Por Maribel Acosta Damas (*)
Nidia Díaz es la Comandante guerrillera del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que en abril de 1985 fue herida en combate, capturada y meses más tarde, luego de torturas y maltratos, liberada como resultado de una operación de canje entre el FMLN y el gobierno salvadoreño. Ha sido diputada a la Asamblea Legislativa (1994-2000, 2015-2018) (2018-2021) y el Parlamento Centroamericano (2001-2011). Desde el 1 de mayo de 2018 fue jefa de grupo del FMLN en la asamblea legislativa hasta abril de 2021. Además, fue dialogante, negociadora y firmante de los acuerdos de paz de El Salvador; dio seguimiento al cumplimiento y verificación de la implementación de estos acuerdos y participó en la creación de los acuerdos de segunda generación en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Actualmente continúa militando. Nidia Díaz es un verdadero paradigma de lucha y trabajo en favor de su pueblo.
Maribel Acosta Damas- ¿Cómo evalúa la situación política y social actual de El Salvador?
Nidia Díaz- Después de treinta y uno años de la firma de los acuerdos de paz, hoy vivimos un momento de desmantelamiento. Los logros de esos acuerdos que pusieron fin a una dictadura de 60 años y que abrieron al proceso democrático posterior se están perdiendo. Los primeros dieciocho años de la implementación de esos acuerdos siempre fueron de disputa entre los sectores de poder oligárquicos dominantes que querían reducir los alcances del proceso que vivía el país. De una u otra forma se generaban problemas, pero había un compromiso suscrito entre el Estado salvadoreño a través del gobierno. El FMLN estaba reconocido como fuerza representativa de un pueblo, tal como fue reconocido por la comunidad internacional. Nosotros buscábamos enrumbar por el camino que habíamos pactado y cuando el Frente asume el gobierno en el año 2009 y continúa en el 2014, siempre pusimos en el centro los intereses del pueblo y el espíritu de esos acuerdos.
En los últimos cuatro años, el régimen de Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, ha venido desmantelando los logros de aquellos acuerdos y negando la historia. Ha construido una narrativa que le permite violentar permanentemente la Constitución del país; una Constitución reformada en treinta y ocho artículos como parte del Pacto de Paz. Quiero recordar que uno de los mayores logros que tuvimos fue el desmontaje de la dictadura, cambiando en la Constitución la doctrina de la Fuerza Armada y sometiéndola al poder civil. Igual hicimos con el Órgano Judicial y también con otras instancias del Estado. Y también abrimos paso a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la creación del Tribunal de Ética y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es decir, democratizar más el Estado y volverlo más transparente.
La narrativa que ahora impulsa Bukele en relación con lo que se acordó, es que la lucha salvadoreña y la guerra civil fue una farsa; y los acuerdos de paz, un pacto de corruptos. Todo ello le permite a él violar la Constitución reformada y no asumir la institucionalidad que se creó por los acuerdos de paz. Para él la política comienza con él, pero esa es una justificación para la violación sistemática, el desmontaje de instituciones que velaban por el control y por la transparencia. El resultado de ello es una democracia que ha ido perdiendo independencia y le ha permitido A Bukele ir concentrando más poder: se colocó en la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada de Seguridad Pública para obligar a los diputados a que aprobaran un préstamo que él quería hacer con el Banco interamericano de Desarrollo (BID), sin explicarle a la Asamblea los contenidos o alcances del Programa de Seguridad Ciudadana.
Maribel Acosta Damas- ¿Qué impacto ha tenido esto?
Nidia Díaz- El hecho de ese golpe que dio a la Asamblea al introducir a los militares y sentarse él a dirigir, fue un acto sin precedentes. La Sala declaró inconstitucional todo ese accionar y fue rechazado nacional e internacionalmente. Luego, durante la pandemia de Covid 19, estableció los términos de bioseguridad y el confinamiento de las personas que salían de sus casas, en centros para personas que llegaban deportadas de Estados Unidos pero que tenían que pasar una etapa de confinamiento, previendo supuestamente el COVID. Todo esto fue generando una situación que marcaba autoritarismo e irresponsabilidad. También empezó a retener fondos que eran para las alcaldías, para obras públicas y no dio a los partidos políticos el fondo que establece la Constitución y la ley para hacer las campañas. Se apropió de esos fondos y castigó a todas las personas que competían excepto a su propio partido.
Eso generó una campaña desigual en el 2021 y el resultado es que logra tener todo el Congreso; o sea, la fuerza necesaria para garantizar su gobernabilidad. Es importante señalar que al lograr la mayoría absoluta él destituye a la Sala de lo Constitucional con un juicio político, violando los procedimientos constitucionales para ello. Igual destituyó al fiscal general Raúl Melara, que llevaba una investigación sobre el denominado Caso Catedral, que reveló las negociaciones de Bukele con pandillas salvadoreñas, supuestamente para lograr estabilidad en el país a costa de peticiones que las pandillas hicieron a Bukele para mantener vigente el acuerdo y que incluyeron el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, el financiamiento para microempresas, empleo para sus miembros, visitas de sus familiares en las prisiones y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos. He aquí su doble moral: el supuesto combate a las pandillas, pero en el fondo, un rompimiento de un pacto que estaba establecido.
Actualmente, en que ya tiene el control del Parlamento y de la Asamblea, Bukele ha impuesto reglas que ejercen controles sobre los partidos políticos, sobre los liderazgos sociales, ONG y universidades. Ha sido demandado por intervenir los teléfonos de periodistas. El caso de El Salvador se ventila ya en el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Pero él no quiere escuchar. Desde marzo de 2022 en que rompe con las pandillas, entonces aplica un régimen de excepción violatorio de los derechos en el país: suprime doce derechos constitucionales. Hasta este momento se han dado dieciséis autorizaciones de prórrogas del decreto de excepción que crea el régimen desde el 27 de febrero de 2022, que abarca a todo el país y suspende las garantías constitucionales para justificar la represión del sistema y el abuso de poder.
Maribel Acosta Damas- ¿Qué revelan las estadísticas?
Nidia Díaz- Recientemente Bukele inauguró una cárcel nueva adonde llevó a unos cuatro mil ciudadanos como supuestos delincuentes, sentenciados para no salir nunca más de las cárceles. Hasta hoy, esta situación de excepción ha registrado 71 mil 479 capturas en supuestas pandillas, pero es conocido que un porcentual muy importante de esa cifra no tiene nada que ver con las pandillas. Es simplemente uso de la fuerza y la represión a ciudadanos por vivir en sitios estigmatizados, como zonas de pobreza; pero igual los agarran y figuran como delincuentes. Ya se contabilizan más de 160 muertos. Los últimos cinco se registraron muy recientes y ha sido constatado por organismos internacionales que casi todos tienen golpes.
Pero, ¿qué hizo el actual Fiscal General de la República? Decretó que están cerrados ya los casos de toda esta gente que ha muerto y que todo se debe “al cansancio y a las enfermedades que esta gente tiene”. Dice el fiscal que esas enfermedades los llevaron a las muertes. Pero todos sabemos que no es así, que han sido los golpes, la tortura y el abuso, lo que ha llevado a estas personas a la muerte. El Estado, en todo caso, que es el que custodia los centros penales, tiene que dar cuentas por todos estos muertos que lleva el régimen de excepción. Lo impresionante es que no se vislumbra por ningún lado que se vaya a retroceder y que este llamado régimen de excepción continuará adelante. En cambio, se incrementan las capturas de personas inocentes, incluso, el propio gobierno ha reconocido unos “5000 casos que estaban en el sitio equivocado, en el lugar equivocado y la hora equivocada cuando se los llevaron presos”. Algunas de estas personas han salido al año o a los catorce meses, trascendiendo que no tenían absolutamente nada tenían que ver con la delincuencia. Pero ya fueron humillados, golpeados y violentados. Y eso no lo repara nada.
Por otro lado, la persecución a los líderes sociales ha aumentado: los sindicalistas, los ambientalistas de Santa Marta acusados crímenes de lesa humanidad, con órdenes de captura y procesos irregulares y corruptos. Para los sectores sociales sindicalistas como el de la alcaldía de Soyapango, los trabajadores agrícolas y todo el mundo está en la mira. Todos vivimos, como se dice entre la gente, bajo una especie de libertad condicional. La Iglesia Católica es perseguida. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez no tiene interlocución con el gobierno del presidente Nayib Bukele, igual que muchos líderes religiosos de comunidades y denominaciones diversas. Aumentan los presos políticos, y también líderes que se tienen que estar presentando ante las autoridades con medidas, así como crecen las cifras de líderes con expedientes abiertos en indagaciones, ahorita mismo en el país.
Maribel Acosta Damas- ¿Cómo se articula esta situación política con la realidad social?
Nidia Díaz- A la situación política se añade un agravamiento de la situación social en el país: se cuentan unos diecinueve mil despedidos en estos cuatro años y se prevén más despidos violentando los debidos procesos. Hoy se están organizando Comités de las víctimas del régimen de excepción junto al Comité de Familiares de Perseguidos y Presos Políticos de El Salvador y está también el Comité de desapariciones. Entre enero y marzo del año pasado se dieron cientos de desapariciones, en un momento de mucha incertidumbre, porque la permisibilidad de las pandillas o maras -los grupos organizados de jóvenes que se dedican a actividades delictivas y criminales- estaba en las ciudades a cambio de que no asesinaran, pero podían ejercer el abuso del poder violentando y desapareciendo gente.
Existen actualmente tres comités que buscan a sus seres queridos y que se movilizan permanentemente. Hay que decir que las persecuciones en El Salvador alcanzan a los organismos de cooperación y ayuda humanitaria. Las estadísticas hablan de entre cinco mil y seis mil reportes de personas de casos violatorios de los derechos humanos. Y finalmente, la estocada de este régimen es que se está dando la consumación de la anunciada postulación inconstitucional para un segundo periodo presidencial de Bukele. Es una habilitación fraudulenta otorgada por la Sala Constitucional impuesta por él, está prohibido en la Constitución. La pregunta es ¿hasta cuándo va a durar este régimen de excepción? ¿Hay garantías para participar en elecciones? Se sabe ya, por ejemplo, que el voto del exterior es fraudulento porque se puede votar aun con documentos no válidos y sin padrón electoral, asimismo como otras irregularidades y fraudes. Habrá que estar pendientes. Los momentos que se viven y avizoran son muy graves.
Ante la situación extrema de El Salvador, vuelven a la luz aquellas palabras de Nidia Díaz hace muchos años, cuando el país construía sobre la sangre derramada, la utopía del porvenir: “Al igual que cientos de compañeras y compañeros, soy veterana lisiada de guerra, que dejamos parte de nuestra sangre en esos frentes de guerra y sobrevivimos. Resistimos y resistiremos siempre en el camino de la lucha por lograr los objetivos que nos hemos trazado, de procurar la felicidad y el bienestar del pueblo.”
(*) Maribel Acosta Damas, Dra. en Ciencias de la Comunicación Social, Periodista cubana y docente de la Universidad de La Habana, trabaja y colabora con varios medios de su país y de otros países.
