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Dibujo Prof. Adán Iglesias Toledo (**)
La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) registra y sistematiza información relacionada a los vínculos laborales con el Estado, y está obligada por ley a presentar un informe en el marco de la Rendición de Cuentas sobre la distribución, incorporación y tipo de vínculos, algunos de los cuales analizamos en este artículo.
En primer lugar, para analizar la distribución de trabajadores y trabajadoras del estado, debemos tener en cuenta el famoso decreto, mencionado en repetidas ocasiones en este portal: el decreto 90/2020. Básicamente porque es un eje de la política de ajuste del gobierno y tiene impacto directo sobre el sector público. Específicamente, mediante uno de sus artículos prohibió la provisión de los cargos vacantes generados al 31 de diciembre 2019, y, de los generados en el 2020 determinó que sólo se podría ocupar un tercio de estos, con algunas excepciones.
Los vínculos laborales de las personas con el estado pueden ser en calidad de funcionario público y funcionario NO público.[1] La cantidad total de vínculos con el estado en 2022 fue de 308.557, de los cuales: el 96,2% públicos y 3,8% no públicos, representando el 19% de la población ocupada del país, igual que en 2019[2].
Del total de los 308 mil vínculos en 2022, el 56,6% son mujeres y 43,4% varones. La mayor presencia de mujeres se muestra desde 2011 cuando todos los organismos empiezan a enviar datos desagregados según género y las mujeres representaban el 51% del total de vínculos con el estado y los varones 49%. En 2019 las mujeres aumentaron a 55,2% y los varones descendieron a 44,8%. Se observa en la administración pública una mayor presencia de mujeres a la observada en el total de la población ocupada, que se distribuye en 54% varones y 46% mujeres.
En 2022 la variación total a nivel de funcionarios públicos fue de -1,5% con relación a 2019, esto significa una reducción de 4.529 trabajadores públicos en 3 años. Mientras que la variación de funcionarios no públicos en estos años fue de 1,8%, unos 208 funcionarios más en igual período.
Según incisos, la variación de funcionarios públicos entre 2022 y 2019 fue la siguiente. En el Poder Legislativo, la cantidad de trabajadores disminuyó un -9% y en el Poder Ejecutivo -3,5%. Los incisos más afectados durante esos tres años fueron: MVOTMA, que disminuyó la cantidad de funcionarios en 2022 en 48% con relación a 2019. Seguido por Presidencia y MTOP que disminuyeron 18,5% en cada caso. Luego, el MSP y MEC disminuyeron 17% y 16% la cantidad de funcionarios públicos respectivamente en el mismo período. Los únicos que presentaron una variación positiva de la cantidad de funcionarios públicos para estos años, fueron el MGAP en 7% y el MDN en 0,3%.
Si ahora observamos la variación de funcionarios públicos en las instituciones del art. 220, ésta fue de 1,4% más en 2022 con relación a 2019, explicado fundamentalmente por la mayor cantidad de trabajadores públicos de UTEC, ASSE, ANEP e INISA. Las restantes instituciones contaron con una menor cantidad de trabajadores en 2022 que en 2019.
Las instituciones financieras también disminuyeron la cantidad de empleados públicos en estos 3 años: la variación en el BHU fue de -16%, en el BROU -12%, BCU -8,3% y BSE -6,3%. La mayor variación de funcionarios se dio en las empresas públicas fue en AFE -26%, seguido por OSE -14,5%, ANTEL -13%, y ANCAP -11,6%. Entre las instituciones financieras del estado y las empresas públicas se explica el 67% (-3.008 vínculos) de la reducción total en el empleo público. Solo entre OSE y ANTEL vieron disminuido su personal en 1382 funcionarios.
Mientras tanto, la variación de funcionarios en los gobiernos departamentales en 2022 con relación a 2019, en general fue negativa. A excepción de los departamentos de Cerro Largo, donde la cantidad de trabajadores públicos aumentó en 11%, en Flores 6,4%, Artigas 5,8%, San José 5%, Maldonado 3,6% y Colonia 0,6%.
En resumen, en 2022 hay un total de 4.322 trabajadores públicos menos que en 2019. La mayor variación se dio en el Poder Ejecutivo (-2.206) y a nivel de empresas públicas (-2.421), luego por los gobiernos departamentales (1.140) y las instituciones financieras (556), mientras que la variación de las instituciones del art. 220 fue positiva (2.001). Es decir, el ajuste en el sector público se viene desarrollando de manera exitosa según lo previsto por el gobierno, tanto a nivel de vínculos con el estado, como acabamos de ilustrar, así como también a nivel de remuneraciones e inversiones, tal como lo hemos visto en artículos anteriores. Si hay una institución del estado que cumple con el ajuste en todos los órdenes –gasto, inversiones y funcionarios- es justamente OSE, con menos recursos en medio de una crisis hídrica sin precedentes en el país.
(*) EconomiaPolitica.uy: Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política, dirigido por el Mag. y ex Senador Héctor Tajam.
(**) Adán Iglesias Toledo: Dibujante Gráfico Cubano, Profesor, director del medio humorístico DEDETE del periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
[1]Funcionario público: presupuestado, provisiorato, efectivo policial/militar, contrato policial/militar subalterno, contrato permanente/ de función pública, contrato de función pública Ley 19.996 art. 7, contrato de trabajo (art. 92 ley N 19.121), zafral/eventual, docente efectivo, interino y suplente, y otros.
No funcionario público: becario, pasante, contrato laboral y a término, arrendamientos de obra, con organismos internacionales, de servicio y de servicio con organismos internacionales, otros.
[2] Así como le relación empleo público/población ocupada se mantuvo en 19%, también la presión fiscal (impuestos/PIB) se ha mantenido en ese rango.