Por Darío Rodríguez
IDP-Fundación A Ganar: Correligionarios desaguisados
Con la asunción del gobierno de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino emergieron, por doquier, contratos de oficinas del Estado y de las Intendencias con la Fundación correligionaria A Ganar. Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Intendencias de Durazno, Rocha, Paysandú. En buena medida los casos estuvieron rodeados de severos cuestionamientos.
En Paysandú, la Intendencia, a poco tiempo de asumir decidió pasar la administración de personal, en especial de los Centro de Atención a la Infancia (CAIF) a la Fundación que, mediante ciertas disposiciones no paga aportes a la seguridad social. A fines del 20, repárese en la fecha, la Intendencia convocó a trabajadores/as a renovar contrato para la atención de los CAIF.
Nadie se enteró de la convocatoria, aquel fin de año; mejor dicho, solo llegó a oídos de la citada Fundación. En la base estaba el comentario que los recursos que aportaba el INAU no cubrían la totalidad del funcionamiento de los centros educativos. Con la descarnada medida, -los centros CAIF funcionaban muy bien-, la Intendencia se proponía ahorrar 14 millones de peso, “a como de lugar” explicitan los ediles opositores. Por entonces la edila nacionalista Sabrina Buono posteaba en Facebook que se contrataría una Fundación; un ejercicio de clarividencia.
El impacto, social y emocional fue enorme. Decenas de educadoras debieron volver a presentarse, con condiciones labores más restrictivas y no todas quedaron, aumentando desempleo departamental que está hoy en el 11.3%. Lo provocativo de la medida pasó por la inclusión de un procesado por proxenetismo, que había militado fuerte por el actual intendente, que luego debió sacarlo. Ya dentro de la Intendencia, la Fundación fue progresivamente asumiendo otras tareas.
Organizaciones vinculadas a los derechos humanos, haciendo enfoque en la contratación del proxeneta, sindicales, sociales, cuestionaron con severidad la decisión y realizaron movilizaciones. Oportunamente se impugnó la pasividad de la entonces dirección sindical de los empleados municipales.
La enorme opacidad de las implicancias del contrato, ausencia de respuestas a sucesivos pedidos de informe motivaron la instalación, a pedido del FA, de una Comisión Investigadora en el seno de la Junta Departamental. Los resultados de la misma dispararon la reciente presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía.
Exceptuando la minoría en el directorio del INAU, el papel que le cupo al delegado de Cabildo Abierto, Aldo Velázquez, fue decisivo para mantener la Fundación, cuando arreciaban las críticas. Velázquez ensayaba ciertos comentarios críticos, pero a la hora de las resoluciones terminó cerrando filas con el presidente del organismo Pablo Abdala. De haber apoyado los planteos que impugnaban el ingreso de A Ganar, el acuerdo se hubiera caído en un día.
Los ediles opositores señalan que el trabajo de la investigadora verificó una serie de irregularidades “que merita(ba)n el paso de todas las actuaciones a la justicia penal, BPS y Dirección General Impositiva”. Los curules indican que hay un lapidario informa del Tribunal de Cuentas que fue invisibilizado por la administración Olivera. Además, los comparecientes en la investigadora, entre ellos el secretario general, Fermín Farinha, poco y nada aclararon al respecto.
El mecanismo empleado por la Fundación para reclutar trabajadores derivó en un “régimen de absoluta precarización, contratos basura, inestabilidad laboral permanente”, en definitiva, un “cambio regresivo”. Ello debido a que pasaron a ser dependientes de la Fundación, haciendo la misma tarea, por fuera de la plantilla municipal.
A medida que los ediles, y otras organizaciones, lograban acceder a información pudieron constatar que la Fundación se obligaba a suministrar mano de obra. Uno de los artículos sostiene que “quien resulte adjudicatario deberá contar con capacidad de respuesta dentro de las 48 horas ante solicitudes de la Intendencia de sustitución de personal o finalización de tareas, realizar un servicio de supervisión al personal contratado en los diferentes programas”. Tal actividad parece estar lejos de una Fundación con fines culturales y educativos. A todas luces es una empresa comercial suministradora de mano de obra. Otra de las irregularidades se dio en que el contador delegado del Tribunal de Cuentas, Diego Thomasset, fue al mismo tiempo, director de Administración de la Intendencia. Aquello de cobrarse y darse el vuelto.
Todo el país conoce los vínculos partidarios de la Fundación A Ganar, siendo directora María Magdalena Secco de De Posadas; esposa del neoliberal ministro de Lacalle Herrera (90-95) Alejandro Rey, es otro de los nacionalistas de la Fundación, ex director del INJU y herrerista consumado.
A todo esto, habrá que esperar a la reanudación de la actividad judicial, en tránsito a la feria mayor, el intendente Nicolás Javier Olivera rindió cuentas tras dos años de actuación. Resaltó logros, vinculados fuertemente al desarrollo de obras, anunciando reparación del Estadio 8 de Junio, Centro Universitario y el Master Plan para la Costa. El desarrollo de la Costa ameritará fuerte debate en la comunidad, por cuestiones ambientales, de ordenamiento territorial y de acceso a la ciudad. En el debe esta la demora en implementar el proyecto urbano en la ex textil Paylana y la utilización de los recursos del Fideicomiso Paysandú II para generar puestos de trabajo. El movimiento Ciudadano Costa de Paysandú tiene en curso un pedido de acceso a la información vinculado a la transformación de la costa norte. La Intendencia, en su momento, apeló a la contratación de la Oficina Metropolitana de Arquitectura con sede en Nueva York de Rem Hoolkas, poniendo 1.5 millones de dólares. El 16 la Comuna presentará a la sociedad los productos que estructuró OMA del mentado arquitecto holandés.
Un dato interesante, lo constituye el nuevo posicionamiento de la oposición política que viene marcando al gobierno departamental y generando agenda. Una buena cosa.
