Por Nicolás Mesa (Diputado FA – San José)
Desde hace ya mucho tiempo hemos visto como la centralidad del medio ambiente ha ido creciendo en los ámbitos más amplios y diversos de nuestra vida, llegando tal vez a su punto máximo, con la pasada pandemia, que tan duro y desde tantos ángulos ha castigado a nuestro país y al mundo entero.
Muchas voces han alertado que el planeta se dirige a un estado de ecodesastre, al cual nos ha llevado un sistema de producción y consumo, que no mide otra cosa que la maximización de ganancias sin medir consecuencias.
Esto al tiempo que nuestra sociedad se ha formado, concientizado y comprometido en el tratamiento de situaciones complejas y la búsqueda de soluciones reales y sustentables a determinadas problemáticas que hacen a la preservación de los recursos naturales indispensables para la vida.
Es en este contexto que entre tantos temas importantes que hacen a la materia ambiental en nuestra de por sí ya complicada vida cotidiana, el tema del acceso al agua potable de población es un tema central.
El pasado 19 de octubre concurrió a la cámara de diputados una delegación del Ministerio de Ambiente a fin de intercambiar sobre el llamado proyecto Neptuno.
Esto se pareció más a una visita por cumplir, casi que para llenar el ojo mientras transcurría el tiempo y se tomaban las verdaderas decisiones, y una vez más quedaron – como es habitual en este gobierno – más preguntas que respuestas.
A modo ilustrativo de lo escaso y difuso que resultó el planteo del oficialismo en esa oportunidad cabe citar textualmente al Presidente de OSE quien (casi al finalizar la sesión) dijo: “Aquí se ha discutido si es o no un proyecto. Yo creo que ese es un problema de la terminología de los ingenieros. Se trata de un proyecto propiamente dicho cuando es un proyecto ejecutivo, que se le puede dar a una empresa y ejecutarlo. El estudio está muy avanzado; es casi un proyecto pero, técnicamente, no podríamos llamarlo así”.
De manera que una de las pocas certezas que pudimos extraer hace un mes y pese a que se habló de muchos temas, era que el mentado “proyecto” aparentemente, no existía.
Y si bien al tratar temas tan sensibles reclamamos verdaderas certezas y seguridades, lo que obtuvimos en todo este tiempo es una infinidad de idas y vueltas y contradicciones desde el gobierno.
Por ejemplo luego de los rimbombantes anuncios que el Ministro de Ambiente realizó en relación a las “soluciones” que se verían a corto plazo en nuestro departamento de San José, permanentemente se jugó a la “mosqueta” con la información relativa a este tema.
Esto es inaceptable, más cuando el marketing y el eslogan resultan frívolos y provocadores en departamentos como San José, donde hay localidades con reales problemas de cantidad y calidad en el suministro de agua (siendo extrema la situación de Ciudad del Plata); a lo que se suma la presencia de arsénico en niveles no recomendables en localidades como Kiyú, Libertad, Colonia Italia (donde muchas familias se ven impedidas por esta causa de concretar un complejo de viviendas de Mevir).
Entonces frente a tanta necesidad y legítima expectativa de la gente sí teníamos y tenemos algunas certezas.
- llama la atención la súbita necesidad de una obra de cientos de millones de dólares, que como el Estado no los tendría, justificaría la introducción de privados en el negocio (cuando se retrasa por tiempo indefinido una obra estudiada, avalada técnicamente, de menor costo, financiada, necesaria y urgente, como la represa Casupá).
- los estudios técnicos frente a la posibilidad de utilizar al Rio de la Plata como fuente de abastecimiento, siempre lo evaluaron como inconveniente por: la gran salinidad del Rio de la Plata, porque es un recurso compartido que no depende en exclusiva de nuestro país y, tiene un alto costo energético.
- pone en fuerte cuestión el artículo 47 de la Constitución y lo previsto en la Reforma del Agua; por dos razones.
La primera: porque de inicio no tuvo ni tiene la participación de la sociedad civil que la Constitución reclama y garantiza para este tipo de iniciativas. Por el contrario se ha ocultado información a la población.
La segunda: más allá del ropaje formal de instrumentos jurídicos que se diseñen para eludir lo previsto y mandatado con total claridad en la Constitución respecto al servicio público de agua potable, la realidad va a indicar que estas iniciativas privadas mega empresariales nada tienen que hacer en un tema central como el que estamos discutiendo.
En función de todo lo anterior sostuvimos que los rodeos del Ministro de Ambiente tenían dos explicaciones bien diferentes: o el Ministro “sabía cosas de las que no hablaba” o el Ministro “hablaba de cosas de las que no sabía”.
Ahora que se le vieron las patas a la sota después de los anuncios a toda pompa del pasado 15 de noviembre, es evidente que el Ministro sabía cosas de las que no hablaba y no las revelaba cuando se le preguntaban.
Para finalizar y a cuenta de lo que vendrá, cabe preguntarse si realmente pretenden hacernos creer que los privados (tanto los que se fueron luego de la reforma constitucional de 2004 como los que quieren venir ahora) lo hicieron y pretenden hacer por una “cuestión vocacional” de brindar el mejor servicio de agua potable para nuestra población.
Es indiscutible que los grandes emprendimientos económicos privados no se tratan de “nobleza” sino de obtener profusas ganancias, para como en este caso contando con el gobierno como aliado, hacer del agua potable un negocio millonario.
Habrá entonces que recordar las veces que sea necesario que el agua no una mercancía y sólo le pertenece a nuestra gente.
