formación Docente.
El signo del cambio -podemos decir- ha sido el no diálogo, la no construcción de acuerdos, y esto siempre es un riesgo a la hora de planificar y pensar la educación que requiere de procesos largos.
Pero es un riesgo aún mayor cuando la implementación de los cambios va a depender también del gobierno siguiente.
Esperemos que en el último tramo de la gestión el gobierno pueda revertir algunas de las acciones que parecen inadecuadas. Es mano en esto.
