Por Colectivo Histórico «Las Chirusas»
El tiempo pasa, las heridas no cierran, las páginas no se dan vuelta por decreto, la memoria no afloja, cada nuevo 20 de mayo interpela, cada hallazgo en los Batallones moviliza, todo negacionismo tensa…pero el tiempo pasa.
Ya medio siglo del decreto de disolución de las Cámaras y la creación de un Consejo de Estado -con funciones legislativas, constituyentes y de contralor administrativo- con el que Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas instalaron, en nuestro país y de manera oficial, una Dictadura. Una Dictadura cívico militar que tardó 12 años en irse materialmente, pero cuyas secuelas, institucionales, familiares y sociales, jamás se irán.
Los golpes antes del Golpe
En 1963, Kennedy inaugura las actividades de la Escuela del Ejército para las Américas en Fort Gulick (Panamá). Sería el nexo entre los oficiales latinoamericanos y la doctrina militar de la Casa Blanca: La Doctrina de Seguridad Nacional. Un conjunto de acciones de política exterior de los Estados Unidos, tendientes a que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos se dedicaran a garantizar el orden interno, y combatir aquellas ideologías (organizaciones o movimientos) que pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Llegando a legitimar la toma del poder por parte de las fuerzas armadas y fomentar la cooperación entre las dictaduras militares. Ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos y puesta en práctica mediante el entrenamiento de los distintos ejércitos latinoamericanos en la Escuela de las Américas en Panamá. Allí, durante casi cuarenta años, eran enviados militares procedentes de distintos países latinoamericanos para instruirse en técnicas de contrainsurgencia: interrogatorios mediante torturas, infiltración, inteligencia, secuestros y desapariciones de opositores políticos, combate militar, guerra psicológica.
Las dificultades económicas que atravesó nuestro país durante la década de 1960 explican la radicalización política de algunos sectores de nuestra sociedad. La línea económica trazada por el gobierno colegiado que asumió en 1959 se caracterizó por la implantación de los primeros rasgos de un modelo económico liberal y el retroceso de las prácticas de integración social.
Hacia fines de 1964 quiebra el Banco Regional y al año siguiente el Banco Transatlántico, devaluación de la moneda, estancamiento de la producción (el producto del 65’ es igual al del 56’); descenso de las exportaciones (Uruguay pasa de cubrir el 16% del mercado mundial de la carne a cubrir solo el 4%); inflación de 110%; el dólar pasó de $11 en el 62’ a $80 en el 66’; descenso salarial; desocupación (llegó al 12%); represión contra los sindicatos (medidas prontas en el 63’ y en el 65’); remesas de U$S200 millones al exterior entre el 64’ y el 66’; embarques de oro prendado a EEUU para el pago de deuda (60 toneladas en lingotes al Federal Bank); crisis de la banca (Transatlántico, Italiano, Regional y Rural); una nueva carta de intención con el FMI en el 66’.
Hasta julio de 1964, los diplomáticos estadounidenses desestimaban la posibilidad de un golpe de Estado, porque tampoco veían dentro de los militares quien liderara o manifestara propuestas para poder salir de la crisis económica que arrastraba el país desde hace unos cuantos años. Pero la huelga general de ese año, que llegó a paralizar servicios públicos esenciales, cambió la perspectiva de la Agencia que se dedicó a profundizar las relaciones de enlace con los servicios de seguridad de Uruguay, fundamentalmente el Servicio de Inteligencia Militar y el Departamento de Policía de Montevideo. Los objetivos apuntaban a la realización de operaciones conjuntas y a la cooperación, a través de entrenamiento y apoyo financiero, para la mejora de los servicios uruguayos.
Informes desclasificados testimonian que en 1965 funcionarios de la Embajada estadounidense comenzaron a trabajar para impedir el advenimiento de “un gobierno hostil a los Estados Unidos”. En enero de ese año, había llegado al país Adolph Saenz, primer consejero del Programa de Seguridad Pública (PSP) de la Agency for the International Development (AID), dependiente del Departamento de Estado, cuyo objetivo era fortalecer a la policía como “primera línea de defensa” contra el avance del comunismo y la insurgencia guerrillera. A partir de entonces, los funcionarios del PSP (junto a los del Grupo Militar de la Embajada) impulsaron la consolidación de una “segunda línea de defensa”, la unión de Policía y Fuerzas Armadas en la lucha contrainsurgente.
No obstante, a mediados de 1961 se presentó públicamente la Legión Oriental Artiguista, compuesta por civiles y militares retirados (en su mayoría vinculados a movimientos antigubernamentales desde la década de 1940), que compartían varios de los postulados y modos de acción de la derecha conservadora. Organización que tempranamente adoptó conceptos clave de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del cual surgieron las primeras propuestas golpistas estructuradas.
Lograron concitar el apoyo de empresarios que sostuvieran económicamente el crecimiento de la organización y el apoyo de núcleos militares dispuestos a entrar en acción. Recorriendo departamentos, medios de comunicación, casas de empresarios…fueron creciendo en voluntades hasta que el 24 de enero de 1964 el jefe de policía de la ciudad de Treinta y Tres comunicó al Servicio de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Policía de Montevideo haber recibido una denuncia que alertaba sobre un Golpe de Estado por parte de comandos civiles con apoyo militar. A fines de 1963, y dentro de la propia organización Legión Artiguista, se formó una nueva organización llamada Vanguardia Tricolor, con la finalidad de encarar la acción más directa o contundente contra el comunismo, tanto en el plano sindical como en el político. Hablaban de un Gobierno de la Revolución Nacional.
1973
Tras el intento fallido de golpe, las amenazas de ruptura institucional se siguieron dando hasta las elecciones nacionales de 1966, el vacío político que las sucesivas muertes de líderes partidarios fuertes estaban dejando y la agitación social en crecimiento fue pesando en sectores del ejército que -con apoyo de jerarquías policiales y civiles ruralistas/herreristas- se empezaron a manifestar partidarios de un golpe de estado preventivo…como el brasilero, cuyos gobernantes también empezaron a presionar en favor de un golpe en Uruguay. Pero todo esto sin -todavía- la anuencia de Estados Unidos que no veía quien podía liderar ese golpe y prefería ir por el lado de una reforma constitucional que acabara con el colegiado y restituyera un poder ejecutivo unipersonal.
Hay que señalar que, desde que se conoció la enfermedad de Nardone (comienzos de 1963), la embajada norteamericana comenzó a buscar su sustituto en los liderazgos emergentes dentro del ruralismo: José P. Bruno y Juan María Bordaberry. Sobre todo en este último, el mejor evaluado dentro de todos los políticos anticomunistas en Uruguay y con el plus -dentro de la visión de la Embajada- de mantener una estrecha amistad con el entonces diputado Jorge Batlle.
La represión avanzó de la mano con esas políticas de banqueros y latifundistas. El 12/09/1967 se ilegalizó al Partido Socialista, Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), Movimiento de Acción Popular Uruguayo (MAPU), Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y a la Federación Anarquista del Uruguay (FAU). Se establecieron Medidas de Seguridad casi ininterrumpidas desde junio del 68; despidos ilegales; desconocimiento de resoluciones de jueces y de resoluciones del Poder Legislativo; intervención abusiva en los entes; militarización de civiles; destierros; prisión; campos de concentración; torturas; homicidios como el de Liber Arce; intervención a la enseñanza media.
El Decreto de disolución de las Cámaras del 27 de junio de 1973 fue apenas la frutilla de un postre que Estados Unidos empezó a cocinar luego de finalizada la II Guerra Mundial, al que se sumaron los grupos económicos nacionales con sus representantes: en los mandos militares y policiales; en los partidos políticos, en ese entonces, tradicionales; en la justicia; en las empresas y en los medios de comunicación.
Aproximadamente 15 mil personas pasaron por los centros de detención de la Dictadura, todos por razones políticas. Una cifra excesivamente alta para un país de nuestras proporciones, que da cuenta objetivamente de una estrategia de represión y control. Una cifra que mal acompaña y se suma a otra cifra como la de casi 200 personas Detenidas-Desaparecidas, y a otra cifra como la de las 123 víctimas en el período 1973-1985, que suman 200 si agregamos los 77 asesinados entre 1968-1973.
La Política
“Chocolate por la noticia” que existan visiones distintas, por eso historizamos, para entender mejor las visiones. Entender cuáles son las visiones que justifican y cuáles son las visiones que -valga la redundancia- nos ayudan a entender lo sucedido, siempre con el conocimiento de los acontecimientos más que con el relato.
Seguir abonando la memoria con cada nuevo descubrimiento, como ejercicio doble de aprendizaje sobre lo que pasó y lo que queremos que nunca más vuelva a pasar. Un ejercicio activo que si no desapareció con las desapariciones, tampoco va a desaparecer cuando ya no estén sus protagonistas, porque la sociedad seguirá latiendo cada una de sus contradicciones, de sus alegrías y sus horrores.
Dicho todo esto, y antes que el espacio de este artículo se agote, una última honestidad.
No somos objetivos cuando de la lucha se trata, nos mueven grandes sentimientos de amor y de justicia, los militamos. Esa es nuestra principal razón para nunca dejar de escribir, nunca dejar de recordar, nunca dejar de tener presente, nunca dejar de aportar para que nunca, nunca, NUNCA MÁS
