Por economiapolitica.uy
Héctor Tajam
En el sistema actual, 65 años de edad y 30 años de trabajo dan lugar a una jubilación mensual que representa el 55% del sueldo básico jubilatorio (definida como la Tasa de Reemplazo). Si se aprueba la propuesta de reforma planteada por la coalición gobernante, con 65 años de edad (ahora edad mínima para configurar causal jubilatoria), y 30 años de edad, la jubilación mensual representará solamente un 45% del sueldo básico jubilatorio.
Este resultado es consecuencia de la combinación del aumento de la edad mínima para jubilarse (de 60 a 65 años), esto es un aumento de aportes, y de la extensión a 25 años para constituir el promedio de ingresos que da lugar al Sueldo Básico Jubilatorio (SBJ). En la actualidad el SBJ es el promedio de los ingresos salariales obtenidos durante los últimos 10 años o de los 20 mejores años. Sin duda una pérdida de SBJ en la reforma propuesta, que integrará al promedio los primeros años de trabajo de la vida laboral cuando aún no se refleja en los ingresos la acumulación de experiencia y conocimientos.
Toda la propuesta se basa casi exclusivamente en la evolución demográfica nacional, de ahí que la solución se establezca en esos mismos términos, aumentar la edad de retiro. Cierto es que la población en Uruguay tiende aceleradamente al envejecimiento. Las proyecciones del INE (Instituto Nacional de Estadística) dan cuenta de una participación de la población mayor de 60 años muy cerca del 50% hacia 2050, cuando hoy es de 31%, mientras la relación entre la población en edad de trabajar (de 14 a 60 años) y aquellas personas “potencialmente inactivas” (mayores de 60) disminuiría de 3,3 a 2,1. Esto podría afectar el financiamiento de las prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS) sin duda, que dependen en 56% de los aportes de las personas activas (empleadas).
Pero, como veremos a continuación, la economía política no puede estar ausente del análisis, en particular aquella que entiende la evolución del capitalismo a través de su recorrido cíclico. Si siguiéramos solo la demografía, el INE nos diría que en los 25 años que van desde 1996 a 2019 la relación entre activos y pasivos descendería casi un 20%. Sin embargo, el ciclo económico y político que se dio entre 2005 y 2019 (gobiernos del FA) trastocó las proyecciones cuando el crecimiento económico derivó en una distribución del ingreso sin parangón desde mediados del siglo pasado. La relación entre cotizantes dependientes y jubilados aumentó de 2,1 en 1996 a 2,7 en 2019, algo imprevisto para quienes diseñaron[1] la 1er reforma estructural de la seguridad social. Veamos como lo expresaban en la exposición de motivos de lo que finalmente sería la ley 16.713 que creó las AFAP en 1995.
“Sin perjuicio de ello, es previsible que la relación activo/pasivo registre muy leves incrementos hasta el entorno del 2010, como resultado, todavía, del denominado Acto Institucional. Nº 9, de 23 de octubre de 1979, cuyos efectos siguen incidiendo en la renovación de la actual población pasiva. Ese incremento ubicará dicha relación, en el mejor de los casos, en el orden de 2 activos por cada pasivo. A partir de allí, como consecuencia del agotamiento de los efectos de la norma referida y del comportamiento previsto de la población uruguaya, esa relación se deteriorará en forma constante.” (Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, julio de 1995, Carpeta 198, Distribuido 201 Cámara de Senadores, página 21)
A continuación, graficamos la realidad. Le erraron feo, ¿verdad?
¿Gasto o Transferencias?
Otra visión unilateral desdibuja la realidad en la búsqueda de adeptos a la reforma de la coalición. Si bien es cierto que el gasto público en seguridad social se ha ubicado recientemente en torno al 11% del PIB, en 1996 era 13% del PIB. Este gasto es proyectado otra vez de tal forma que nos revelaría un futuro apocalíptico, donde jubilaciones y pensiones prácticamente dejarían sin recursos a la educación, a la salud, las inversiones … Pero la otra cara de la moneda, los recursos del BPS, que derivan de la masa salarial y de los impuestos afectados no son analizados de la misma manera. De esta manera incurren en el error nuevamente, porque lo que importa son las Transferencias que deben realizarse desde rentas generales para solventar el déficit que resulta de la diferencia entre gastos e ingresos.
Nuevamente la economía política entra a escena. El aumento de la masa salarial, la disminución de la evasión y de la informalidad, y el crecimiento económico que aumentó empleo y recaudación impositiva proveyeron de mayores recursos desde 2005 hasta que prácticamente anularon la necesidad de transferir recursos al BPS desde 2009 y hasta 2014, cuando cambió la fase del ciclo. Esto no quiere decir que a partir de 2010 se haya iniciado un proceso deficitario imparable de la seguridad social, que según el “proyecto” solo se arregla si los trabajadores trabajan más años y luego cobran menos. En la gráfica siguiente mostramos, en el curso de 30 años (¡no es el corto plazo!) como las transferencias netas al BPS muestran un recorrido-tendencia descendente.
Esto nos sitúa en otros déficits cuyo proceso ha sido continuamente creciente, como la Caja Militar, que según la Rendición de Cuentas 2021 alcanzó la cifra de 422 millones de dólares. Si le sumamos la asistencia financiera a la Caja Policial, otros 195 millones de dólares, entre ambas superan la asistencia financiera del BPS con solo 60 mil retirados, mientras el BPS se hizo cargo de 475.000 jubilaciones en 2021.
Cajas Paraestatales. Marchan con fritas
El proyecto contempla el pasaje de las Cajas Paraestatales (Bancaria, Notarial y Profesional) y de la Militar y Policial al régimen mixto vigente, lo cual implicaría la pérdida de buena parte de sus ingresos cuyo destino serían las cuentas individuales de las AFAP. En efecto, a los seis meses de publicada la ley todas las personas que obtengan un ingreso vinculado a dichas actividades ingresarán obligatoriamente a las AFAP. Todo ello sin aportar cálculo alguno sobre los costos de transición al nuevo sistema, originados por la pérdida de recursos del régimen de reparto solidario vigente, ni como dicha pérdida será compensada a las cajas paraestatales, porque la militar y la policial siempre disponen de la asistencia financiera dispuesta por el artículo 67 constitucional.
Sin duda un refuerzo importante para el pilar de ahorro individual administrado por las AFAP, que extenderán sus posibilidades de lucro. En la última década (2012-2021) cobraron 822 millones de dólares de comisiones a los trabajadores afiliados. Pone además un signo de interrogación a la situación financiera del sector público, habida cuenta que ya tiene una deuda pública con estas empresas financieras por 10.362 millones de dólares a agosto 2022, que significa nada menos que 17% del PIB de 2021 y 23% del total del endeudamiento bruto público.
Pero al final, ¡la culpa la tiene el FA!
Pero todas las proyecciones y cálculos econométricos quedan de lado ante la campaña electoral oficialista, que no se ha detenido para gobernar, por el contrario, es la herramienta que les permite disimular su desgobierno. El capítulo 10 de la Exposición de Motivos del Presupuesto Nacional votado en 2020 es muy claro al respecto.
“La reforma de 1995 había logrado estabilizar el gasto público previsional del BPS en el orden de 7 puntos del PIB, con una trayectoria estable, incluso con un ligero declive … El nivel del gasto previsional del BPS se ubicó en niveles superiores a los que se esperaban para dentro de unas tres décadas y con trayectoria ascendente. Las erogaciones asociadas a los servicios de retiro policial y militar mostraron una evolución similar. De este modo, entre 2007 y 2019 el gasto estatal en pasividades aumentó 2,5 puntos del PIB, ubicándose en el orden del 11%.”
Un error de apreciación muy grave. Lo que estabilizó fue el crecimiento con distribución y formalización del empleo del FA, que proveyó de más aportes, de más recursos al BPS. A la par que se mejoraba el acceso a la seguridad social de mujeres, personas con discapacidades severas, entre otras mejoras. Lo que ubicó al BPS nuevamente en una zona deficitaria más aguda fue el detenimiento del ritmo de crecimiento a partir de 2014, con sus consecuencias sobre el empleo y la masa salarial. Entre 2007 y 2019 el punto real de ruptura es 2014, no 2008.
¿Porqué tomar 2007 como punto de partida para fundamentar políticamente esta 2a. Reforma?. Veamos de qué nos acusan y saldrá a la luz el carácter antipopular de su planteo.
- “los fuertes aumentos salariales verificados en la última década propiciaron un incremento generalizado en las pasividades pagadas por el sistema
- política de incrementos administrativos (vía decreto) de los mínimos jubilatorios de las jubilaciones de menor monto
- en el marco de un proceso de re-reforma, la Ley 18.395 flexibilizó las condiciones de acceso a la jubilación (reducción de 35 a 30 los años de trabajo requeridos), la Ley 19.590, conocida como ley de “cincuentones” habilitó la desafiliación de quienes fueran afiliados obligatorios a las AFAP que al 1º de abril de 2016 contaran con 50 años
- el número de altas jubilatorias por causal incapacidad alcanzó niveles excepcionalmente altos debido a pluralidad de causas.
- (este conjunto de medidas) anticipó en al menos dos décadas el agotamiento de los efectos de la reforma estructural de 1995.
- NOTA: No se animaron a agregar la mejora de acceso a la jubilación a las mujeres con hijos. Fuente: Capítulo 10 de la Exposición de Motivos, Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024, páginas 159-163.
En fin, es muy fuerte para cualquier progresista que alguien vea a los salarios solamente como un costo, que se cuestionen los aumentos a los mínimos de las jubilaciones de menor monto, que se cuestione mejorar el acceso a pensiones a discapacitados, que no se reconozca el perjuicio que la reforma de 1995 ocasionaba a muchos trabajadores mayores de 50 años en 1996, y podríamos seguir enumerando todo un catálogo de ideología liberal aplicada a la seguridad social.
Peor aún, que todas estas reivindicaciones son los verdaderos motivos de la necesidad de esta 2ª. Reforma ahora en 2022, y no en 2042 como se pensaba.
Todo esto nos ubica en la urgente necesidad de volver al crecimiento con distribución y dejar de lado el planteo de concentración y derrame. En los 15 años del primero, el promedio de las transferencias netas al BPS fue de 0,63 del PIB, en los 15 años de “derrame” dichas transferencias significaron nada menos que 2,5 puntos del promedio del PIB[2]. La seguridad social no es solamente función de la demografía, sino fundamentalmente de la distribución del ingreso.
[1] También liderados por Saldain en aquella ocasión.
[2] BPS – Boletín Estadístico 2022, página 9
