Por Lauro Meléndez
Ilustración Jorge Fuente
Estamos asistiendo a algo completamente descarnado, no puedo decir sin precedentes porque en esto que ha sido tan dinámico no he tenido tiempo para investigar, pero lo del “chantaje político “ del que acusan a Cabildo Abierto para votar la Reforma Previsional es por lo menos fuerte. Junto al sector “Ciudadanos” del Partido Colorado, uno de los partidos que pelea con Cabildo Abierto su supervivencia (por lo menos en lo que refiere a representación parlamentaria), esta semana fueron amenazados. Mejor dicho, advertidos, por Delgado -según nos informa el Semanario de De Posadas, bueno en realidad del Grupo Magnolio- lo que dijeron desde Presidencia fue: Quien no vota la reforma pierde los cargos en el gobierno, palabra más palabra menos, esto marca una pisada fuerte por parte del gobierno encabezado por el herrerismo y un nuevo posicionamiento en la cancha, su cancha.
Pero pasemos al tema de la Reforma que es de lo que nos proponemos dar opinión hoy. Al proyecto original se lo ha maquillado para poder conseguir los votos necesarios para su aprobación, en realidad eran cosas que se podían haber planteado de entrada, porque eran de las premisas que defendían tanto las Organizaciones Sociales como el Frente Amplio en la “Comisión de expertos” creada por la LUC. Hablamos, por ejemplo, de contabilizar los mejores 20 años para el cálculo del básico o lo de las inversiones de las AFAP en el extranjero entre otras cosas. A esto le sumamos las palabras del representante de los empresarios, José Pereyra, quien declaró en una reciente intervención pública que: “por constitución…no puede faltar el dinero para las jubilaciones. Cuando usted escucha a un Diputado que dice esta reforma es urgente porque corren riesgo las futuras generaciones, es un cobarde, y miente. Está asustando a la gente para permitirse o darse el lujo de votar algo que después la va a perjudicar”. Para Pereyra esta propuesta “no mejora la calidad de vida de los uruguayos, sino que les pide un esfuerzo más”.
Debemos reconocer que todas las fuerzas políticas que pretendían una representación parlamentaria, y las dos que podían aspirar a obtener la presidencia de la república, proponían una reforma de la seguridad social. Es cierto, pero la presentada, aún con las modificaciones de último momento, no es ni reforma de la seguridad social, ni es la mejor posible, ni es justa, ni es la que beneficia a la mayoría de la población.
En definitiva lo que dijimos en el Senado el día que votamos en contra, lo que se plantea es extender el régimen de AFAP a todos los subsistemas. En la medida que hemos sido críticos con la concepción filosófica de participación privada dirigida por el fin de lucro que tienen las AFAPs, no se puede apoyar la ampliación del actual sistema, ampliando el negocio de las administradoras.
Hemos hecho propuestas de aumentar el aporte patronal, hacer aportes por los ingresos generados y no por trabajador. Revisar ciertas exoneraciones que se podrían reducir (la famosa renuncia fiscal), impuestos específicos hacia la Seguridad Social (juegos de azar, herencias, narcotráfico, etc.), ninguna de esas cosas, que han sido recogidas en las recorridas que hemos hecho por todo el país y han surgido en las conversaciones con las organizaciones sociales, ninguna de ellas han sido tenidas en cuenta. Y el asunto se termina dirimiendo a través del cambio de votos por leyes que ellos mismos, sectores de la coalición, condicionan para su aprobación.
El Poder Ejecutivo, que tiene la potestad exclusiva de presentar la ley, nos presenta un proyecto que en lo esencial busca la sostenibilidad financiera de la reforma sin importarle el impacto social. Insiste en una reforma previsional y no de seguridad social, quiere jubilar con más edad sabiendo que eso significará menos plata en nuestros bolsillos.
Insistimos que, eliminando el plan Ibirapitá, sin construcción de las viviendas necesarias, con menos políticas de cuidados y minimizando la atención social a los más vulnerables…no van mejorar las finanzas públicas.
Entendemos que la intención política del gobierno con este proyecto parece ser desfinanciar al BPS, en favor de las AFAP, confirmando la premisa del herrerismo y sus aliados de que “las cosas del Estado la deben gestionar los privados”.
Las más perjudicadas serán las mujeres. Aparte de las conocidas pensiones, también está el hecho de que un patrón rural, con 600 hectáreas, aportaría menos que una mujer que tiene un puesto en la feria, un quiosco o hace limpiezas. ¿Es eso parte de la justicia proclamada por los que presentan esa reforma?
Una mujer con una unipersonal o monotributo llegará a una jubilación, si es que llega, muy por debajo de sus necesidades. La mayoría de las mujeres nunca llegará a los años de aportes porque, en general, la mujer durante su vida trabaja en los cuidados familiares.
Estos son algunos de los argumentos que desde lo social, e incluso desde la oposición, se han planteado. Pero como los tres monos sabio,s el Gobierno se encuentra “sordo” a los reclamos, “ciego” a las realidades que el pueblo está viviendo, y “mudo” para responder las preguntas que empecinadamente les hacemos.
Y me consta que aún no hay definición en muchas de las casi 100 propuestas de modificación, sobre todos las que requieren un cálculo de su impacto, de una coalición de gobierno que decía que tenía todo acordado. Por eso votaron el cuarto intermedio hasta el día 20 de abril.
Esperemos ver que pasa el 20, cada cual asumirá la mano que levanta. Nosotros y la mayoría del pueblo representado en las organizaciones sociales, tendremos las voces entonadas en las calles y no levantaremos las manos en contra del pueblo.
