Por Gabriela Cultelli (*)
“De aquí no nos mueve nadie” fue la respuesta de un ministro actual ante una mujer del pueblo que lo increpaba. El sicariato fiscal está en boga para no respetar el mandato popular y la próxima asunción el 14 de enero, del presidente electo Bernardo Arévalo.
Las acciones ilegítimas que se están llevando a cabo, han sido denunciadas por el mismo presidente, y el pueblo se organiza para hacer respetar su voto.
Así los pueblos originarios analizan convocar a un nuevo paro nacional por las acciones contra el binomio electo, llevadas a cabo por la fiscalía en los últimos días. Se realizan asambleas desde los distintos territorios examinando la convocatoria a un nuevo paro nacional. Los pueblos originarios llevan ya más de 40 días de resistencia y hacen un llamamiento a las organizaciones sociales y al pueblo en general a defender la democracia. “Exigimos a la OEA aplicar de urgencia la Carta Democrática Interamericana como ha sido solicitado por las autoridades indígenas maya, xinka y garífuna, al existir suficientes elementos que demuestran la intención del pacto de corruptos de destruir nuestra débil democracia y los derechos más elementales del pueblo guatemalteco” expresaba la declaración de Las Autoridades Indígenas Ancestrales de Guatemala.
Las misiones que observaron las elecciones elevaron su informe sobre la claridad y legitimidad de la misma como expresión popular. Ya son 4 los informes que con ese tener y conclusiones llegan a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
La Fiscalía “presentó seis solicitudes para el trámite de las diligencias de retiro de antejuicio en contra de seis personas” y agregó “usurpación agravada” y “sedición” a la lista de delitos con los que señala al presidente electo, que incluye “depredación de bienes culturales”, al tiempo que eliminó sus acusaciones previas de asociación ilícita y tráfico de influencias. La excusa se relaciona y de acuerdo con el Ministerio Público, con el 2022, cuando la Universidad de San Carlos presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios, por lo cual, “como en todos los casos, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos denunciados para averiguar la verdad y dar respuesta a las víctimas y agraviados”, según afirman convenientemente a la defensa de sus intereses.
América Latina tendrá que estar atenta al atropello que pretende hacerse sobre este pueblo, luego de derrotar en las urnas años de atropello.
El propio Arévalo declaraba en entrevista con la BBC: “Es una persecución política que se hace de manera absolutamente ilegal, violando competencias establecidas constitucionalmente.
Y es por ese medio que se está intentando violentar la voluntad popular expresada libremente en las elecciones.” Y continuaba “En Guatemala hemos sufrido en las últimas dos décadas un proceso de cooptación de las instituciones del Estado por una élite política criminal que, organizándose en partidos políticos, pasó a asaltar las alcaldías, el Congreso de la República y otros espacios del Estado.
Es desde ahí donde se ha montado este aparato. Y convergen una serie de actores. Políticos corruptos, evidentemente. Hay por ejemplo constructores corruptos. Una serie de actores en distintos espacios que están articulados como una élite político criminal que busca facilitar la corrupción en el Estado.”
(*) Gabriela Cultelli, Licenciada en Economía Política (Universidad de La Habana), Mag. en Historia Económica (UdelaR), escritora, columnista y co- Directora de Mate Amargo. Coordinadora del Capitulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH)
