Por Darío Rodríguez
La Intendencia de Paysandú, a cargo del Partido Nacional (PN), arrancó su administración con unos 25 millones de dólares “extrapresupuestales” generado desde un Fideicomiso (Paysandú II) aprobado al filo de la gestión del anterior gobierno departamental. La posibilidad que uno u otro ganara el sillón de Zorrilla y Sarandí favoreció la aprobación del instrumento con un listado de unas 40 obras o intervenciones a ejecutar discrecionalmente por quien ganara (que excedía el endeudamiento autorizado por la Junta Departamental), y la confección de una comisión de seguimiento. La aprobación del Fideicomiso dejó heridas a la interna del Frente Amplio ya que no todos los sectores estaban convencidos de hacer el acuerdo.
Entre el listado figuraba adquisición de maquinaria, intervenciones urbanas de cierto porte (Distrito Park con 7.8 millones de dólares en zona costera, descartada), obras en interior (5 millones de dólares), cartera de tierra, (2.4 millones de dólares) -clave para sostener políticas de vivienda-, Campus Universitario (1.5 millones de dólares) en una ciudad de fortísimo desarrollo de la UdelaR y sendos proyectos para generación de empleo (1.5 millones). Incluso el Fideicomiso Paysandú II lleva el rotulo de Plan de Infraestructura para el Desarrollo y Generación de Empleo.
Más allá de la pertinencia de los proyectos con aspiración a ser financiados por el Fideicomiso, luego de cuestiones administrativas, el intendente Nicolás Javier Olivera comenzó la ejecución del mismo prescindiendo que la situación del país y, por ende, del departamento, habían cambiado. De la mano de tal decisión, el PN con mayoría automática en la Junta Departamental no convocaba la comisión de seguimiento y se hacía extremadamente dificultoso para la oposición frentista acceder a la información requerida. Ello obligó a disparar solicitud al amparo de la ley de Acceso a la información Pública.
Aunque tardíamente, y con excepciones, la oposición comenzó a marcar la gestión departamental, y exigir información a la población y que revise prioridades.
Los fundamentos de la oposición y de las organizaciones sociales para revisar ejecución son harto elocuentes. El pasaje de la pandemia cambió panorama, dejó enormes secuelas y pérdidas humanas, conjuntamente con la política económica que está dañando un departamento que, adicionalmente, sufre la diferencia cambiaria con Argentina.
En Paysandú, al igual que Río Negro y Salto, el desempleo golpea duramente, al igual que la informalidad y las dificultades de los pequeños comercios. El paisaje ciudadano suma compatriotas sumergidos en las volquetas buscando lo que otras desechan o tocando puertas ofreciendo curitas, trapo de pisos o cortar el pasto. En agosto existía, en una población de 113 mil habitantes, 6.900 desocupados; golpeando fuertemente a las mujeres. Es sintomático, en una recorrida por la capital ver la enorme cantidad de locales comerciales con el “se alquila”. Imaginemos las dificultades en distintas ciudades y pueblos del departamento. Donde muchas veces, algunas políticas sociales, como la de los SOCAT del MIDES, fueron desmanteladas. Desde el propio Ministerio los apoyos a los más vulnerables se tramitaron, en parte, con un tufillo clientelístico; a la vieja usanza. No parece muy acertado, en el caso del MIDES local, que existan tres directores y que, dos de ellas, ejerzan el edilato.
¿Qué se le reclama al intendente? Dos cosas. Que solicite a sus correligionarios del Poder Ejecutivo la declaración de emergencia laboral departamental, como la reclamaba siendo diputado opositor y con una situación sensiblemente mejor que la actual. Además, que utilice lo que queda del Fideicomiso para implementar proyectos que impacten sobre el desempleo. Al momento, se utilizaron, 13.8 millones de dólares, -aunque la moneda es la Unidad Indexada-, y están comprometidos 4.1 millones de dólares: Por lo tanto, hay en sacas 14.8 millones de la moneda norteamericana.
Carecer de ingresos formales no solo arroja a la pobreza o indigencia, afecta tejido social, relaciones, genera desesperanza y problemas mentales. Muchos sanduceros están hoy trabajando en el montaje de UPM o el Tren Central pero el año próximo concluyen estas obras y volverán al pago a engrosar lista de desocupados.
Aunque estaba acordado, generó cierta irritación ciudadana, que el intendente encomendara a la mentada Office for Metropolitan Architecture (OMA) del afamado arquitecto Rem Koolhass, el estudio de la faja costera con pretensión de intervenirla. La Intendencia desembolsó 1millon de dólares. Al ser cuestionada la decisión, con cierta sorna, el intendente habló que se contrató “al Picasso” de la arquitectura moderna. El intendente, que quiere situarse en la posteridad, siguió adelante con su propuesta, viajando en sus vacaciones a Nueva York, para observar lo que se presentaría en diciembre para la costa, fruto de la febril imaginación del estudio internacional. A todo esto, el Movimiento Ciudadano por la Costa, que agrupa diversas organizaciones sociales, sindicales, ambientales, solicitó al amparo de la ley de Acceso a la información Pública se evacuen una serie de interrogantes.
La oposición y el movimiento popular organizado reclaman que, sin dilaciones, se ejecuten programas que permitan mitigar la crisis sociolaboral. En efecto, en el fideicomiso están pautados proyectos, Paysandú Trabaja, Veredas y Economía Social y Solidaria que disponían de 2 millones de dólares y bien podrían reforzar los escuálidos jornales solidarios extendidos hasta diciembre o fomentar otros emprendimientos individuales o colectivos. Esta cifra está por fuera del saldo ya mencionado.
Aunque la generación de empleo no es resorte de las Intendencias, no es menos cierto que puede contribuir a mitigar la emergencia, máxime cuando el neoliberalismo emanado de Torre Ejecutiva fogonea la acumulación de los “malla oro” y no imagina políticas de frontera.
Tenemos un Capitán de Puerto, cargo a medida de un vocinglero edil blanco, en un puerto que no funciona y del cual se retiró el portacontenedores GF por falta de trabajo y de preocupación de las autoridades por reactivarlo.
En una reciente visita a Bella Unión, el inquilino de Torre Ejecutiva, habló de tomar algunas medidas, aunque cuando los Centros Comerciales, -que fueron cuestionados por los vecinos debido a que sus afiliados no tuvieron compasión durante la pandemia y puente cerrados-, visitaron a la ministra de Economía se volvieron con las manos vacías. El pueblo anda y arde en las calles.
