Por Darío Rodríguez (*)
Las gestiones del Partido Nacional son pródigas en cuanto al manejo discrecional de la “cosa pública”. Hay mucha opacidad y poca transparencia. Recientes episodios eximen de todo comentario. En la Torre Ejecutiva, que vive de escándalo en escándalo, había un delincuente que operaba desde el cuarto piso; alguien lo puso allí.
Acomodos, casos de corrupción, clientelismo, no pueden ser tapados con blindajes mediáticos. Lo de estas últimas semanas, es de antología. Al fin y al cabo, se acabó la novedad.
En las Intendencias al mando de correligionarios, hay una matriz de gestión muy clientelar, por eso se oponen, -bajo el argumento que se lesiona la autonomía-, a cualquier intento de regular y transparentar el ingreso a las mismas.
¡Autonomía y a las cuchillas!
En junio, el senador colorado Adrián Peña, ex ministro de Ambiente, presentó un proyecto para transparentar ingresos. Se trata de aplicar “a los gobiernos departamentales las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la administración central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el periodo de un año previo a la finalización del periodo de gobierno”. A quienes viven en el interior, donde las Comunas son proveedores de empleos, no hace falta explicarles la férrea oposición de los Intendentes blancos. Aceptar el planteo del senador sería perder una herramienta de control político.
En Paysandú, donde la pobreza alcanza 14 mil personas y el desempleo a 6.400 y con una pobreza infantil que atrapa familias enteras y restricciones en las políticas sociales, gestionar, en forma clientelar los empleos o contactos que surgen desde la Intendencia, es una cuestión inherente a una visión política. Esto se agudiza en territorios donde las fuentes laborales son ínfimas.
Abrumados
El intendente Nicolás Olivera, que trajo al departamento a la Fundación (correligionaria) A Ganar como forma de evitar aportes patronales fue uno de los que impugnó el planteo del socio de la coalición. Al rechazar iniciativa, buceó en ciertos supuestos. Asociando que las Intendencias ejecutan políticas nacionales (con o sin recursos centrales) entiende que, si se regula ingresos a las Intendencias, se las estaría perjudicando. El jerarca sostuvo que su gestión bajó de 1.980 a 1.500 funcionarios; “la tónica no es el ingreso de funcionarios” le dijo a La Diaria, obviando lo que todos conocen: el ingreso de gente vía la Fundación. Si estuviera la norma que propicia Peña, la Fundación no estaría presente. “Hay que buscar, dentro de la transparencia, lo eficiente”. En su opinión la iniciativa es para “sacarse cartel” ya que “no suma”.
Un gobierno nacional, con fuerte impronta herrerista, signado por episodios lindantes con la corrupción, con dirigentes indagados (alguno procesado) y otros incidentes con fuerte alcance en las garantías constitucionales, precisaría emitir señales de trasparencia, desde todos los espacios; es sustancial. Salto Grande, CARU, Astesiano, Marset, espionaje a senadores opositores, lo del Puerto, Penadés…. La lista abruma.
Perlitas
En este contexto opera la Junta Departamental de Paysandú (JDP); muy deteriorada en su imagen. Ediles opositores, cansados de la falta de respuesta a pedidos de informe -algo normal y previsto constitucionalmente- recurrieron a la vía judicial para que la Presidencia de la Corporación entregara las resoluciones adoptadas, desde la asunción de la actual administración hasta mayo. Tras sucesivos chicaneos, la información fue entregada.
Al acceder al sillón de Zorrilla y Sarandí, el electo intendente armó su equipo de colaboradores. En la Secretaria General, ubicó al abogado Fermín Farihna, sin residencia en Paysandú. Ello determinó el pase en comisión, desde el Tribunal de Cuentas de su esposa, la también abogada María José Mayans a la JDP. Fungiría de asesora letrada. Fue designada en sesión secreta, durante la Presidencia del hoy director de Tránsito, Braulio Álvarez. Hay disconformidad con su actuación ante demoras y por los sucesivos pedidos de prórrogas, perforando plazos, para informar a la Comisión de Asuntos Internos expedientes a su consideración; varios de ellos sobre acoso laboral. Al respecto, la JDP tiene un protocolo de actuación. Según fuentes consultadas, no se conoce el horario en que desempeña la función. En muchos lugares, donde campea cierta racionalidad, si un asesor no cuenta con el respaldo del organismo que lo designa puede ser llamado “al orden” o removido. La asesoría no es a un partido, tal vez ahí estribe la correligionaria confusión.
Al primer director de Tránsito, ingeniero Lucas Facello, -no residentes en Paysandú- la Intendencia le había asignado la casa que, durante el periodo pasado, se usaba para atender casos de violencia de género.
El acceso a la Secretaría General de la JDP, tras llamado interno, dejó secuelas y ungió a Alejandra Fernández. Uno de los concursantes, procedente del Ministerio del Interior y con un sumario a cuesta, recurrió la designación (N° 3 24/2022) La corporación, por 22 votos, optó por Fernández. El demandante, en su escrito había manifestado, entre otros fundamentos, que “al tribunal de concurso lo integraron un edil por cada lema (PN. FA. PC) Sorprendentemente los representantes del PN y el PC integran, simultáneamente, el Tribunal de Concurso, el de Calificaciones y Ascensos (órgano de alzada del primero) y la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones públicas (cuya competencia es resolver los temas relacionados a los funcionarios)”. Fuentes consultadas expresaron que el llamado se dilató para que el demandante estuviera en condiciones de presentarse al llamado a concurso.
El collar tiene más perlitas.
Versátil: chofer tesorero
El entonces presidente de la corporación, Braulio Álvarez, en la resolución N° 44/2020 -no se conoce la fundamentación-. eximió “al secretario de registrar asistencia en el reloj de entrada y salida”. El secretario, Gerardo Muria, fue designado el 7 de diciembre del precitado año. La decisión genera suspicacia. Algunos interpretan que tal flexibilidad horaria facilita la militancia partidaria. Muria es presidente de la departamental nacionalista. Hay que tener en cuenta, señala una fuente consultada que “junto a la asesora letrada percibe un plus salarial por dedicación total” en el entorno del 60% del salario. En el caso de la asesora, a su retribución se le cargaría un plus de unos 60 mil pesos sobre el salario.
Hay otro episodio que describe el manejo discrecional y clientelar que se hace, dinamitando procedimientos y carrera administrativa.
“Por acomodo” dijo una fuente. Necesitaban pasar un chofer de la Intendencia a la JDP; “claramente cobra un gran plus y hace mucho menos”. El problema era que la Corporación debía mover al chofer que ya tenia en su plantilla. Entonces, con nacionalista creatividad surgió, una salida salomónica. Lo pasaron al rol de tesorero, -el hombre cuenta bien-, donde el cargo estaba siendo subrogado por una funcionaria. Esta había reclamado el cargo que se le venía birlando. El reglamento interno preceptúa que para ocupar el cargo mencionado se necesita una antigüedad de, al menos, 2 años de trabajo en dicha área.
Como el Partido Nacional en la JDP hace de la subrogación una política con tinte clientelar, la tesorera actualmente subroga a la jefatura Financiero-Contable. Incluso las subrogaciones exceden largamente (18 meses) el periodo reglamentario previsto.
Una trabajadora que cumplía servicios desde una empresa contratada, dada su eficacia, la contrataron y presupuestaron durante este periodo. No es justo hablar de acomodo.
A todas luces evitan los concursos, con lo que administran discrecionalmente, tal patrón de estancia, premios y castigos.
En el periodo pasado, a cargo del FA, la Asociación de funcionarios de la Junta, reclamaba por las subrogaciones y marcaba incumplimientos reglamentarios. Tal vez algún integrante del gremio es subrogante; por eso los reclamos de concurso ya ni se escuchan. Tenemos una gremial con escasa independencia del partido gobernante. Gremialistas como “hueso e bagual”.
Los eventos en cuestión, prácticas muy extendidas en las Intendencias, en general un fuerte reducto del partido de Oribe, son difíciles de revertir con el criterio constitucional de mayorías automáticas. Ediles con vasta experiencia comentaron que es “notoria la falta de transparencia en relación a los informes. Hay un contador que no brinda información a la oposición sobre las partidas que se reciben. No hay cristalinidad”. Por otra parte, “hurgar dentro de la estructura administrativa es sumamente complejo, no te dan información, incluso alguna funcionaria que quiso aportar información fue sumariada”.
Esta matriz de funcionamiento se perpetua, facilitada por la arquitectura institucional; por cierto acostumbramiento de la gente que ha naturalizado estos nocivos fenómenos y por el escaso tratamiento periodístico. La disyuntiva es complicada para los medios locales, siempre al borde del “abismo financiero”: una mirada crítica puede significar la carencia de pauta publicitaria municipal.
La matriz debería ser revisado por el bien de la actividad política, siendo un elemento más para evitar el desprestigio de la misma y la emergencia de mesías que sobre el caldo de cultivo generado profundizan las desigualdades y fomentan alternativas autoritarias con todas las implicaciones socioeconómicas resultantes.
(*) Darío Rodríguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat
