Por Alfredo Rada Vélez (*)
En varias ciudades de este país sudamericano comenzó una nueva oleada de movilizaciones contra el gobierno de facto de Dina Boluarte. Otra vez el epicentro de las protestas es Lima, la capital de 10 millones de habitantes.
Hacia esa urbe, en cuya área metropolitana vive uno de cada tres peruanas y peruanos, llegaron columnas de decenas de miles de marchistas provenientes de varias regiones y provincias. El enorme dispositivo policial con ocho mil uniformados desplegados tanto en Lima como en las principales ciudades, que fue organizado desde la Casa de Gobierno, no logró su principal objetivo de amedrentar a los sectores sociales, que igual salieron a las calles e instalaron puntos de bloqueo en varias carreteras troncales.
Perú es actualmente gobernado por una presidencia de facto que emergió de un cuestionado proceso de vacancia de Pedro Castillo realizado en el Congreso el 7 de diciembre de 2022, un proceso que tuvo varias irregularidades de forma y de fondo lo que, según el informe de la Misión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó hace tres meses el país andino, invalida la destitución del profesor rural que por votación popular llegó a ser Presidente Constitucional.
Castillo sigue detenido y encarcelado desde el mismo día que se consumó la ruptura del orden legal en Perú. En línea con el análisis jurídico efectuado por la comisión de la OEA, varios constitucionalistas –peruanos y latinoamericanos–, luego de revisar el expediente judicial contra el expresidente, llegaron a la conclusión de que no fue sometido a un antejuicio político como establece la Constitución, por lo que la presidenta designada Dina Boluarte no tiene la legalidad propia de una sucesión constitucional.
Coincidiendo con el inicio de este ciclo de protestas denominada “Tercera toma de Lima”, el legislador de izquierda Jaime Quito presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por los delitos de usurpación de función pública y aceptación ilegal de cargo, y por infracciones constitucionales cometidas durante violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de marchas en contra de su gobierno. Tal vez esta denuncia no avance en lo inmediato por el control gubernamental de la Fiscalía, pero ya es otro hecho judicial que se suma a la investigación por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas de principios de año. Recordemos que esta investigación está paralizada por las presiones del Ejecutivo sobre el Ministerio Público, otra prueba del perfil autoritario del actual Gobierno, lo que a su vez agrava el repudio internacional.
Por esto se acentúan sus problemas de legitimidad. Boluarte y el Congreso que la eligió tienen un enorme rechazo de la ciudadanía y no logran consolidar el sainete de hace siete meses. Algo parecido a lo que ocurrió en Bolivia el año 2020, cuando Jeanine Áñez –precursora boliviana de la Boluarte– tampoco lograba gobernabilidad en un país convulsionado luego del cruento golpe de Estado contra Evo Morales de noviembre del 2019, que dejó un saldo de 38 civiles asesinados.
En esta ola de movilizaciones en Perú, convocada por numerosas centrales sindicales obreras, organizaciones universitarias, campesinas, urbano-populares y regionales, además de partidos de izquierda, las demandas predominantes son: 1) Renuncia de Dina Boluarte y cierre del Congreso que la ungió como mandataria; 2) Liberación de Pedro Castillo, al que siguen reivindicando como el presidente legítimo del Perú; 3) Investigación con veeduría internacional y castigo de los responsables de la muerte de 67 personas, de las cuales 49 perdieron la vida por impactos de balas de uso militar y policial en las protestas de fines del año pasado y principios de 2023.
Las movilizaciones ya en curso pondrán a prueba la real fuerza social que se opone al régimen, así como la capacidad disuasiva del gobierno de facto que hace una semana organizó en Lima una especie de desfile policial y militar con uniformados en traje de campaña, que con armas en las manos gritaban agresivas consignas con las que intentaron mostrar el poder represivo, que es uno de los factores –los otros son el poder fáctico de los grandes medios de comunicación, los partidos de derecha y el gobierno de los Estados Unidos– sobre los que se sostiene la presidenta designada Boluarte.
¿Cómo logrará este bloque conservador mantener el statu quo? ¿Se verán forzados a llamar a nuevas elecciones generales? ¿Sacrificarán a Boluarte y la reemplazarán con otro presidente designado en el Congreso? Al parecer la intención es no hacer concesiones democráticas, ya que los ideólogos de derecha recuerdan que en Bolivia el gobierno de Jeanine Áñez retrocedió convocando a comicios y el resultado fue que nuevamente el Movimiento Al Socialismo (MAS) triunfó en las urnas. Por ello es que su prioridad es resistir hasta el 2026, pensando que el tiempo curará las heridas. El gran problema es que fueron heridas mortales para medio centenar de personas y el clamor de justicia no se apaga. Tal vez esta tercera oleada de manifestaciones nos muestre que ha perdido intensidad –los primeros choques con la policía han sido menos fuertes en esta ocasión, dejando un saldo de seis detenidos y ocho heridos–, pero la información proveniente de todo el Perú confirma que la protesta social ha logrado expandirse territorialmente, ya no solo hacia las ciudades de Arequipa, Cuzco, Huancavelica y Puno, sino también hacia el norte y sur del país. Esta conclusión se deriva del dato que proporcionó ayer la Defensoría del Pueblo: en 58 provincias y 20 ciudades se efectuaron marchas, paros y cortes de rutas.
Perú seguirá siendo el país de la protesta permanente hasta que se restablezca la democracia.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
