Por Alicia Araújo(*)
Por Lilián Galán(*)
Está siendo uno de los sellos distintivos de este gobierno mantener un conflicto permanente con las organizaciones sociales. No es el discurso soberbio de un Sanguinetti afirmando que nunca perdió una huelga, sino un desgaste casi cotidiano como estrategia de desacreditación. En el caso puntual de los funcionarios públicos y los sindicatos que les representan, nos interesa repasar acciones que se reiteran. Hay una empeñada forma de deslegitimar colectivos que se da por varias vías: una de ellas es mediante el discurso de todos los actores políticos de la coalición que apuntan a socavar organizaciones históricas de nuestro país; otra es la criminalización de la protesta que tiene como máxima expresión la judicialización de varios casos.
El resultado más visible de esta forma de actuar es poner bajo un manto de duda cualquier afirmación que pueda salir de la boca de un representante de estas organizaciones y como consecuencia se hace más fácil imponer las decisiones antipopulares que impulsa el gobierno.
De esta manera siguen construyendo el bloque ideológico conservador.
Los casos son muchos y no vamos a poder abarcarlos a todos, solamente queremos señalar algunos ejemplos a modo de muestra para comprobar que existe un modus operandi.
A principios de este año, cuando se iniciaban las clases en medio de una serie de carencias notorias en nuestras instituciones públicas (grupos superpoblados, maestras sin haber elegido cargo, etc) ADEMU Montevideo emite un comunicado a sus afiliadas denunciando la situación. Este comunicado es leído en algunas escuelas. Algunos colectivos entendieron que era legítimo compartir esta información con las familias de los niños y niñas que en definitiva iban a ser los más perjudicados por lo que el sindicato planteaba en su carta.
Las autoridades de Primaria deciden iniciar un proceso sumarial a dos maestras, que en primera instancia las lleva a que las apartaran de sus cargos con retención de haberes.
Posteriormente gracias a las negociaciones entre el sindicato y las autoridades de Primaria, y contando con un fuerte respaldo de la comunidad educativa, retornan a su lugar de trabajo mientras el sumario continúa.Aún no está el resultado definitivo del proceso, estaremos atentas.
No ha sido el primer caso de persecución de la actividad sindical en la educación, ni mucho menos.
Recordemos el caso de los docentes de secundaria de San José, que fueron sumariados por sacarse una foto contra la LUC. No importó que la foto se hubiera realizado sin que estuviera presente ninguna persona más, se trató -una vez más- como un caso de violacion de la laicidad. Un concepto que la derecha usa permanentemente en educación, cuando no le gusta que le digan, que se está olvidando de la gente.
También recordamos el largo circo ambientado por la bancada oficialista que conformó una comisión investigadora para que analizara si las licencias sindicales de FENAPES de varios años para atrás , habían tenido una norma que la habilitara. No les importó que al mismo tiempo las propias autoridades de este gobierno estuvieran autorizando licencias gremiales usando el mismo procedimiento que se estaba investigando.
Mientras la Comisión investigadora hacía su trabajo, se denunció penalmente a algunos representantes gremiales y a dos de los consejeros del período de gobierno anterior. Este despliegue de conflicto con los trabajadores de la enseñanza viene de la mano de la famosa “transformación educativa”, uno de los buques insignia del gobierno, identificado con uno de los precandidatos colorados a la presidencia, en el próximo ciclo electoral.
Otro caso de persecución que viene en desarrollo, tiene en el ojo de la tormenta a tres representantes gremiales del sindicato de trabajadores de OSE. El punto de partida de la persecución es una movilización llevada adelante por el FFOSE junto a otras organizaciones sociales contra la concreción del Proyecto Arazatí: un pésimo proyecto, carísimo y que deja a nuestra empresa de agua potable desfinanciada por los próximos 20 años. El 13 de junio se realizó el acto de apertura de ofertas de la licitación del Proyecto Arazatí,allí los representantes de las empresas interesadas, entraron y salieron del edificio, inclusive dieron declaraciones a la prensa. No hubo ningún daño ni material ni personal, ni siquiera simbólico.
Tres semanas después de la movilización, el directorio de OSE inicia una serie de acciones que van desde la investigación administrativa hasta la denuncia penal de tres dirigentes de FFOSE. Sería demasiado extenso entrar en los detalles de cada uno de los pasos llevados adelante por las autoridades, pero en los hechos se da un extraño ida y vuelta entre las decisiones del directorio de OSE y el programa de televisión Santo y Seña. En un torniquete de doble entrada se intenta acallar la protesta contra un proyecto negativo para el servicio público de agua potable.
Dijimos que tomaríamos el caso de los funcionarios públicos pero no queremos dejar de mencionar otras situaciones: también asistimos a la criminalización de las ollas populares. Resulta que las personas que se pusieron al hombro la tarea de paliar el hambre de sus vecinos, no cumplieron con los procedimientos de control y administración que esperaban las autoridades de gobierno. O sea, los que salieron honorariamente a cumplir con las políticas sociales que el gobierno no implementó también sufrieron el “manto de duda” que les echó sobre los hombros la agencia de publicidad del gobierno.
En este caso sirvió para desarticular la organización vecinal más horizontal que llega a aquellos que difícilmente van a ser parte de un gremio , por su edad, o su ocupación.
Hay que reconocer que han sido exhaustivos en señalar a todos los sectores sociales que no van a engrosar las filas del bloque social conservador, no me refiero a filiaciones político partidarias, si no más bien a aquellas organizaciones que levantan las banderas de defensa de lo público y de las necesidades básicas de otras y otros. Esa es una disputa subjetiva que también nos jugamos como izquierda y hay que saber de qué lado estar.
(*) Alicia Araújo es economista.
(**) Lilián Galán es Profesora de Historia (IPA), Máster en Historia Económica (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR). Diputada por el Departamento de Montevideo (MPP – Frente Amplio) y miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
