Por Carlos Reutor(*)
Cuando empezaba el despunte del año 2022, y mientras el país avanzaba hacia su recuperación económica tras la pandemia, buscando comenzar a poder amortiguar de alguna manera la crisis social, nos chocamos con el gobierno de Lacalle Pou.
Un gobierno que puso manos a la obra en la definición de políticas en desmedro de las relaciones Laborales, relaciones laborales que la “peste pandémica” ya se había encargado de precarizar, a su manera y antojo.
Las primeras medidas adoptadas se alinearon a su propuesta de “modificar las reglas de juego” de las relaciones laborales, siempre a contrapelo del pueblo trabajador, basándose en tres premisas fundamentales: 1- La modificación de la norma sobre el derecho a huelga; 2- El proyecto de ley sobre personería jurídica gremial; 3- La adecuación de la ley de negociación colectiva.
Para un primer análisis, me quiero centrar en el mes de mayo de este año. Allí, el Poder Ejecutivo presentó un conjunto de medidas dentro de un proyecto de Ley para, de alguna manera, reformar lo que se denomina Ley de Negociación Colectiva (Ley 18566). Esto pretendía, en su escancia, modificar el artículo 4 de dicha ley, en donde se hacía referencia al “intercambio de información necesaria a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva”; casi que la razón de ser de dicha norma, un golpe que buscada el knock out en término de poder de negociación para la masa trabajadora. También se modificaban otras competencias relativas al Consejo Superior Tripartito, como así también varias normas que van en relación al retraimiento de los Consejos de Salarios.
Pero la gota que rebasó el vaso, el frutillín de la torta, fue el artículo que exige a las organizaciones sociales poseer personería jurídica; medida considerada algo (por no decir del todo) desproporcionada por parte de la central Sindical de Nuestro País.
El PIT-CNT orejea un claro posicionamiento del Gobierno Herrerista a favor de los empresarios (como históricamente lo fue), pero con un burdo e implacable detraimiento sobre la clase trabajadora organizada; viendo en este proyecto de Ley una expresión hacia la limitación del derecho a la libertad sindical, de organizarse según la forma que mejor le parezca, dentro de un marco general regulatorio.
Aprovechando todo esto, el MTSS crea -para lo anterior- un registro de estas entidades que, según el propio Ministro de Trabajo, la inscripción en él sería totalmente voluntaria. Pero lo que no decía el titular de la cartera era que si el sindicato no se inscribía, se lo excluía de tener el derecho de recibir las cuotas sindicales de los trabajadores que solicitan el descuento en la planilla de trabajo de la empresa.
También en el articulado de esta nueva ley, comienza a esbozarse un histórico pedido de las patronales; que las negociaciones de salarios sean bipartitas, es decir empresarios y trabajadores, dejando de lado el sistema tripartito en el que el estado mediaba.
Para explicar esto, voy a hacer un poco de historia: Los consejos de salarios, desde su creación en 1943, tenían la competencia de fijar los salarios mínimos por rama de actividad y por categoría laboral. En el año 2009 se establece la posibilidad de establecer aumentos porcentuales en las remuneraciones que se encuentren por encima de estos límites e ir reconociendo, consejo a consejo, algunas partidas y conquistas salariales.
Esto, a pesar de no estar contemplado en la norma original, era una práctica común al comienzo de cada instancia de negociación, para que así las partes pudieran economizar tiempos y conflictos, y así poder discutir y acordar otros aspectos del período de vigencia de las resoluciones.
Los empleadores comenzaron a quejarse de que se violentaban los conceptos de “libre y voluntaria” negociación. Aducían que el Estado no era un garante genuino de la negociación y su intervención le era perjudicial para sus intereses. Es desde allí que comienza una gran opereta en el sentido de proteger la bilateridad de los acuerdos, restándole competencias al gobierno, cosa que el partido nacional prometió en campaña y es de las pocas promesas que ha cumplido. Creo que a buen entendedor, pocas palabras.
Pero, para de alguna manera sintetizar este atropello y cambio en las reglas de juego laborales, basta con leer al prestigioso catedrático en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la Republica, Hugo Barreto Ghione, quien marcó tres grandes equívocos en la redacción de estas nuevas normas:
– El primer equívoco se origina en el hecho de denominar convenio a los acuerdos mencionados anteriormente, a los que, a modo de contrato, se ha llegado en el marco de la autonomía colectiva.
– El segundo equivoco hace referencia a establecer que los consejos de salarios serán convocados salvo que exista un convenio colectivo en el sector; esto busca reafirmar que la solución de principio es bajo un régimen bipartito y no como un sistema tripartito, que es el que rige para el sistema uruguayo.
– El tercer equívoco según Barreto Ghione, resulta de interpretar que la OIT observó la ley de convenio colectivo, cuando en realidad instó al diálogo para llegar a acuerdos entre los interlocutores sociales. En definitiva lo que busca el gobierno es justificar un cambio que flexibilice las relaciones laborales vigentes.
Como corolario a todo esto, podemos decir que el mercado laboral pospandemia aún no llegó a los niveles del año 2019, ni en términos salariales ni en términos de empleabilidad.
El gobierno Herrerista, consus típicas recetas, nunca buscó adecuar el mercado laboral a los nuevos tiempos; siempre los cambios planteados buscaron de alguna manera hacer más lenta la recuperación salarial y lograr disminuir la masa de trabajadores organizados, en beneficio de un empresariado que cada vez se iba poniendo más mezquino y arrogante.
(*) Carlos Reutor es Dirigente Sindical, integrante de la Mesa Ejecutiva de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, actualmente se desempeña como Diputado por el Departamento de Canelones (MPP – Frente Amplio)
