Alfredo Rada(*)
El Corredor Biológico Mesoamericano es un ecosistema tropical natural que conecta Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Bélice y algunos Estados del sur de México. Es fundamental para mantener los flujos migratorios de muchas especies que van desde América del Sur hacia América del Norte, por lo que es considerada la tercera en importancia del mundo de acceso de biodiversidad.
Pero es también un ecosistema sumamente frágil por encontrarse expuesto a la actividad petrolera, minera, de transporte y sufrir el efecto de la contaminación que generan esas distintas actividades, además de la que se origina en las ciudades por residuos sólidos y aguas negras.
Panamá, al ser un país relativamente pequeño, tiene más zonas vulnerables, lo que explica la reacción social contra la “Empresa Minera Panamá”, cuyo patriótico nombre designa a una filial de la transnacional canadiense “First Quantum Minerals” (FQM), que tiene en su paquete accionario participación de la estatal china “Jiangxi Cooper”. Es una gigantesca transnacional que tiene inversiones de explotación minera en África, específicamente en la mina Bwana Mkupwa, ubicada en Zambia, donde ya tuvo problemas con la Agencia de Gestión Ambiental de ese país. En ese continente también operó en la República Democrática del Congo, país que nacionalizó sus minas luego de sentencias judiciales contra FQM por adquisición ilegal. Tiene fuertes inversiones en Laponia, al norte de Finlandia y en Australia, donde explota la mina de níquel Rawenthorpe; así como en España, Turquía y en América Latina.
Hace tres meses, comenzó el movimiento social-ambiental más importante en décadas en Panamá, cuando decenas de miles de personas marcharon hacia el Parlamento en repudio al contrato minero de explotación de cobre suscrito entre el gobierno y esta transnacional First Quantum Minerals. Como necesita ratificación congresal, el contrato entró a debate legislativo, con una oposición popular cada vez mayor por el flagrante incumplimiento desde hace ocho años de la corporación extranjera de una declaratoria de inconstitucionalidad de sus operaciones, y por el daño irreparable que está ocasionando al Corredor Biológico Mesoamericano.
Sin embargo, el pasado 20 de octubre, el Congreso que se había comprometido a suspender el tratamiento del nuevo contrato, incumplió su palabra y procedió –sin debate abierto, sin consulta ambiental, sin legitimidad- a aprobar la Ley 406 y la remitió al Ejecutivo. El presidente Laurentino Cortizo, un hombre con claroscuros en su trayectoria política –en lo positivo, se rebeló contra un tratado de libre comercio con Estados Unidos que vulneraba la soberanía panameña en 2006- procedió a firmar la Ley 406 y mandarla a Gaceta Oficial para publicación en tiempo récord.
Pero con eso sólo lograr que se masificaran las protestas que ahora exigen la anulación de la Ley 406. Ante la magnitud de las marchas y por el repudio generalizado, el presidente Cortizo propuso realizar un referéndum nacional en diciembre, lo que fue observado por el Tribunal Supremo Electoral ya que no está prevista tal figura de consulta en la Constitución. Al mismo tiempo fue rechazada la iniciativa por los sectores sociales, que aunque consideran que la propuesta presidencial es un avance político que da la razón a las demandas, es también engañosa al mantener vigente un contrato ilegítimo que el propio Cortizo respaldó con su firma. Las movilizaciones continúan en ciudad de Panamá, lo que ya originó enfrentamientos con la policía.
Algo está pasando en América Central, que parece convertirse en la región donde las protestas por demandas democráticas, sociales y ambientales –como es el caso de Guatemala y el de Panamá- la ponen a la vanguardia de las luchas de los pueblos latinoamericanos.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
