Por Pablo Toro F./Periodista
En estos últimos días, el gobierno chileno, liderado por Gabriel Boric, cayó ante la ofensiva de la derecha, que no se ha detenido desde la derrota del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, para definir si se cambiaba o no la Constitución de la Dictadura Cívico – Militar de 1980, y en el cual ganó la opción del rechazo al cambio. El gobierno se vio totalmente sumido ante la línea política de la derecha chilena en todas sus tendencias, en materia de seguridad pública.
Ante el asesinato de tres carabineros (policías) en 23 días, a manos de delincuentes, la oposición de la derecha institucional, es decir, la que se encuentra en el Congreso Nacional, logró imponer la llamada Ley Naín – Retamal, denominada así porque es la fusión de dos iniciativas de ley que llevan el apellido de dos carabineros asesinados en funciones.
Hay que aclarar que la propuesta de ley fue apoyada por la “otra alma” del gobierno, Socialismo Democrático (Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical), pero también por el Ejecutivo, quien no entregó indicaciones a la cámara de diputados para modificar los puntos más problemáticos.
Dicha propuesta de ley otorga a Carabineros, detectives (Policía de Investigaciones), lo que se denominó “legítima defensa privilegiada”, lo que les permitía tener presunción de inocencia ante agresiones que cometan durante el ejercicio de su profesión. Siempre y cuando, la agresión o uso de arma sea en defensa propia o de otra persona.
Esta idea fue el centro del debate, abogados expertos en la materia e incluso la Organización de Naciones Unidas, rechazaron tal idea, por considerarla que permitía el abuso y la violación de los derechos humanos.
Finalmente, el 6 de abril, el gobierno promulgó la Ley Naín – Retamal, con modificaciones que fue acotado únicamente a casos “en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros”.
Pero todo esto demostró una debilidad importante del gobierno, el día de los velorios al carabinero Daniel Palma Yáñez, uno de los asesinados, se manifestaron un grupo importantes de personas frente al palacio de gobierno, La Moneda, llamando “asesino” al gobierno y que “renuncie” el presidente. El presidente Boric fue pifiado cuando fue a la misa al carabinero para saludos y dar el pésame a los familiares de Palma. Mientras Rodolfo Carter, alcalde del municipio de La Florida, opositor de derecha que ha destruido un par de casas de narcotraficantes, fue recibido con aplausos y selfies.
El gobierno no tiene agenda en seguridad y eso quedó claro para todos. Ante la presión mediática, que instaló el discurso de que estos hechos nunca antes habían ocurrido, lo cual es completamente falso, ya que Interferencia informó, por ejemplo, que bajo el mando del general Gustavo González Jure ocurrieron 11 homicidios a carabineros en un periodo de cuatro años, desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2015, promediándose un funcionario fallecido cada 133 días, haciendo caer dicha tesis, y ante la presión política de la derecha, el Ejecutivo cedió todo.
No es primera vez que se discuten o instala la seguridad como una problemática nacional, viene desde hace tiempo. Pero el problema es que se pasó de una institución cuestionada como era Carabineros, por hechos de corrupción (26 mil millones de pesos sería la cifra de fraude contra el patrimonio fiscal, en donde están implicados varios miembros de la alta oficialidad de la institución), el cegar a varias personas, acusaciones de abuso, torturas y violaciones durante 2019 y en los años posteriores, a recuperar toda su legitimidad, sin recordar estos hechos (144 funcionarios policiales han sido formalizados entre 2019 y 2022).
Es la oposición política, económica y mediática la que está instalando la agenda y obliga al gobierno a pronunciarse y acelerar las discusiones legislativas. Incluso algunos alcaldes del Frente Amplio salieron a hacer autocríticas, por haber cuestionado a Carabineros.
Ya ha pasado más de un año y hasta ahora no hay un plan efectivo para combatir la delincuencia, dejando espacio para lo que se denomina como “populismo penal”, crece la xenofobia, debido a que se instaló en Chile el Tren de Aragua y los asesinos del carabinero Palma son venezolanos, y se ocupa la cuestión de seguridad por parte de la derecha para posicionarse a nivel electoral, como es el claro ejemplo del alcalde Carter, y movilizar masas en contra, no sólo del gobierno, sino que de toda idea de transformación.
Pero esto abre también una discusión en la izquierda, la seguridad pública y la delincuencia, no se puede solo tratar desde un punto de vista de derechos sociales y distribución del ingreso, es evidente que se tiene que avanzar en eso, sino que también desde un fortalecimiento y cambio de lógica de las fuerzas del orden y la seguridad. La referencia para nuestros pueblos no debería ser Nayib Bukele.
Construir una agenda de seguridad para combatir al crimen organizado, en donde la represión directa a éste debe ser una de las herramientas, pero también el levantar el secreto bancario, para seguir las huellas del financiamiento, una profunda investigación a las FFAA y de Orden, se sabe que mucho del armamento usado por las bandas delictuales es facilitado por éstas, incluso en el caso del carabinero Palma, está involucrado un miembro del ejército que arrendaba su auto a los jóvenes que dispararon contra éste, demuestran la necesidad de avanzar en reformas profundas a nuestras instituciones de seguridad.
Finalmente, la seguridad pública es un tema global, urge que nuestros gobiernos puedan dialogar y concretar acuerdos para de manera conjunta enfrentar al crimen organizados que desde hace años ha venido perforando no solo fronteras, sino a los mismos Estados.
