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El Uruguay que sucede a los gobiernos progresistas del Frente Amplio se caracteriza por el regreso del poder económico más concentrado al comando de la administración pública, con el cual viene procesando un doble ajuste: un ajuste privado, que ya hemos caracterizado en su dinámica concentradora de flujos desde el trabajo hacia el capital (el Robin Hood al revés), y un ajuste público que deriva con la misma lógica y destino los recursos estatales que aportan todos los uruguayos (principalmente tributarios) a través de un ajuste fiscal que se implementa desde marzo de 2020.
Ya hemos analizado el diario devenir del ajuste privado, con salarios reales en caída y ganancias empresariales con aumentos históricos, y con una de sus manifestaciones más terribles, el aumento de la pobreza (aunque Alfie no entienda porqué sucede). Hoy veremos algunas facetas del ajuste público que muestra la Rendición de Cuentas 2021[1], cuyos principales efectos se verán en 2023.
Obviamente que dicho ajuste, el gobierno no lo realiza contra sí mismo (de hecho ha aumentado el gasto en 2021 con respecto al ejecutado en 2020), sino contra la estructura presupuestal vigente en 2019 resultante de las políticas frenteamplistas ejecutadas desde 2005. Por ello, analizaremos el nivel de los ingresos, del gasto público y del resultado (déficit) ejecutado durante 2021, con respecto al ejecutado en 2019.
Es común que el déficit se mida como una proporción (%) del Producto Interno Bruto (PIB), o sea como una parte del valor agregado en bienes y servicios que el trabajo nacional produce anualmente. En 2021, de acuerdo a los recursos y gasto ejecutado según Tomo I de esta Rendición de Cuentas, el déficit del Gobierno Central ascendió a 3,4% del PIB (2.094 millones de dólares), mientras que en 2019 fue de 4.3% (2.604 millones de dólares). Primera conclusión: en los dos primeros años de gobierno se han “ahorrado” 510 millones de dólares, con pandemia incluida (ver Cuadro 1).
Este resultado se dio por un lado con un aumento de la recaudación de la DGI y de otros recursos en 2021 con respecto a la del año 2019 por un monto de 109 millones de dólares, pese a un aumento de las exoneraciones fiscales a la inversión, especialmente en los aportes sobre rentas y patrimonio.
Pese a este aumento de recursos, el gasto público disminuyó en 2021 con respecto a 2019 en un monto de 401 millones de dólares, revelando dónde se ubica el centro del ajuste fiscal: el recorte del gasto público. En 2016-17 el Frente Amplio realizó un ajuste fiscal ante el cambio objetivo de las bases materiales que sustentaban el presupuesto quinquenal votado en 2015, y lo realizó fundamentalmente con incrementos en los recursos través de las herramientas fiscales con mayor equidad que había creado, el IRPF y el IRAE, manteniendo las fortalezas que fueron indispensables a la hora de enfrentar la pandemia Covid19. Segunda conclusión: con esas herramientas tributarias aún disponibles, el ajuste fiscal de la coalición se acopló al ajuste del sector privado, sumando a la mayor concentración del ingreso y de la riqueza.
Coalición gobernante: disminuir el gasto es la consigna
Como vimos más arriba, el principal ajuste se dio en la disminución del gasto público, comparado con el realizado en 2019. Veamos ahora en qué componentes del gasto se ubicó esa reducción. Si observamos el cuadro 2 surge con claridad la rebaja en la masa salarial que se redujo en 250 millones de dólares, esto es una pérdida en remuneraciones del orden del 5,4% del total cobrado por los trabajadores públicos en 2019, acorde con lo que ha sido la pérdida del salario real (-3,2%) y de la ocupación en el sector público (-2,4%).
La segunda causa en la reducción del gasto público atañe a la asistencia financiera de la seguridad social, 191 millones de dólares menos que en 2019, sin duda relacionado con la pérdida real en las pensiones y jubilaciones que siguieron la misma evolución de los salarios. Por lo tanto, entre salarios y seguridad social se explica la reducción del gasto total y el aumento en subsidios que surgió a partir de la emergencia sanitaria 2020-21.
Tercera conclusión: el ajuste económico global producto de la pandemia y del liberalismo más conservador revivido en nuestro país lo pagaron los trabajadores activos y pasivos, dependientes y cuentapropistas. Mientras las ganancias empresariales aumentan sin parar, y una buena parte con destino a cuentas bancarias en el país y en el exterior.
Por Incisos de la Administración Central, la gran perdedora en recursos presupuestales, hasta 2021, ha sido la Educación (ANEP, UDELAR, UTEC), que ha visto reducido su presupuesto en 174 millones de dólares, que justifican un 36% del ajuste total en gasto de funcionamiento e inversiones.
Algunos cambios de último momento. En la Comisión integrada de Presupuesto con Hacienda del Senado se efectuaron algunas modificaciones, consecuencias de la movilización popular, del eco que obtuvo en el debate parlamentario llevado adelante por la bancada del FA, y de las contradicciones en la interna de la coalición de gobierno. Estas últimas fueron especialmente notorias, si tenemos en cuenta que en casi 30 millones de dólares adicionales al gasto votado en diputados, 19 millones de dólares tuvieron como destino a los ministerios de Defensa e Interior, y solamente 6 millones de dólares para la Universidad de la república (UDELAR) y Universidad Tecnológica (UTEC).
[1] En Uruguay se aprueban presupuestos quinquenales, con Rendiciones de Cuentas anuales al Legislativo sobre la ejecución del presupuesto, y que pueden realizar modificaciones al gasto público y a la recaudación de recursos.
