Por Dario Rodriguez
El 1° de octubre del 2019 el gobierno del FA inauguraba, tras dos años de trabajo, una planta de tratamiento terciario de aguas residuales en la ciudad de Salto. La obra y estructura conexas, con un valor de 32 millones de dólares, cumple con normativas ambientales y con la preservación de la calidad del agua del río Uruguay; extremo que obliga a consultar al gobierno argentino.
Tuvo financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de OSE, en un 70 y 30%, respectivamente. Otras 19 quedaron como legado frentista.
La planta salteña, de última generación, elimina carga orgánica residual, nutrientes, nitrógeno y fósforo. Una planta similar, el anterior gobierno habría previsto para la ciudad de Paysandú; aunque no llegó a concretarla.
El actual gobierno tomó la iniciativa, fuertemente reclamada por la comunidad, pero se inclinó, más allá de sucesivas dilatorias, por una planta de menor calidad ambiental (tratamiento secundario) y construirla en etapas. En la decisión influyeron fuertemente los recortes en la inversión pública, aunque ello se afecte la calidad de vida de los sanduceros.
El 21 de octubre del 21, en el Salón Rojo de la Intendencia, el presidente de OSE, Raúl Montero y el intendente nacionalista Nicolás Javier Olivera, informaron que el año siguiente se comenzaría a construir la planta de tratamiento de efluentes. En la euforia agregaban la extensión de saneamiento a Nuevo Paysandú, una zona compleja para dicha obra, surgida durante la construcción del puente internacional José Artigas. Olivera mencionaba lo gratificante que era “cuando los desafíos y compromisos se cumplen”. Montero, por su parte, relataba que “está a punto de adjudicarse la obra de la planta de tratamiento” e iba más allá al sostener que “posiblemente, una vez concluidos los trámites de adjudicación, en 2022 comenzarán los trabajos”.
Meses después, el 23 de marzo del año pasado, se encontraron nuevamente, en el mismo lugar, idénticos actores para hablar de la planta de tratamiento, confirmando que la obra se hará en etapas. Montero anunció, una especialidad tanto del gobierno nacional como departamental, la adjudicación de la primera etapa de la planta (pozo de bombeo) a la empresa Espina. “Hasta ahora lo que hemos escuchado, son buenas intenciones, -expresaba el intendente, seguramente en una mirada autocrítica-, ideas o avances, pero lo que hoy podemos anunciar es una concreción”. El presidente del Directorio de OSE, asumió similar postura, “sé que están cansados de anuncios”. Dieciséis meses después no tenemos novedades, ni de la planta ni de la extensión de red en nuevo Paysandú. Tal vez venga un nuevo anuncio que anuncie que estarán por empezar.
Entonces, la planta de tratamiento que construirá el actual gobierno -de tratamiento secundario-, además de hacerla en etapas, sin que estén definidos los plazos de cada una, será de menor calidad. Por ejemplo, las de tratamiento secundario, a diferencia de la de terciario, no eliminan fósforo ni nitrógenos, ni nutrientes. Es un paso atrás en lo ambiental.
A la demora en la construcción se le agrega la preceptiva consulta que se debe hacer a la Argentina, vía CARU, tras los encontronazos entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta UPM de Fray Bentos.
En una movida publicitaria y de impacto local, el nacionalista sanducero Eduardo Arcieri, -uno de los delegados uruguayos en el organismo binacional y cuñado del intendente-, según el diario local habría informado al presidente de OSE que el trámite está en el Ministerio de Medio Ambiente para luego ser remitido a la CARU. La resolución pinta para largo, pero por estos lares se siguen haciendo anuncios.
(Pte de Ose, Raúl Montero e intendente sanducero, Nicolas Olivera. Viene anuncio)
