Por Lilián Galán(*)
Sr. Presidente me corresponde presentar las razones que llevan a la Bancada del Frente Amplio a votar negativamente en general este proyecto de ley.
Transcurriendo la última etapa del cuarto año de gobierno, un análisis de la Rendición de Cuentas, permite caracterizar y evaluar los resultados de las políticas públicas llevadas adelante, el proyecto político en curso y el relato que lo acompaña
El oficialismo hace una “rendición de cuentas” de tono marcadamente exitista, según la cual parecería que, por acción del gobierno, la mayoría de los uruguayos viven bien y cada vez mejor, los más vulnerables son objeto de cuidados más que suficiente y, también, que el país transita una senda de desarrollo y progreso.
PARA MUESTRA basta UN BOTÓN. Dice el MIDES en el informe presentado a los diputados de la comisión “Mediante el PAT, se materializa el derecho de alimentar a SACIEDAD (curioso concepto para ser introducido a la hora de explicar una política pública, definir que una persona queda saciada con la porción que aparentemente le corresponde)….. A junio de 2023 el precio promedio de cada vianda es de $154.28. Incluyendo equipamiento de los puntos de distribución, traslados y remuneración del personal proporcionado por la empresa distribuidora”.
El MIDES no hace políticas públicas, hace milagros!!!
Para el oficialismo los problemas económicos son siempre ajenos (vienen de “antes” y/o son exógenos/externos) al tiempo que las fortalezas económicas, financieras, sociales e institucionales, son ignoradas (salvo cuando se trata de “presentar” a los inversores extranjeros las virtudes del país).
A su vez, los compromisos de campaña (aquel “se terminó la suba de impuestos, tarifas y combustibles” que aún resuena) quedaron en el olvido.
La crisis hídrica es un buen ejemplo de la forma en que gestiona los problemas el gobierno: poniéndolos, en lo posible, fuera de su área de responsabilidad.
Y reaccionando ante el desastre instalado, tarde y mal.
La larga inacción y desprolijidad de la respuesta ante un problema tan básico como la provisión de agua potable, la padecimos todos: ciudadanía y sistema productivo.
En el plano de la realidad, el gradual pero notorio deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías, y en particular de los sectores más vulnerados, es sistemáticamente minimizado.
En efecto, la indigencia está plenamente instalada en las calles de Montevideo y la pobreza infantil se consolida.
A su vez, el empleo se recupera en cantidad, pero no en calidad. El salario de los trabajadores recién empieza una senda de recuperación que, en el mejor de los escenarios, lo habría de llevar a que a fines de 2024 con suerte se vuelva a los niveles de 2019. Obviamente esto repercute en que también las pasividades acumulen fuertes deterioros.
Por otro lado, y en un marco general de decaimiento en el acceso a servicios públicos de calidad, la ciudadanía, y en particular la que reside y trabaja en las áreas más pobres, padece la inseguridad pública, la salud pública sufre faltantes de todo tipo, las promesas de planes de vivienda y erradicación de asentamientos quedaron en el aire y la “transformación educativa” es poco más que un eslogan.
El crecimiento económico será de 8,7% para el quinquenio, lo que equivale a un magro crecimiento de 1,7% anual. Este pobre dinamismo económico nos ubica entre los países con peor desempeño económico de la región, considerando la pandemia y la recuperación posterior.
Y no sólo el crecimiento previsto por el equipo económico es muy pobre, además sus resultados están siendo muy mal distribuidos, favoreciendo a pocos, dando legitimidad a la ya tristemente famosa expresión de los “malla oro”.
En el plano productivo, la heterogeneidad del aparato productivo se profundiza en beneficio de un puñado de sectores. Al tiempo que, a pesar del gran deterioro de la competitividad cambiaria, los sectores productivos más conectados a los mercados internacionales (típicamente los vinculados a la producción agroindustrial y la provisión de servicios globales) mantienen ciertos niveles de rentabilidad.
Sin embargo, los vinculados al mercado interno: PYMES y pequeños comercios, sufren las consecuencias de una política económica que no los contempla.
En particular, la situación de las empresas en la frontera con Argentina es muy grave, e insólitamente, son ignoradas por el Poder Ejecutivo.
El deterioro general de la competitividad no proviene exclusivamente de la política monetaria y cambiaria implementada por el Banco Central del Uruguay, ni de la falta de políticas productivas.
El gobierno adoptó decisiones que afectaron la capacidad de competencia de nuestra economía, como la “entrega” del Puerto de Montevideo a un monopolio privado que, hasta el año 2081, habrá de perjudicar la competitividad del sistema exportador e importador en su conjunto. Sumado a lo anterior, tenemos que la inserción económica regional e internacional, no ha mejorado a pesar de las reiteradas promesas de los tiempos de campaña electoral, cuando la mejora al acceso a los mercados era presentado como tan fácil de lograr.
La “institucionalidad fiscal” exhibe sus falencias. La proclamada “transparencia” en el manejo de los recursos públicos, coexiste con múltiples iniciativas que abonan exactamente lo contrario, la opacidad y discrecionalidad.
La autodefinida “responsabilidad fiscal”, que fue la excusa para procesar en los primeros años del gobierno ajustes y recortes poco sustentables, ha ido dejando lugar al gradual despliegue de un “carnaval fiscal-electoral”, que no sólo no cumple con el pasado compromiso de bajar sustantivamente el déficit fiscal, sino que acotará fuertemente los márgenes de acción del próximo gobierno.
Es así que asistimos al uso y abuso de instrumentos, tales como los fideicomisos financieros y los Cremafs, que implican gastos no registrados en las cuentas públicas (“por fuera del perímetro fiscal”, según la expresión que se reitera.)
Con esto, no sólo se escapa al control parlamentario, sino que también tendrá serias consecuencias sobre los márgenes de acción de los próximos gobiernos.
También la construcción de capacidades para enfrentar una época de cambios acelerados está ausente, comprometiendo el futuro del país y, en particular, transformando las oportunidades que se presentan en serios riesgos.
Los acelerados cambios en el mundo educativo, productivo, laboral y cultural que transitamos de la mano de la nueva revolución industrial y tecnológica, exigen poner a disposición de la sociedad recursos, políticas y transformaciones institucionales que, lamentablemente, están ausentes en esta Rendición de Cuentas.
El desamparo al que son sometidos tanto la enseñanza pública terciaria -la Udelar y la Utec-, como el sistema de investigación científico y de innovación, y las propias agencias de formación de trabajadores, son testimonio de la hipoteca que se coloca sobre el futuro del desarrollo económico y social.
Es imposible analizar esta RC sin enmarcarla en el conjunto de los cinco años de gobierno. La estrategia presupuestal y fiscal del gobierno fue recortar fuertemente el gasto al principio del período, para expandir el gasto al acercarse las elecciones.
Esta estrategia estaba predefinida con independencia de lo que pudiera pasar. Se mantuvo firme incluso habiendo sido atravesada por una crisis sanitaria, social y económica a escala mundial, sin precedentes.
El recorte comenzó a instrumentarse con el decreto de ajuste (Decreto N° 90/020) y la Ley de Presupuesto Nacional, para luego en 2021 y 2022, centrar la discusión presupuestal en recuperar lo perdido.
A medida que se acercan las elecciones comienza a aumentar el gasto, para terminar en un nivel de gasto en términos reales posiblemente mayor que el de 2019, aunque menor en relación al PIB, al esperarse que la economía crezca menos de 9% durante este quinquenio.
El recorte fue básicamente en salarios y pasividades, en contra de lo que se había anunciado en la campaña electoral, cuando se decía que era posible recortar el gasto en 900 millones de dólares sin afectar salarios y pasividades.
Esto no fue así!!! La masa salarial del gobierno se redujo en 0,5% del PIB y las pasividades en 0,6% del PIB. Ese es el grueso del ajuste fiscal!!
Es un ajuste de mala calidad, que recae sobre las espaldas de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas. Y es un ajuste transitorio, que solamente reprimió el gasto, y que no instrumentó cambios estructurales que modifiquen la forma en que el Estado gasta, haciéndolo más eficiente.
Además, es importante recordar que el Fondo Covid fue utilizado para amortiguar recortes de gasto permanente en el MIDES, para comprar medicamentos en ASSE y hasta para la compra de tobilleras en el MI.
Pese a ello, el gobierno consideró que todo el gasto del Fondo Covid se destinó a hacer frente a la pandemia, y por lo tanto se trataría de un gasto excepcional y transitorio, por lo que no se toma en cuenta en la estimación del resultado fiscal estructural.
En este proceso hay ganadores y perdedores.
Los ganadores: son pocos los organismos que a 2022 tienen una ejecución presupuestal mayor a 2019. Estos son, en orden decreciente: MTOP (37% real), MSP (35%), UTEC (27%), MIDES (11%, siendo por lo pronto lógico que crezca, dada la situación social y, además, porque apoyos que daba el Fondo Covid pasan a ser presupuestales), MDN (4%).
Los que empatan: recién en 2022 algunos organismos relevantes logran recuperar más o menos los niveles que tenían en 2019: Ministerio del Interior, ASSE e INAU. El gasto del Ministerio del Interior crece apenas un 1% respecto de 2019, lo que no se condice con la crisis de seguridad que vive el país ni mucho menos con las promesas de campaña. Tampoco el nulo incremento en ASSE (caída de 1% respecto de 2019) se condice con la peor crisis sanitaria de la historia reciente. El INAU, a pesar de todos los anuncios de priorizar la primera infancia, gastó apenas un 1% más que en 2019 en términos reales (apenas 2 millones de dólares por encima) y en el acumulado de los 3 años se redujeron los recursos que se le asignan en 44 millones de dólares.
Los perdedores: En 2022 la mayor parte de los organismos estuvo por debajo de los niveles de ejecución de 2019. Planteamos sólo algunos ejemplos bien gráficos y significativos:
● ANEP: el gasto total de ANEP es 3% menor que en 2019 en términos reales, se redujo el gasto por alumno, la masa salarial de ANEP en 2022, es unos 120 millones de dólares menor que en 2019, y el monto total perdido por los trabajadores del sector en tres años, al no recuperarse la inflación en cada ajuste, es de 280 millones de dólares. En definitiva, el recorte de ANEP es reducción del salario docente y menor cantidad de horas docentes. ¿Esto es eficiencia????
● UDELAR: el gasto real se redujo en 6% respecto de 2019, a pesar del fuerte aumento de la matrícula. La masa salarial de UDELAR de 2022 en términos reales está 4% por debajo de la de 2019, y si sumamos la disminución de los tres años, el recorte de la masa salarial es de 42 millones de dólares. ¿Esto es eficiencia????
● Ministerio de Vivienda: las inversiones del MVOT están 6% por debajo de 2019 en términos reales. En los tres años se le sacaron recursos por unos 80 millones de dólares en términos reales al Ministerio de Vivienda. ¿Así se prioriza la atención de la problemática de la vivienda y los asentamientos????
● INISA: el nivel de gasto en términos reales está 7% por debajo de 2019 y en estos tres años se le sacaron recursos en términos reales por 11 millones de dólares. ¿Esta es la forma de priorizar la tan denunciada problemática de los jóvenes infractores????
(*) Lilián Galán es Profesora de Historia (IPA), Master en Historia Económica (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR), militante política y social, Representante Nacional por el Departamento de Montevideo (609/MPP – Frente Amplio)