El momento no pudo ser más oportuno, tomando en cuenta criterios e intereses comerciales; desde el 28 de noviembre y de cara a los exámenes, Movistar empezará a cobrar el tráfico a sitios web de la Universidad de la Republica (Udelar).
El 29 de noviembre mediante comunicado, el órgano educativo dio a conocer la resolución de la telefónica privada, denunciando que en caso de que el contrato que existía entre la Universidad y dicha empresa cesara, Movistar debería comunicarlo con bastante antelación.
El contrato con Movistar permitía, al igual que otras empresas de transmisión de datos, la navegación por la plataforma Eva, las web institucionales de las facultades y otros dominios vinculados a la labor educativa y de investigación de la institución.
Por el acuerdo suscripto en abril del 2020 (plena pandemia), se podía acceder a clases virtuales, rendir exámenes, dar pruebas y acceder a materiales de estudio.
El primer tropiezo para el proyecto de la Universidad Virtual que está a estudio en el parlamento.
En agosto del 2023 Movistar comunica a la Udelar que para seguir ofreciendo esos servicios o bien le cobraba el tráfico a los usuarios o trasladaba los costos a la Universidad.
La Udelar planteó claramente que no podía asumir dichos costos, primero porque no tiene manera de controlar si quienes navegan son estudiantes y cuánto es el volumen de tráfico realizado.
Por otro lado, las otras dos empresas telefónicas (Antel y Claro) mantienen el acuerdo de permitir el tráfico sin costo.
El tercer elemento es que habiendo sido “castigada” la Udelar con el presupuesto asignado por el oficialismo en la última rendición de cuentas, ese gasto se distrae de sus compromisos principales.
El lucro es más fuerte
A pesar de que Movistar era una de las tres empresas que habia ofrecido este servicio a la Udelar, su decisión (seguramente basada en los tradicionales lloriqueos financieros empresariales), empaña la imagen que ha venido cultivando de empresa que mediante la Fundación Telefónica Movistar apostaba a lo educativo.
Uno de los programas propuestos son las Escuelas Pro Futuro, un programa de capacitación para docentes, avalado por el Ministerio de Educación y Cultura, y que permitía a estos además de las instancias de capacitación, dar clases vía las plataformas virtuales.
“Los recursos educativos y las propuestas formativas de Pro Futuro están agrupados en función de las áreas temáticas y las competencias que se pueden desarrollar, tanto en docentes como en niñas y niños. Más de 160 cursos de formación y más de 2.000 horas de contenidos educativos para tu alumnado a tu disposición”, ofrece la multinacional.
También ofrece una “herramienta de autoevaluación de competencias digitales para docentes y una evaluación detallada de fortalezas y debilidades, además de una serie de recomendaciones formativas para llevar las capacidades como educador al siguiente nivel”.
Su presentación deja bastante claro su rol en el mercado de las telecomunicaciones: “Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos. Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con 1,5 millones de accionistas directos y que cotiza en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires”.
La sede de la Fundación en Uruguay se encuentra en la Avenida San Martín 2842 esquina Ceibal, en Montevideo; lo recordamos porque quizás el pre candidato presidencial del Partido Colorado como ex integrante del Consejo Directivo de la AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (de Telefónica por supuesto), pudiera interceder y dar una mano a favor de la educación pública.
La venganza del chinito
En tren de suposiciones (porque no es dable dar crédito a problemas financieros de la multinacional), tal vez la medida sea una suerte de “venganza del chinito” (con todo el respeto por los hermanos asiáticos), por no haber logrado la porción más apetecible del mercado uruguayo de la tecnología 5G.
Como amante despechado, Movistar cuestionó el aumento contemplado en la renovación del espectro 4G en Uruguay por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y advirtió que la suba de precios —respecto del valor asignado hace 20 años, con la designación original de las bandas— afectará la inversión en la tecnología 5G.
El MIEM presentó un decreto a fines de noviembre del año pasado que habilitó la renovación automática de estos acuerdos firmados por Antel, Claro y Movistar. Esta decisión que, en su momento, trajo su propia polémica, ahora fastidia a la telefónica internacional.
El centro del problema está en el bloque de 25 MHz que le pertenece a Movistar, dentro de la banda de 850 MHZ, que venció en julio de 2024. En su momento, el valor del acuerdo estuvo en los 6 millones de dólares, pero el MIEM solicitó un análisis técnico para la designación del nuevo precio a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Este organismo consideró como referencia el bloque de 5+5 MHz, correspondiente a Antel en la banda de 900 MHz —cuyas condiciones son “cuasi similares” a las del bloque de Movistar—, que se le adjudicó por procedimiento competitivo hace unos años en 7,5 millones de dólares. De este modo, ya que Movistar cuenta con un bloque de 12,5+12,5 MHz, el precio recomendado es de 18,7 millones. Un monto que, ciertamente, no cayó bien en la compañía de telecomunicaciones.
Al respecto, la directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Uruguay, Leticia Lago, señaló que no habían “tomado conocimiento de esta recomendación” por lo cual desconocen “los fundamentos que llevaron a la Ursec a sugerir dicho importe”.
Y en ese diferendo, hay una expresión de Leticia Lago que se da de bruces con la decisión tomada con respecto a la Udelar: “No se puede concebir el espectro como un simple mecanismo de recaudación ya que un elevado costo desincentiva la inversión, la extensión de las redes y la calidad de los servicios. El enfoque al momento de establecer las condiciones de acceso al espectro se debe orientar a la maximización del bienestar social y dejar de lado los enfoques recaudatorios”.
Ante esa afirmación que agarra a las patadas la decisión tomada de cobrar el tráfico a sitios de la Universidad, uno no sabe si morir de un ataque de risa, colgar, o clavarle el visto.
(*) Ricardo Pose es Periodista en Caras y Caretas, Presidente sector Prensa Escrita (APU). Columnista en Mate Amargo, CX 40 Radio Fénix, Radio Gráfica, Tierra de periodistas Rocha FM, Notero en Telesur y tvg China
(**) Jorge Fuentes es Ilustrador, caricaturista, pintor con acrílico y acuarelista. Ha colaborado con medios nacionales e internacionales
