Por Nelson Larzábal(*)
Entendemos que la política ejecutada por el MGAP en estos años de administración no está encuadrada para la “Felicidad de todos los uruguayos” como dijo el señor Diputado informante en mayoría. Mientras la economía crece, hay sectores del país -y en especial de la agricultura familiar- que se empobrecen y no solo por la sequía, sino por la falta de medidas efectivas a tiempo para que los productores familiares pudieran hacer frente a la mayor sequía conocida. A lo que habría que sumarle la falta de políticas de desarrollo rural para la agricultura familiar y asalariados rurales.
Esta sequía encuentra al MGAP y a la institucionalidad agropecuaria, en un proceso de debilitamiento y de desmantelamiento de las políticas públicas. Aún no se ha sentido el efecto que tendrá en la soberanía alimentaria, por la pérdida de productores familiares cada vez más empobrecidos y endeudados. Recién tres meses después de decretada la Emergencia Agropecuaria de octubre de 2022, algunos productores comenzaron a acceder a los créditos que la única medida tomada dispuso para quienes cumplían con una serie de condiciones, con tasa subsidiada (pero para quienes habían pagado con algún retraso créditos anteriores, podría llegar al 24%, cuando la inflación estimada es entre 3-6%). En este contexto, el seguro que pagaban los pequeños productores familiares se multiplicó por tres debido a la reducción del apoyo al Fondo de la Granja.
Tanto el Presupuesto nacional 2020-2024 como las sucesivas Rendiciones de cuentas y la Ley de Urgente Consideración, han ido en la misma dirección del desmantelamiento del MGAP, de la institucionalidad agropecuaria y las políticas de Desarrollo rural.
Esta rendición no es una excepción, ya que el recorte presupuestal acumulado en los tres años es de USD 25 millones. Y si analizamos el crédito ejecutado total del MGAP, tuvo una reducción acumulada en los tres años de USD 54 millones. Las pérdidas estimadas por OPYPA, directas de la sequía, son de más de 2000 millones de dólares, mientras que las medidas tomadas por el MGAP apenas superan los 25 millones de dólares, con créditos incluidos.
Además en estos años:
– Se sigue agravando la pérdida de recursos humanos capacitados en el MGAP, se continúa sin cubrir las vacantes de ingreso y de ascenso que tenían asignados. Se concretaron 7 ingresos de más de 300 que tienen autorizados y no se realizó ningún ascenso de los más de 400 habilitados.
– Se ha dado un proceso de desmantelamiento de las políticas públicas diferenciadas, fragilizando la agricultura familiar y a los asalariados/as rurales, lo que se profundiza con la reducción de salario en la población en general, lo que redunda en disminución de las ventas de productos en mercados y ferias.
– Se reducen inversiones, en un año donde la Dirección General de Desarrollo Rural debió salir a la cancha a jugar fuerte el rol para la que fue creada: apoyo para la agricultura familiar y asalariados rurales. En cambio sub-ejecutó los pocos recursos disponibles que le habían dejado y que en esta rendición se redireccionan hacia la Unidad ejecutora 1 (Secretaría General). Esperemos que allí haya capacidad para ejecutarlas, ya que según el director de Desarrollo Rural en DGDR no hay capacidad para su aplicación.
– Continúa la ausencia de las políticas diferenciadas para la agricultura familiar, para la granja. Y, por supuesto, la ausencia de recursos para el Plan Nacional de Agroecología, sin avances en la certificación de la producción orgánica anunciado en el decreto 175/022.
La granja
En cuanto a la granja, otra de las tantas promesas incumplidas del gobierno y de la coalición: El INAGRA, creado en la LUC en julio de 2020…se vuelve a postergar a diciembre del 2024. ¿Por qué? Era un compromiso del presidente y no se hace en esta administración, porque necesita recursos y este gobierno no está dispuesto a volcarlos
La granja, como la producción familiar, son fundamentales para la soberanía y seguridad alimentaria y para la generación de empleo. La granja se quedó sin Instituto, también vio reducida la ejecución en la Digegra ( 25 %) y sin incremento del Fondo de Fomento y Reconversión de la Granja, aunque en diversas oportunidades las máximas autoridades se comprometieron públicamente (incluso recientemente en Flores en junio del 2023). Pero no se cumplió, porque los recursos no están en esta Rendición.
Las asignaciones presupuestales destinadas al Fondo de la Granja continúan disminuyendo en términos reales y en esta rendición de Cuentas no se presenta un mensaje complementario para actualizar o aumentar el fondo, entonces se plantea la interrogante respecto a la forma que el MGAP va a hacer frente -en el futuro- compromisos que se hicieron públicos por el Poder ejecutivo.
La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) es la Unidad ejecutora que tiene el mayor recorte acumulado en relación a 2019 (ejecución presupuestal se redujo en USD 22 millones = $885 millones). También sufren recortes presupuestales importantes: la Dirección General de Recursos Naturales, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y Dirección General de la Granja, por citar algunas.
Sorprende en el articulado presentado por el Poder Ejecutivo, y apoyado por la Coalición, el debilitamiento de la Unidad ejecutora 5: Dirección de Servicios Ganaderos (somos un país agroexportador y es fundamental para nuestra economía), sorprendentemente en el artículo 211 se retira DICOSE de la UE 5, pasando a la Dirección General de Secretaría.
En los artículo 213 y 216 se suprimen cargos de la Unidad ejecutora 5 y algunos de esos recursos van a ser usados para crear un cargo de confianza política en una nueva unidad ejecutora de Laboratorios, con la que no están de acuerdo funcionarios ni organizaciones sociales
Recambio de maquinaria, recambio varietal o los programas, por ejemplo el de riego
En la situación que tiene el MGAP, con un 50 % de los funcionarios con causal jubilatoria, se visualiza en los sucesivos informes de la ONSC una constante disminución de vínculos laborales con el MGAP. Continúan sin cubrirse en su gran mayoría las vacantes de ingreso y ascenso, las que ya estaban autorizadas por el decreto 90/20, incluyendo las 313 vacantes de ingreso y 450 de ascenso habilitadas por excepción. Solo 7 ingresos en 2022, y en lo que va de 2023 hay llamados pero no se han efectivizado ingresos.
En el Artículo 213 se crea la Unidad Ejecutora 10, Dirección General de Laboratorio, que no tiene ningún fundamento técnico sanitario, sugiere un desconocimiento de cómo funcionan los laboratorios de Servicios Ganaderos y Agrícolas. Los laboratorios tienen cometidos, públicos, y materias primas muy diferentes. Son diferentes los entes rectores, a nivel mundial, para animales que para agricultura, se rigen por normativas distintas.
Como dijimos, la efectiva pérdida de funcionarios por jubilación se suma a que no se cubrieron vacantes y eso hace por ejemplo que no haya funcionarios para cubrir los pasos de frontera en todo el horario, con la grave amenaza que eso significa para el estatus sanitario del país.
En el artículo 436 se puede apreciar también un nuevo saqueo al INC de los fondos para la compra de tierras, compras que son reclamadas en todo el territorio rural al propio Presidente de la República. Es una política esperada que se había anunciado a través del “YO ESTOY CON EL CAMPO” y querían un campo con gente en él. Sin embargo, las pocas medidas tomadas no apuntan a un estímulo para que jóvenes, mujeres y otros pobladores rurales se sientan atraídos y con oportunidades, quedándose en el campo a vivir y trabajar.
Hace unos días, en Montes, el discurso de las autoridades hacía énfasis en la importancia de la formación de los jóvenes en los temas agropecuarios y por eso el INC entregaba tierras a UTU: 50 hás de tierras, compradas con los fondos que ya se usarán para otros fines y Colonización ya no dispondrá más de ellos. Sin embargo, otros vecinos nos plantean la imposibilidad de los jóvenes y de la agricultura familiar de acceder a tierras para la producción. La realidad es que el INC ha adquirido unas 2504 hectáreas en estos 3 años, así es imposible responder a la demanda, sin tierra y sin recursos para la compra, por más discursos lindos que se den. ¿Dónde quedaron los hasta 15 millones de dólares que se le prometió a Colonización? Igual el Directorio actual no tiene intención de comprar tierras.
Se incluyen temas de relevancia como el uso de los bioinsumos en la actividad agrícola, pecuaria, forestal y acuícola nacional (artículo 1) que requiere un proceso parlamentario para que puedan opinar las diversas organizaciones e instituciones y tener una participación real en estos cambios. No debería estar en una Rendición de Cuentas.
Se crea el SNIDER para coordinar las políticas agropecuarias, cosa que ya debería hacer la DGDR y la unidad de Descentralización.
En el marco de una economía en crecimiento, el accionar del MGAP tanto a nivel de asignación presupuestal, decisiones de gestión institucional y de recursos humanos, se ha caracterizado por el desmantelamiento de la institucionalidad agropecuaria, falta de políticas públicas que deben acompañar el crecimiento y reducir las desigualdades generadas.
(*)Nelson Larzábal es ingeniero agrónomo, militante social y político, Representante Nacional por el Departamento de Canelones (609/MPP – Frente Amplio)
