Lo que no estaba guardado en la memoria

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Por Ricardo Pose

Mientras el sistema político debate como debería ser el procedimiento de tratamiento de los archivos que contienen información de los servicios de inteligencia policial y militar desde 1960 en adelante, desde el anonimato, se viene publicando en un sitio de internet.

El proyecto de ley del gobierno que viene desde el ministerio de Defensa y el Ministerio de educación y cultura abarca 153 documentos, integrados en el Archivo Berruti que fueron declarados reservados en el 2011 por un plazo de 15 años, pero los documentos que aparecen difundidos ya son más 1.602 archivos, desde el 18 de abril.

En ellos hay fichas de detenidos políticos, supuestos colaboradores, seguimientos a varios ciudadanos y sumarios a funcionarios públicos.

98 rollos del denominado archivo Berruti que nunca habían sido localizados también fueron públicados.

Entrometiéndose en uno de los puntos más álgidos del debate, los anónimos difusores emitieron una suerte de aclaración donde dejan claro que fueron excluidas las actas de interrogatorios tomadas bajo tortura pero aclara que si fueron incluidos en la publicación contenidos obtenidos mediante tortura, algunos con información falsa o manipulada y que la documentación alcanza a las actividades de espionaje realizado por fuerzas de inteligencia militar y policial hasta el 2004.

El volumen del material y la forma “ordenada” de presentación parece responder más a una organización de anónimos difusores que a una sola persona, pero hasta la publicación de éste artículo su identidad, es un misterio.

Fuentes del Ministerio de Defensa niegan que integrantes de sus servicios puedan haber realizado la publicación.

El sitio tiene le siguiente enlace: https://archive.org/details/@archivos_del_terror_de_uruguay.

Entre mármoles

A pesar de que el acceso a ésta información podría echar por tierra la necesidad de una ley que permita el acceso a los que posee bajo custodia en el Archivo General de la Nación, en la medida que se mantienen procesos judiciales y se podrían iniciar otros, no es menor el debate jurídico que se genera a partir del valor documental que podrán tener dichos archivos consultados en esas fuentes.

Alguna el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro expresó con la misma visión de futuro que con el tema del acceso al agua potable, que las futuras guerras y conflictos tendrán un escenario fuerte en las batallas de Inteligencia.

La información recogida por los servicios desde 1960 hasta el 2004, no es deben verse como una cronología meramente histórica.

Primero porque la información recabada hasta el 2004 hace ese periodo de tiempo más que casi actualizado con protagonistas cuya biología les depara aún muchos años por delante, sino porque están al servicio por un lado de quienes buscan la verdad, por ejemplo sobre el destino o las causas de las desapariciones forzadas, los apremios físicos, pero también por quienes intentan revisionar un relato histórico que ha demostrado no solo el Terrorismo de Estado como una política pública, sino como algunos de sus métodos se han seguido utilizando desde la recuperación democrática hasta los primeros gobiernos del Frente Amplio, en principio, por lo que se ha podido encontrar documentado.

Mientras, como en una sucesión de hechos que parecerían predeterminados, el Ministro de Defensa Javier García declaraba que algunos contenidos ponían nerviosos a integrantes de la oposición y ésta le respondía, aparecían nuevos restos en el batallón 14 y hace pocos días, el Gobierno cumplía con la sentencia de la CIDH, del reconocimiento por parte del Estado Uruguayo en su responsabilidad en los crímenes de las “Muchachas de abril” y las desapariciones de Oscar Tassino y Luis González González.

Lo que está encima de la mesa de la Comisión parlamentaria que analiza el proyecto de ley del gobierno, es quien, como y cuanto podrá manipular la información.

El proyecto de ley propone la creación de una oficina dentro del Archivo General de la Nación que será la encargada de administrar (¿dosificar) la información solicitada, aunque aspiramos se atenga a las normativas ya existentes, sobre la preservación de los datos que hacen a la integridad de las personas.

Las dos caras de la moneda

En lo personal puedo compartir la universalidad del acceso a la información pero debo señalar, advertir, que no solo siguen existiendo actividades de Inteligencia, por dentro y fuera del Estado (y el espionaje a los senadores Carrera y Bergara es una muestra de ello), sino que existen operadores políticos, amuchados en Cabildo Abierto pero no solo allí, que siguen impulsando la justificación de los actos cometidos por las patotas, civiles y militares al servicio del Terrorismo de Estado.

Si bien parecen perseguir un objetivo claro, al decir de Javier García, “saber toda la verdad”, y en ese sentido por ejemplo aparecen en las redes un día y otro también algunas de las actividades de acción política armada de José Pepe Mujica para descalificarlo como dirigente político a pesar de ser un ex presidente, seguramente se utilizarán en campañas electorales, como ya el Senador Gustavo Penadés utilizó en la campaña electoral del 2004 cuando era asesor de campaña del herrerismo, o, para utilizar como material en los juicios descalificativos de pruebas en los juicios.

La tarea de investigadores, periodistas e historiadores, puede quedar empañada cuando metan lupa con graduación unidireccional militantes políticos y la verdad puede quedar enredada en la telaraña, que sutilmente se teje desde el gobierno.

Valga como ejemplo los debates en torno a la ejecución de las muchachas de abril; a pesar de su condición de integrantes de un movimiento levantado en armas, la forma en que fueron ejecutadas violan los preceptos de cualquier conflicto bélico; fue por los horrores cometidos durante las contiendas militares que se impuso por fuera de la lógicas militares, jurisprudencia que hablaba sobre el trato humanitario a los prisioneros de guerra y el concepto de delitos de lesa humanidad.

Para no pocos, el asesinato de las muchachas de abril era la consecuencia natural de la función que cumplían “los que defendían las instituciones y la patria”.

Los hechos del pasado, siguen impactando con fuerza en nuestro presente, y a partir de lo que ahora sabemos de las actividades de inteligencia en democracia, en nuestro futuro.

 

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