Por Fabian Cardozo (*)
Un magistrado de la Corte Constitucional considera que la ley que habilita al gobierno colombiano a dialogar con grupos armados debería ser derogada por errores de forma.
El sociólogo Luis Celis explicó a nuestra agencia Sputnik que, aunque la ley fuera tumbada, la Constitución permite a Petro continuar con su plan de paz total. Una ponencia presentada en la la Corte Constitucional de Colombia por uno de sus integrantes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, plantea la necesidad de derogar la Ley de Paz Total, aprobada en noviembre del 2022, para sentar las bases de las negociaciones de paz entre el gobierno de Petro y los grupos armados que siguen activos en el país.
Según informó el medio El colombiano. El informe de Ibáñez señala que la Ley, conocida como Ley de Paz Total, tiene vicios de forma, ya que no fue consultada previamente al Consejo Superior de Política Criminal, un órgano colegiado creado por ley en 1993 y que tiene a su cargo expedirse de forma no vinculante, sobre todo los proyectos relativos a seguridad ciudadana.
La Corte Constitucional había comenzado a estudiar el caso a partir de una denuncia de inconstitucionalidad presentada por un diputado opositor, que entendía que la norma violaba varias disposiciones de la Constitución de 1991.
Vamos a analizar este y otros asuntos. Estamos en contacto con el analista colombiano Andrés Nieto (A.N.).
F.C.- Andrés, ¿cómo analizas el planteo por parte de un magistrado de la Corte, de que el proyecto del Gobierno de Paz Total, es inconstitucional? ¿Cuáles son los argumentos que existen a favor de esta tesis?
A.N.- Varias cosas para analizar. Lo primero es recordar que la Ley de Paz Total es una prórroga de una ley de 1997, que lo que ha hecho cada uno de los gobernantes, de los presidentes desde cada momento, es prorrogarla cuatro años más de acuerdo a las necesidades de orden público de ese momento.
Lo que se hace con esta ley del 2022, es prorrogar esa del 97, incluyendo unos artículos adicionales para poder generar mesas de diálogo. Las mesas de diálogo no solo serían con los grandes grupos armados, sino también con las bandas criminales, es decir, con los grupos intermedios, y que se podría dar una suerte de beneficios a las personas que perteneciendo a estos grupos, se sumen al acuerdo de paz o a las mesas de negociación.
Sin embargo, hoy el magistrado, en medio de una situación bastante particular en términos políticos, porque recordemos que este año son las elecciones locales en Colombia y entre tanto, todo pasa por un debate también político, argumenta que este proyecto de ley, esta ampliación, esta prórroga, no solo no cumplió el paso que debería cumplir. Entonces existen dos salidas jurídicas. La primera es que el Congreso puede llegar a decirle al Presidente que los errores que o los pasos que no se cometieron son subsanables, y entre tanto la ley quedaría vigente. Pero la segunda es que, si no son subsanables esos pasos, entre otras, se pasaría entonces a que la ley, esa prorroga, se caería y tanto el presidente tendría que volver a presentar el proyecto de ley para esos procesos. Sin embargo, la jurisprudencia también es clara en relación a que la normativa, la Constitución Política del país, permitiría que el presidente avance perfectamente con los procesos de paz, solo que tendría un punto de batalla entre el actual Congreso, entre la Corte y las personas que están liderando el proceso y es cómo garantizar a esas personas que se sumen a la famosa paz total un mínimo de protección y de posibilidades de justicia en medio de todo eso. Entonces, ¿cómo se lee esto? Uno, Pues muy preocupante que no se surta el paso a paso en un tema tan clave como es la paz total. Dos, el país necesita avanzar en diálogos urgentes, porque hoy ya nos dimos cuenta que el problema no eran las FARC, sino el resto de grupos. También el ELN, la disidencia, el Clan del Golfo e incluso las bandas criminales que están configurándose. Tres, sin duda lo que sí hace falta en medio de todo esto, y que nunca se menciona, es cuál va a ser el discurso contra el narcotráfico, porque el problema de fondo es que se pueden llegar a todos los acuerdos de paz con todos los grupos que están hoy.
Pero mientras en Colombia siga siendo rentable el narcotráfico, se van a configurar otros grupos y va a ser una bola de nieve interminable.
F.C.- Andrés, ¿cómo analizas la importancia de estas negociaciones con la guerrilla que se vienen dando, los recientes avances? ¿Le da más legitimidad a un gobierno que ha sido asediado por la oposición?
A.N.- Es fundamental avanzar en las mesas. Lo que sí se ha dicho, no solo desde la oposición, sino incluso desde sectores académicos y expertos, el grupo de las negociaciones con las Farc en La Habana, en la administración de Juan Manuel Santos, es que debería hacerse 1 a 1 y no en paralelo. ¿Por qué? Porque es diferente negociar con el ELN, que con las disidencias, que con el Clan del Golfo. Cada uno tiene miradas distintas, pero además tiene negociaciones distintas, porque sus pretensiones son diferentes, están en diferentes partes del país.
Entonces, lo que se le ha sugerido al Gobierno Nacional es que avance, que esto le puede dar legitimidad, pero siempre teniendo cuidado de cuáles son las comunicaciones que se dan. Dos, Generando confianza entre las partes para poder avanzar en el proceso. Tres, que no sean simultáneas, sino que se haga primero un proceso y luego se continúe con el otro. 4.º, que no puede avanzarse en un proceso de paz sin una iniciativa clara del cese bilateral al fuego.
El ELN, hace dos días en Colombia, dijo que suspendía los ataques al ejército colombiano. Sin embargo, no es solo el tema del cese al fuego, que es fundamental, sino el cese a las cadenas delictivas o a las rentas criminales. En otras palabras, maravilloso que no tengan enfrentamientos con el ejército colombiano. Pero también necesitamos que dejen de extorsionar, de secuestrar, de amenazar, de intimidar o de ajusticiar a la población. Esa es la mejor muestra de que ellos sí quieren un proceso de paz y que no están aquí solo por unas prebendas políticas
F.C.- Andrés, ¿Cómo está la coyuntura política general del país y las mayores dificultades que Petro va llevando en su gestión? ¿Han sido varias y parece estar en crecimiento esa confrontación también con los sectores de oposición?
A.N.- En este momento la coyuntura todos los días nos da una noticia nueva, un panorama nuevo. En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue sorprendido de alguna forma porque dos de sus más íntimos colaboradores empiezan a aparecer de nuevo en el ojo del huracán, por presuntamente recibir dineros por parte de privados en medio de las campañas electorales, y financiamientos que no fueron reportados en su momento en las campañas presidenciales, que se dieron en los últimos 12 años.
Pero adicional, las peleas y luchas de los acuerdos de los diferentes partidos que apoyaban al presidente Petro como el Partido Liberal, en los cuales hoy tenemos tensiones por los diferentes acuerdos, que al parecer, llegaron para poder ganar la Presidencia, y que hoy no se han cumplido en su totalidad.
Adicional aparece la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Equidad y la Igualdad, en el cual la vicepresidenta acaba de ser nombrada como ministra, pero que empieza a tener también debates sobre la cantidad de cargos públicos que se mencionaron para poder crear esto. A todo eso se suma que recordemos que la semana pasada, el 30 de junio de este año inició lo que se conoce como Ley de Garantías, que es que el Estado colombiano en ninguna de sus ramas, ni en el orden presidencial, ni departamental ni local, pueden realizar contrataciones en el hecho que en el mes de octubre se llevarán a cabo los comicios para elegir gobernadores y alcaldes en todo el país. Estamos hablando de 32 mandatarios en el término de la Gobernación y más de mil para alcaldes y alcaldesas de los municipios y ciudades. Y eso pone entonces, una coyuntura tensa, donde se suma todo lo que ya veníamos viendo de las negociaciones con la coyuntura política y con el panorama electoral.
En medio de todo, esperemos que ninguno de estos temas que son cruciales para el país, como el orden público, la seguridad, la gobernanza, terminen en debates de políticos electorales, cuando lo que necesita el país es avanzar. La paz no es de derecha ni. Izquierda. La seguridad no es de derecha ni de izquierda, es sencillamente de los colombianos que necesitan que el Estado por fin les responda.
F.C- En ese sentido, ¿consideras que de cualquier manera hay un diferente manejo de las políticas vinculadas al proceso de paz y los conflictos armados por el progresismo? ¿Se diferencia de la estrategia militarista de los gobiernos de derecha?
A.N.- Evidentemente se distancia y se distancia porque no tiene una lucha directa militar, sino que lo que se busca es, todo el tiempo, incentivar y buscar caminos de negociación y diálogos con garantías. Sin embargo, y si bien esto es muy interesante y es una apuesta arriesgada pero motivadora, hemos sido enfáticos desde diferentes sectores, que es importante no caer en ambigüedades o en situaciones de inocencia extrema.
¿A qué nos referimos? Que les guste o no, la mejor salida es el diálogo y apoyamos siempre el diálogo, siempre será mejor el proceso de paz, pues no podemos ser indolentes frente a lo que están pasando nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que, si bien se quiere avanzar en un proceso de paz, muchos de estos grupos, no han disminuido su actuar delictivo y criminal frente a la población civil y entre tanto, no deberían darse unas garantías en el proceso de paz hasta que se llegue a una real forma de demostrar que estos grupos quieren la paz, quieren avanzar en una mesa de diálogo y no solo que están presionando al gobierno.
A veces da la sensación que estos grupos, quieren continuar con su actuar delictivo para poder generar más presión al gobierno nacional y así pedir más cosas en esas mesas de diálogo. Y lastimosamente quienes terminan perdiendo en medio de esas disputas, son nuestros campesinos, nuestra población, especialmente en la zona rural.
Y un último punto: si bien el progresismo tiene una muy buena imagen en términos teóricos de cómo quiere llegar a las mesas de diálogo y cómo las quiere direccionar, no podemos tampoco quitarle el respaldo a la Fuerza Pública. Y es que en tres oportunidades este año pareciera que la fuerza pública, especialmente nuestros militares, terminan siendo una carta de negociación y de presión cuando de fondo, al final lo que se le está quitando es autoridad, a ellos, para que puedan defender algunos de estos territorios donde no ha llegado el Estado, donde no hay educación, vivienda, empleo, pero sí están los grupos criminales comandando y atemorizando a las diferentes personas que viven ahí.
F.C. – Andrés Nieto desde Colombia, gracias por tu análisis para GPS internacional.
(*) Fabian Cardozo: destacado periodista uruguayo, corresponsal de importantes medios, Consultor de comunicaciones en Comunicación Política.
Nota:
(1)Entrevista desgravada de GPS Internacional, Sputnik Mundo, 8/7/2023
