Por Ricardo Pose
La movilización de los vecinos de Punta Colorada solicitando la detención de las obras de reconstrucción de la ruta desde San Francisco hasta Punta Negra, tuvo un nuevo jalón en la tensión entre la comunidad y el Intendente Enrique Antía, cuando desde la Intendencia de Maldonado se denunció judicialmente a dos docentes del CURE.
La Comisión de Fomento de Punta Colorada es una institución que tiene más de medio siglo de existencia; como la mayoría de las comisiones de los balnearios costeros fomentan la convivencia en la comunidad tratando de que la población no permanente y de tránsito sobre todo en la época estival, no afecte la zona para quienes allí residen todo el año, y esto hace al cuidado medio ambiental, sobre todo de la faja costera que es su principal atractivo.
Sin dudas el tránsito de la ruta es una de las mayores preocupaciones, sobre todo con el avance natural de las aguas y el movimiento de médanos y dunas que demandan una atención constante, en clave medio ambiental.
Y justamente lo que reclaman los vecinos es que las obras iniciadas por parte de la Intendencia de Maldonado no sólo no tomó en cuenta los estudios de impacto ambiental (por ley regulados por el Plan de Ordenamiento Territorial), sino que aducen que algunas soluciones tomadas para consolidar las arenas (por ejemplo la plantación de Uña de Gato), no cuentan con respaldo científico que avale la medida.
En diálogo con Mate Amargo el presidente de la comisión fomento de Punta Colorada Daniel Giménez además de describir la situación anterior, recordó que una idea de la comunidad era realizar una bypass evitando el tránsito por la ruta costera hasta que se hallara una solución medioambiental.
En Mayo del 2019 los vecinos de Punta Colorada habían alertado que las dunas estaban en riesgo, denunciando una suerte de Emergencia ambiental.
Denunciaban que luego de cada tormenta para recuperación de las arenas de la playa de Piriápolis se extraía de ésta zona, actividad prohibida por la DINAMA y una práctica desaconsejada por expertos en dinámica costera a nivel nacional e internacional.
El informe de evaluación de impacto ambiental de la DINAMA del entonces MVOTMA determinó que debían tomarse por parte de la IMM acciones correctivas y aplicación de multas por realizar ejecución de obras sin autorización.
La obra de la ruta además de implicar un riesgo sin el respaldo del informe de impacto ambiental, en su avance hacia Punta Negra atravesando unos emprendimientos de chacras marítimas, genera una movida en las bienes raíces, y los terrenos están trepando a cotizar por más de un millón de dólares.
Como las obras siguieron adelante, presentaron un recurso de amparo en la Justicia con el asesoramiento del Dr. Juan Cereta para detener las obras hasta contar con un informe de impacto ambiental, que el Juez Recarey (que cobró estado mediático por su fallo para detener la vacunación con Pfizer a menores de 13 años), dio lugar.
Si bien según la IMM las obras estaban terminadas, el recurso de amparo evitaba el seguir adelante con el manejo inescrupuloso de las dunas.
La respuesta de la Intendencia de Enrique Antía no se hizo esperar y además de lograr la anulación del fallo judicial, presentó una denuncia judicial contra los docentes del CURE, Daniel Panario y Omar De Feo, especialistas en medio ambiente, argumentando que habían mentido en sus valoraciones sobre la situación medio ambiental.
En diálogo con Mate Amargo el reconocido docente en temas ambientales Daniel Panario, expresó que se vio sorprendido por la denuncia que la Intendencia presentó contra él y su colega De Feo, en lo que considera un acto de intimidación, sobre todo para futuros informes técnicos, pero confía que la fiscalía no dará lugar al juicio.
Ambos participaron como testigos técnicos de las obras que se venían realizando y pudieron comprobar como las mismas no respetaron los protocolos de actuación en la preservación del medio ambiente costero ni se tomaron en cuenta algunas sugerencias del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La valoración que hicieron además respaldaban informes de medio ambiente parecidos por otros colegas ya en el lejano 2019.
Las obras de construcción están detenidas pero siguen adelante algunos movimientos de dunas que se van sobre la rambla y la Intendencia, según Panario, no tiene un protocolo de reconstrucción de las mismas.
No es posible considerar que exista un ataque predeterminado contra el medio ambiente por parte del Intendente Antía, sino que las obras que avanzan sin considerar su preservación, responden a una lógica estrictamente de inversión para favorecer los grandes capitales privados.
Judicializar las demandas que provienen de los movimientos sociales, está en la misma línea de llevar a los estrados judiciales, los conflictos laborales.
