Por Darío Rodríguez(*)
El desempleo en el litoral no afloja y las medidas del gobierno ni siquiera se aproximan a un paliativo. Ahora es frecuente ver compatriotas revisando volquetas, cruzando a la Argentina cuando se puede (para que los flacos pesos rindan) y otros apelando a la solidaridad de ollas y merenderos. El hambre se hace visible y se corporiza.
En la heroica hay un 11.7% de desocupados, cifra que trepa a 13.3% en Salto y 12.1% en Artigas.
De espalda
Por otra parte, el desempeño de los distintos organismos del Estado y de la Intendencia debería ser escrutado por la gente, pero con más razón por la oposición política que no cuenta con acciones que desnuden desaguisados, acomodos e insuficiencias. Uno de los organismos que debería ser examinado, dado su impacto social en los sectores más humildes y vulnerables, es el Ministerio de Desarrollo (MIDES).
La dependencia local del citado Ministerio tiene un triple comando, algo que parece excesivo. Dos directores, a su vez ediles, son quienes -mediante pases en comisión desde la Corte Electoral- han asumido estas tareas. Es un Ministerio con un fuerte componente clientelístico en su accionar y algunos de sus jerarcas han negado la existencia de gente con hambre. Es cierto que desde la centralidad se desmontaron programas como el SOCAT y tal decisión no puede ser imputable a los responsables locales.
Ahora, entre la Intendencia y el Mides, demoraron 6 meses para poner operativa una camioneta para fungir de oficina móvil y recorrer recónditos sitios y parajes.
En su momento, sendos vehículos fueron volcados. Uno por el director edil Ignacio Ifer, volviendo desde Montevideo, y otro por una de las referentes de uno de los programas, muy allegada al secretario de Presidencia. Hoy la oficina sanducera tiene dificultades con vehículos.
El gobierno en la rendición de cuentas, ante el reclamo de una política de fronteras, rebaja la propuesta e instrumenta una vacua Comisión Asesora del Poder Ejecutivo.
Aquella democratización
De todas maneras, en este aciago panorama y fruto de políticas anteriores, miles de jóvenes pueden acceder a una formación terciaria o universitaria, en una inequívoca muestra de democratización de acceso al conocimiento.
La explosión de la matrícula universitaria, tanto en Salto como en Paysandú, tendrá -en perspectiva- fuerte impacto territorial. A ello hay que sumarle el férreo propósito de instalar un nuevo Cenur que abarque Colonia y Soriano.
En el 2017, 915 jóvenes ingresaron al Centro Universitario de Paysandú. En 2018 fueron 976, 1074 en 2019 y 1682 este año. A cursar estudios, ofrecidos en 26 carreras incluidas la totalidad de la formación médica, llegan muchachos de Durazno, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Río Negro, Soriano, incluyendo Montevideo y el exterior. La formación médica en la región puede, a futuro, contribuir a mejorar la distribución de los recursos en relación a Montevideo. Hoy, conseguir un especialista insume meses, lo que incide en la calidad de vida de la gente.
En el cuerpo de profesores -la UdelaR, en su momento, tuvo un programa de radicación docente en el interior- hay gente de varios países latinoamericanos. Paysandú ve moverse por sus calles, 7.196 estudiantes que requieren alojamiento, sitios de recreación y esparcimiento, derramando recursos en una alicaída economía.
La descentralización, con similar calidad a la que se brinda en el área metropolitana, contribuye a mitigar la inequidad territorial y de clase. Al respecto, y tomando en cuenta también la formación terciaria, los datos indican que un 34% de los ingresados son primera generación de universitarios en su familia. Un significativo salto democrático.
Un 24% de esta camada de estudiantes trabaja, siendo un dato importante. Una pata relevante para la continuidad de los estudios de sectores que acceden por primera vez a la Institución por las que pasaron grandes personalidades, son las becas (apoyo económico y alimentación). Casi un 17% de los estudiantes cuenta con algún tipo de becas.
Tras donación de un predio municipal, la UdelaR levantará su nueva sede en Paysandú. Ello pese a la negativa del gobierno de financiarla en su totalidad. Gobierno que, con su impronta privatizadora, traslada recursos públicos a las universidades privadas. Curiosamente, convenios que existían entre la UdelaR y la ANEP han ido cayendo.
La fórmula para financiar lo que le faltaba a la UdelaR confirmó los retaceos, alegró a la comunidad universitaria pero generó rispideces a nivel político.
(Actual sede central de la UdelaR: nos vamos a calle Zorrilla)
(*)Darío Rodríguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat.
