Por EconomíaPolítica.uy
Claudio Fernández Caetano
Dibujo Adán Iglesias Toledo
El 10 de julio asistieron al parlamento las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y del Banco Central del Uruguay para presentar su evaluación de la economía durante 2022 y sus proyecciones en el marco del proyecto de Rendición de Cuentas.
Sobre la situación de la economía uruguaya, el equipo económico presentó su análisis afirmando que se han cumplido las metas fiscales atendiendo las necesidades prioritarias de la población, modificando la política económica mediante un manejo responsable y prudente de los recursos públicos, afianzando las bases para una sociedad más estable, justa y próspera. Por parte de la bancada de diputados del Frente Amplio, cuestionaron esa afirmación y dieron su visión sobre la actual coyuntura y sus problemáticas.
En ese sentido, se afirmó que en los tres años que pasaron desde que comenzó el gobierno, las condiciones de vida de la gran mayoría población han empeorado, lo que es reflejado por la caída consecutiva del poder de compra del salario y las jubilaciones y el aumento de la pobreza infantil en niños y niñas de 0 a 6 años de edad. En relación a esto, la pobreza en ese tramo pasó de 16,6% en 2019 a 18,6% en 2021 y volvió a aumentar en 2022 a 19,7%, cuando en 2022 comenzó a aplicarse el denominado bono crianza.
Respecto a la aplicación de la regla fiscal, en su primer pilar (el resultado fiscal estructural) el año pasado en la presentación de la Rendición de Cuentas se proyectó un déficit fiscal de 2,5% del PBI para este año. Sin embargo, está previsto para 2023 un incremento al 2,7%, lo que refleja el incumplimiento de la propia regla y la no adopción de medidas para corregir esta situación. Es más, se han adoptado acciones en sentido opuesto, como lo son las rebajas del IRPF y el IASS. Estas diferencias se observan incluso sin considerar los cambios de base para el cálculo del PBI que darían incluso diferencias mayores. Por tanto, la parece que incumplir la regla fiscal no solo no tiene consecuencias sino que se vuelve un instrumento meramente indicativo.
Desde el MEF se sostuvo en la comisión que la meta es anual y corregida, el motivo de la corrección no fue presentado, dejando expuesto que no es la regla la que indica los incrementos presupuestales, por el contrario, parece que la política fiscal se define por fuera de ella.
Como parte de la regla, para la estimación del resultado fiscal estructural, se parte del PBI observado y se lo corrige de aquellos gastos e ingresos extraordinarios. A su vez, también se considera el efecto del ciclo económico, estimado la brecha del producto entre el observado y el potencial. Cuando el PBI observado está por debajo del potencial (que indica su trayectoria en el largo plazo), la brecha es negativa y eso supone un deficit fiscal estructural mayor, al observarse menores ingresos y mayores gastos.
Esa brecha del producto estimada por el MEF, que determina parte de la regla, difiere de otras estimaciones, tanto de privados como del propio BCU. Difieren incluso hasta de signo, estimando un producto potencial por debajo del observado y por tanto una brecha positiva entre ambos. La determinación de una brecha negativa por parte del MEF implicó que el déficit fiscal estructural estimado por el MEF sea menor al que corresponde al PBI observado. La metodología del MEF para el desarrollo de la estimación no fue explicada a los legisladores del Frente Amplio en la Comisión, es decir, no fueron explícitos los motivos para tomar esa elección, sino que fundamentaron los cambios en la estabilización de la deuda. Esas estimaciones, que desde su inicio el gobierno ya modificó tres veces, al integrar la regla fiscal, terminan afectando las decisiones de incremento del gasto en la economía, la estimación del PBI potencial.
Desde el discurso el MEF la regla fiscal se ha presentado como garantía de transparencia, alejando la discrecionalidad en la política fiscal. Sin embargo al menos en esta Rendición de Cuentas, también la imputación de los distintos gastos cuando se realizan a través de fideicomisos, o son imputados en el déficit fiscal cuando se realiza sino cuando se va pagando. En síntesis, la transparencia queda afectada en el propio discurso del MEF que plantea la regla fiscal como el seguro contra el manejo discrecional de la política fiscal, cuando en sus respuestas en la Comisión quedó expresado que toman decisiones que alteran la propia regla fiscal dejando de la lado la lógica de largo plazo que se supone que tendría.
