Por Ricardo Pose
Los escándalos del caso Odebrecht – la mega empresa de construcción brasilera que coimeó a políticos y autoridades en casi toda América latina- llegaron a la puerta del por entonces nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou cuando interpol pidió la captura internacional de la pareja del flamante ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira, la Contadora Maya Cikurell.
Integrantes del elenco del actual gobierno o parientes de ellos figuran en las investigaciones en lo que está casi comprobado, hacían de Uruguay una plataforma de lavado de dinero.
El medio hermano del locuaz ex presidente Julio María Sanguinetti, Andrés Betingo Sanguinetti figura en la nómina junto al estudio jurídico del ex ministro de economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Ignacio de Posadas.
Andrés Betingo Sanguinetti en el 2017 debió declarar en España como empleado de la Banca Privada de Andorra, empresa involucrada en el escándalo de corrupción.
Como con Odebrecht no le alcanzaba, también estuvo involucrado en el lavado de dinero de otra mega empresa brasilera, la Camargo Correa que movió unos 100 millones de dólares para pagos de coimas en el exterior.
Las yuntas del ex presidente Julio María, tantos parientes como correligionarios han empañado la imagen del por dos veces presidente de la Republica; junto al Betingo integra la lista, Julio Luis, hijo de Julio María Sanguinetti, actual vice presidente de UTE involucrado en el mediático escándalo del Cangrejo rojo, Salomón Noachas, Benito Stern, Edison Rijo, el Cambio Nelson Y Francisco Sanabria hasta Germán Cardoso en nuestros días.
El papel de mucho de estos estudios en los famosos Panamá Papers ofreciendo un flujo ilegal pero a que nadie parecía reparar en la necesidad de controles para depositar dinero en paraísos fiscales, explica su intervención en el caso Odebrecht.
Es precisamente en Panamá donde el nombre de la pareja del Ministro de Cultura, es renombrada por la justicia de aquél país, con una insólita maraña judicial en Uruguay para evitar la extradición.
Resulta sorprendente que una Justicia que reclama su independencia día por medio, no investigue a los que forman parte de causas penales en el exterior.
Maya Cikurell, apoderada de la empresa Arcadex es investigada de desarrollar un complejo sistema de tres niveles de blanqueo de capitales que transfirió millones de dólares a más de 12 países.
La jueza panameña Beloiza Marquínez dio inicio a la audiencia preliminar donde se dio lectura al dictamen fiscal en la causa Odebrecht.
Otro de los uruguayos que figura en la lista es el de Juan Francisco Mutio, por lo que éste, Cikurell y Sanguinetti deberían trasladarse o ser trasladados a Panamá.
El apellido Mutio seguramente les suene; Martín Mutio es el empresario de 35 años investigado por ser el dueño de los contenedores que llegaron a Europa donde la policía encontró drogas.
Juan Francisco en junio del 2010 fue presidente de Sherkson International, una SA uruguaya que lavó decenas de millones de dólares para Odebrecht.
El 30 de setiembre se conocerá el fallo; Cikurell es investigada por los 20 millones de dólares que recibió de Odebrecht la empresa de la cual ella es apoderada.
Además de la investigación llevada adelante en Panamá, también es investigada en Colombia.
Bajo el gobierno de Santos la empresa coreana Hyundai Motor company decidió cambiar de representante en Colombia, lo que motivo un juicio millonario por parte del representante desplazado, empezando un proceso judicial viciado de denuncias de corrupción y con actores del sistema de justicia presos.
En setiembre del 2018 el Fiscal colombiano Néstor Martínez era escrachado por la prensa independiente de ocultar dinero y un apartamento valorado en tres millones de euros en Madrid al amparo de la empresa panameña Amanda Advisors SA.
Bingo!!!! La empresa tenía en su directorio los mismos cinco nombres de la empresa de la otra empresa panameña Sadler Associates Corporation SA cuya titular y directora era Maya Cikurell.
Para éstos uruguayos, la banana tiene caroso.
